Gobierno quiere el Senado para imponerse a prefectos
Estrategia. El MAS planea controlar la Cámara Alta, en no más de 10 meses, para enjuiciar a las autoridades departamentales que convocaron referéndums. Anuncian resistencia en cinco regiones
El Gobierno está tan convencido de que recibirá respaldo mayoritario para el proyecto de Constitución aprobado en Oruro, en el referéndum convocado por decreto para el 7 de diciembre, que el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera no teme revelar las estrategias para 2009. En un programa de la radio Patria Nueva, emitido ayer por la mañana, el mandatario aseguró que en un plazo de tres a diez meses el Movimiento Al Socialismo controlará el Senado y con ello se podrá enjuiciar a los prefectos que convocaron los referéndums sobre autonomía entre mayo y junio del presente año.
Para que este proyecto se concrete, el MAS deberá conseguir la aprobación de la CPE de Oruro, luego tener una nueva ley electoral (con el Congreso vigente y por mayoría absoluta) en 60 días y convocar una nueva elección general en un plazo no mayor a 120 días. También deberá ganar los comicios en cinco de los nueve departamentos para asegurar el control de la ‘Cámara de Representantes Departamentales’ de la ‘Asamblea Legislativa Plurinacional’. Además, tendrá cuatro representantes por departamento, de los cuales, uno debe ser indígena.
García Linera está convencido del triunfo, ve que el MAS avanza en la media luna y que ganó en 97 de las 112 provincias en el Revocatorio. Además, dio por cerrado el diálogo sobre el proyecto de CPE y llamó a los prefectos a acordar un ‘nuevo pacto fiscal’ sobre el IDH y las regalías y una ley de autonomías para que se aplique con la nueva constitución.
Consultado al respecto, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, rechazó las declaraciones de García Linera y aseguró que no podrá concretar su plan, porque el referéndum convocado por decreto no se realizará en Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca. Este evento electoral no se va a hacer en cinco departamentos. “Haremos lo que tengamos que hacer para impedirlo. Esto es una especulación”, añadió.
El presidente cívico beniano, Alberto Melgar, calificó de ‘globos de ensayo’ las declaraciones de García Linera. Prometió que si se enjuicia a los prefectos tendrá que meter preso a 300.000 benianos, ya que Ernesto Suárez no actuó solo.
Por su parte, el jefe de gabinete de Chuquisaca, Rodolfo Rivas, se preguntó a qué legalidad se refiere García Linera, cuando se convoca referéndum por decreto, vulnerando la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y se pretende llevar a las urnas una CPE aprobada en cuarteles. “Que tenga cuidado con las amenazas de juicios, porque los prefectos podrían hacer lo mismo. Este Gobierno es el que más pisotea la Constitución y comete actos ilegales”, dijo.
Se perfilan medidas fuertes en el Conalde
“En el Consejo Nacional Democrático vamos a analizar el ‘paquetazo’ del Gobierno. Y como eso fue una declaración de guerra, vamos a responder en esos términos”, dijo Rodolfo Rivas, jefe de Gabinete de la Prefectura de Chuquisaca, y el presidente cívico beniano, Alberto Melgar, no lo desmintió. El dirigente da por descontada la toma de instituciones en los cinco departamentos, pero esta vez, en lugar de sólo ocuparlas, se las pondrá en control de las cinco prefecturas, para garantizar la devolución del IDH.
Además, se prevé que Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija apuren las elecciones de sus asambleístas departamentales, subprefectos y corregidores para echar a andar de una vez los estatutos autonómicos. Otro de los puntos previstos es el fortalecimiento de las medidas de presión, sobre todo en Santa Cruz y el Chaco. Para ello, Pando y Beni enviarán grupos de personas para apoyar a cruceños. La reunión se confirmó para mañana, a las 18:00, pero anoche ya comenzaron a radicalizarse las medidas, con un bloqueo en la carretera a Camiri en la tranca del kilómetro 13, mucho más cerca de Santa Cruz de la Sierra.
Albarracín pide dejar sin efecto el ‘decretazo’
El defensor del pueblo, Waldo Albarracín, instó al presidente, Evo Morales, a dejar sin efecto un decreto que convoca un referéndum múltiple para el 7 de diciembre, para que cese la violencia. Además, exigió entablar un diálogo con la oposición para evitar muertes en el país. El defensor condenó las agresiones de grupos violentos, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y simpatizantes del gobernante, que están en contra de los derechos humanos. Por esta razón hizo una vez más un llamado para negociar ‘por el bien del país’.
"¿Qué es más importante?, la violencia o profundizar el diálogo hasta antes del 7 de diciembre, para que no exista un saldo de 20 ó 30 muertos", advirtió Albarracín.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado a privilegiar el entendimiento antes que la violencia y evitar que se incrementen los odios entre diferentes regiones del país.
Además, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se ofreció a facilitar la negociación. /ANF
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lunes, 1 de septiembre de 2008
sábado, 30 de agosto de 2008
Evo mató la democracia con un decretazo
Demostrando que la convocatoria de diálogo era simplemente un show para la prensa internacional, Evo Morales, presidente de Bolivia, se sacó la máscara de demócrata anunciando por decreto un multi referéndum para aprobar su constitución ilegal, elevando a su gobierno al nivel de dictadura.
Violación 1
La ley de Bolivia establece que no puede ser convocado más que un referendo nacional por año y teniendo en cuenta que en Agosto convocó el referendo revocatorio/ratificatorio, el nuevo referendo que somete a la consulta del pueblo el texto de la nueva constitución debería estar programado para el 2009.
Violación 2
La segunda violación de esta convocatoria es que un referendo para consultar nada menos que la futura contitución de Bolivia se da por decreto, cuando la actual constitución boliviana establece que una disposición de esta naturaleza debe provenir de una ley del Parlamento (así fue el revocatorio). Con el decretazo, Evo se salta el Congreso, evitando someter su proyecto a consenso con las demás fuerzas políticas. Y saltarse el Congreso equivale a prácticamente a cerrar el Congreso, y con esto se gradúa de dictador.
El decretazo fue rechazado por 5 de las nueve regiones bolivianas cuyos dirigentes anunciaron que impedirán la realización de la votación para no prestarse y ser cómplices de una ilegalidad. En Santa Cruz el rechazo ciudadano ya provocó enfrentamientos. El senador del MAS, Antonio Peredo demostrando su carácter "democrático" anunció que el nuevo referendo "se llevará adelante con o sin oposición".
Mal ejemplo
Una de las peores consecuencias del incumplimiento de la ley por parte de Evo es que deja en libertad a todos los sectores del país para que sigan su ejemplo. Si el presidente de un país no cumple las normas establecidas, nadie lo hará.
EFE: El presidente Evo Morales ha desatado un nuevo "terremoto político" en Bolivia al convocar el referendo de la nueva Constitución mediante un decreto (o "decretazo", como ya se conoce en el país), que sus opositores han tachado de "golpe a la democracia" y de "llamada a la guerra civil". Ver nota
El Deber: “Si vale para algo este ‘decretazo’ es para que no quede duda hacia dónde va este gobierno con la imposición… Lo que de verdad se está poniendo en riesgo es la unidad del país”, manifestó Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz. Ver nota
Univisión: "Está demostrando su talante autoritario, buscando la eternización en el poder y legislando por decretos, tal como lo hicieron el dictador (Luis) García Meza y el (ex presidente) neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada", indicó Costas, según un boletín difundido por la prefectura de Santa Cruz. Ver notaNotas Relacionadas
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Corte Electoral de Santa Cruz no administrará referéndum por decretazo
Santa Cruz / Erbol.- La Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz advirtió ayer que no administrará el referéndum dirimidor y aprobatorio del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado ni la elección de subprefectos y consejeros departamentales, convocados este jueves por decreto supremo, mientras no se solucionen las irregularidades que existen en el Padrón Electoral.
Este criterio fue expresado por el vocal José Antonio Ayala, quien dijo que sólo en el departamento de Santa Cruz se identificó más de 150.000 casos de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral con carnets de identidad que no tienen respaldo de certificado de nacimiento.
Señaló que esta situación pone en duda la credibilidad y transparencia de todo proceso electoral que pueda organizarse, puesto que una de las fuentes del Registro Civil, que sirve de base documental para el padrón, está contaminada.
“El Padrón Electoral —dijo— ha sido contaminado, está con muchos problemas que deben ser solucionados, no es posible llevar a cabo ningún otro proceso, ésta es la posición institucional de la Corte Departamental”.
Ayala indicó que esta preocupación fue transmitida a la Corte Nacional Electoral en la reunión que se llevó a cabo ayer en la ciudad de La Paz con motivo de la presentación de los resultados oficiales del referéndum revocatorio de mandato popular.
Declaró que hay un criterio coincidente con las otras cortes departamentales electorales en sentido de que la Dirección de Identificaciones, dependiente de la Policía, no es del todo fiable.
Este criterio fue expresado por el vocal José Antonio Ayala, quien dijo que sólo en el departamento de Santa Cruz se identificó más de 150.000 casos de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral con carnets de identidad que no tienen respaldo de certificado de nacimiento.
Señaló que esta situación pone en duda la credibilidad y transparencia de todo proceso electoral que pueda organizarse, puesto que una de las fuentes del Registro Civil, que sirve de base documental para el padrón, está contaminada.
“El Padrón Electoral —dijo— ha sido contaminado, está con muchos problemas que deben ser solucionados, no es posible llevar a cabo ningún otro proceso, ésta es la posición institucional de la Corte Departamental”.
Ayala indicó que esta preocupación fue transmitida a la Corte Nacional Electoral en la reunión que se llevó a cabo ayer en la ciudad de La Paz con motivo de la presentación de los resultados oficiales del referéndum revocatorio de mandato popular.
Declaró que hay un criterio coincidente con las otras cortes departamentales electorales en sentido de que la Dirección de Identificaciones, dependiente de la Policía, no es del todo fiable.
Masistas desatan violencia en Santa Cruz
Bolivianos contra bolivianos por decretazo de Evo
Ante el anuncio del decretazo de Evo Morales, un grupo de ciudadanos se reunió en la explanada de la catedral cruceña, frente a la plaza prinicpal 24 de Septiembre, para demostrar pacíficamente su oposición. En abierta provocación a este encuentro, un grupo de unos 500 masistas acarreados por Lucio Vedia, dirigente de la Central Obrera Departamental intentó tomar la plaza cruceña. El choque de contrarios hizo inevitable el enfrentamiento. El grupo autonomista, integrado mayoritariamente por mujeres, impidió la llegada de los masistas. Fue una batalla de piedras palos e insultos.
En otros puntos del país también se registraron enfrentamientos.
Marcha del MAS terminó en agresiones en la plaza
En Santa Cruz y Villamontes se desata la violencia política
“Decretazo” desata violencia en regiones
Enfrentamiento entre opositores y leales a Morales deja varios heridos
“Decretazo" masista propaga intolerancia y rechazo
Ante el anuncio del decretazo de Evo Morales, un grupo de ciudadanos se reunió en la explanada de la catedral cruceña, frente a la plaza prinicpal 24 de Septiembre, para demostrar pacíficamente su oposición. En abierta provocación a este encuentro, un grupo de unos 500 masistas acarreados por Lucio Vedia, dirigente de la Central Obrera Departamental intentó tomar la plaza cruceña. El choque de contrarios hizo inevitable el enfrentamiento. El grupo autonomista, integrado mayoritariamente por mujeres, impidió la llegada de los masistas. Fue una batalla de piedras palos e insultos.
En otros puntos del país también se registraron enfrentamientos.
A menos de 24 horas del decretazo de Evo, en varias ciudades del país ya se registraron violentos enfrentamientos. Mientras, dirigentes regionales, cívicos y la oposición política rechazaron la medida que convoca a un referéndum múltiple para el 7 de diciembre próximo y anunciaron dura resistencia con desacato y desobediencia civil. Ver nota
Jorge Mercado / ConflictólogoNotas relacionadas
Estamos en una espiral que está empeorando y que puede generar un desborde de las bases de los líderes. Ya no se trata de un político contra otro político, sino de un ciudadano contra otro ciudadano. La gente sale a la calle en busca de enemigos y la cultura del conflicto se ha comenzado a generalizar en el país. Ver nota
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Tira la piedra y se va...
Evo viajero
Se le ha hecho costumbre al presidente Evo desaparecer cada vez que lanza disposiciones cuestionables, o como en este caso, ilegales. En cada pico de crisis, de las varias que ha tenido el país durante su gestión se las ingenia para inventarse un viaje al exterior. Siempre queda la impresión de que visitar a tal o cual dignatario extranjero es más importante que atender los conflictos que genera, muchos de los cuales violentos y saldados con muertos.
Esta vez se ha tomado unos días para visitar Libia e Irán con el objetivo de reunirse con sus presidentes parapedirles dinero tratar acuerdos de cooperación mutua, estrechando relaciones que nada bueno traen a las relaciones diplomáticas de Bolivia con el resto del mundo. Dios los cría y ellos se juntan.
Como no podría ser de otra manera, viaja en un avión venezolano, el mismo Evo que pregona dignidad y soberanía y echa del país la cooperación estadounidense por imperialista. Será que no se da cuenta de su servilismo hacia el dictador venezolano? Más bien parece que no le importa en absoluto. Al poner su seguridad en manos del gobierno venezolano es Hugo Chávez el responsable de lo que le pueda pasar.
Durante su ausencia el país queda en manos de su vice, "un personaje inquietante" como fue calificado por un veedor internacional que estuvo en el pasado referendo revocatorio del 10 de agosto.
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Morales: "histórica" visita a Libia
Se le ha hecho costumbre al presidente Evo desaparecer cada vez que lanza disposiciones cuestionables, o como en este caso, ilegales. En cada pico de crisis, de las varias que ha tenido el país durante su gestión se las ingenia para inventarse un viaje al exterior. Siempre queda la impresión de que visitar a tal o cual dignatario extranjero es más importante que atender los conflictos que genera, muchos de los cuales violentos y saldados con muertos.
Esta vez se ha tomado unos días para visitar Libia e Irán con el objetivo de reunirse con sus presidentes para
Como no podría ser de otra manera, viaja en un avión venezolano, el mismo Evo que pregona dignidad y soberanía y echa del país la cooperación estadounidense por imperialista. Será que no se da cuenta de su servilismo hacia el dictador venezolano? Más bien parece que no le importa en absoluto. Al poner su seguridad en manos del gobierno venezolano es Hugo Chávez el responsable de lo que le pueda pasar.
Durante su ausencia el país queda en manos de su vice, "un personaje inquietante" como fue calificado por un veedor internacional que estuvo en el pasado referendo revocatorio del 10 de agosto.
En palabras de Anasagasti, Linera es "un personaje inquietante, culto y dogmático, blanco y extremista", según pudo extraer de la reunión mantenida durante su estancia en el país. Ver notaCabe preguntase, al enfrentar el país su momento más crítico, cómo afrontará Alvaro García los posibles conflictos que se susciten?
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Magistrados califican de dictador al Presidente por emitir decreto
“Vemos que la ley está al servicio del gobernante y no el gobernante al servicio de la ley, eso se llama dictadura”, afirmó ayer el presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia, José Armando Urioste.
El magistrado se pronunció de esta manera contra el Decreto Supremo 29691, mediante el cual se convoca un referéndum múltiple para poner a consideración el proyecto de Constitución y la elección de prefectos en La Paz y Cochabamba, y subprefectos y consejeros en todo el país.
Criticó la conducta del presidente Evo Morales, que debería ser el principal cumplidor de la ley y el más claro servidor porque estamos en un Estado de derecho.
Recordó que el Presidente está gobernando desde hace bastante tiempo con decretos y que el DS 29691 se convirtió en un ‘golpe de Estado’ contra la seguridad jurídica, cuando la atribución de convocar un referéndum es exclusiva del Poder Legislativo, por lo cual el Gobierno incurrió en usurpación de funciones. /ANF
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Convocatoria a referéndum por vía del decreto es ilegal
El magistrado se pronunció de esta manera contra el Decreto Supremo 29691, mediante el cual se convoca un referéndum múltiple para poner a consideración el proyecto de Constitución y la elección de prefectos en La Paz y Cochabamba, y subprefectos y consejeros en todo el país.
Criticó la conducta del presidente Evo Morales, que debería ser el principal cumplidor de la ley y el más claro servidor porque estamos en un Estado de derecho.
Recordó que el Presidente está gobernando desde hace bastante tiempo con decretos y que el DS 29691 se convirtió en un ‘golpe de Estado’ contra la seguridad jurídica, cuando la atribución de convocar un referéndum es exclusiva del Poder Legislativo, por lo cual el Gobierno incurrió en usurpación de funciones. /ANF
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Constitucionalistas cuestion decretazo
Cuatro abogados constitucionalistas consultados por La Prensa observaron que la convocatoria a referéndum dirimitorio y a las elecciones de subprefectos y consejeros departamentales, lanzada el jueves por Gobierno mediante decreto supremo, no cuenta con suficiente fundamento legal.
El Poder Ejecutivo, con el Decreto 29691, convocó a la consulta ciudadana para la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) y dirimente para definir la extensión del latifundio, y a las elecciones de prefectos en La Paz y Cochabamba y de subprefectos y consejeros departamentales para el 7 de diciembre.
La emisión de estas normas surgen por el pedido de los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) formulado en dos encuentros, el primero en la ciudad de Cochabamba el sábado 23 de agosto y el segundo en la zona de Huajchilla, al sur de la ciudad de La Paz, el jueves.
El abogado constitucionalista y ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón cuestionó la Ley 3836 de Referéndum Dirimidor y de Aprobación de la Nueva Constitución y la Ley 3837, en las que el Gobierno sustenta su convocatoria.
La segunda, aprobada el 29 de febrero de 2008 y que está en vigencia, modifica el artículo 4 de la Ley 3728 para que el Congreso Nacional convoque a referéndum dirimente con el voto de dos tercios de los parlamentarios.
El Poder Ejecutivo, sin embargo, emitió el Decreto 29691.
Para Alarcón, la Ley 3836 “ya caducó” porque esa convocatoria era para el 4 de mayo, “lo que legalmente correspondía era una nueva convocatoria”.
Con esa norma, el Parlamento había programado el referéndum constitucional y dirimidor para el domingo 4 de mayo, pero la Corte Nacional Electoral (CNE) rechazó la convocatoria porque entre una y otra fecha había menos de los 90 días necesarios para organizar esos comicios.
Con respecto a la elección de subprefectos y consejeros departamentales, Alarcón dijo que “no están previstos ni en el Código Electoral ni en la Ley de Descentralización y para darle el marco legal se tiene que hacer modificaciones en las dos normas”.
En tanto, para el abogado constitucionalista Íver Pereira, la convocatoria a consulta para el dirimitorio y el constituyente gozan del respaldo del poder constituido, empero, cuestiona la norma referida a la elección de representantes departamentales.
Según Pereira, los subprefectos, en el nuevo texto constitucional, desaparecen y, sin embargo, con el decreto aparecen nuevamente como figura jurídica.
Dijo además que es facultad privativa de los prefectos nombrar a los representantes provinciales, y con el decreto se contradice la Ley de Descentralización Administrativa, que “no reconoce consejeros suplentes, lo que sí ocurre en la convocatoria”. El jurista explica que se transgredieron los artículos 10 al 14 inclusive, relativos a los consejeros departamentales.
También se infringe la actual Constitución Política del Estado, en el artículo 109 parágrafo II, que instruye que las primeras autoridades departamentales tienen bajo su dependencia a los subprefectos. Uno de los problemas que identifica Pereira es la falta de un Tribunal Constitucional que proporcione certidumbre de varias normas.
“Estamos viendo que el poder está sometiendo muchas de las cosas a los movimientos sociales, hay decretos que se promueven y que posteriormente los movimientos sociales emplazan al Poder Legislativo a elevarlos a ley, lo que hace que se transgreda toda normativa”.
Las convocatorias a referéndum constitucional y dirimitorio, según la Ley del Referéndum, deben ser enviadas al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta.
El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wáyar, observó la fijación de la fecha para los referendos dirimitorio y aprobatorio, porque la Ley 3837 señala que el “Congreso convocará mediante ley de la República aprobado por dos tercios de votos a estas consultas”. En ninguna parte de esa norma se menciona que el Poder Ejecutivo puede hacerlo.
“Éste es un proceso constituyente, entonces no puede (el Gobierno) convocar ni poner fecha, además de que el artículo primero ha sido inaplicado por la Corte Nacional Electoral porque ha entendido que esta ley es inconstitucional”.
“El órgano electoral determinó suspender el 7 de marzo toda medida de organización y de ejecución de las consultas y ha requerido de la Cámara congresal la sanción de una ley de convocatoria de referéndum”.
En el mismo camino, el constitucionalista Benjamín Miguel aseguró que la convocatoria a referéndum debe emanar del Parlamento y no de un decreto como hizo el presidente Evo Morales el jueves.
Dijo que el Poder Ejecutivo está usurpando funciones del Congreso Nacional. “El artículo 31 de la Constitución se refiere a que son nulos los actos de quienes usurpen funciones”.
En contraposición, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anunció que esto es parte de una profundización de la democracia. Aduce que en el caso de subprefectos y consejeros tomaron como base legal la decisión asumida por el Tribunal Constitucional para la elección de prefectos, que tampoco figura en la Constitución.
La gestión de subprefectos es de un año
Los subprefectos y consejeros departamentales de las nueve regiones del país que serán elegidos el 7 de diciembre tendrán un año de mandato, es decir, hasta el fin de la gestión de los actuales prefectos.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) René Martínez dijo que la elección de los consejeros y subprefectos será sólo por el tiempo que falta del mandato de los prefectos, que fueron elegidos en diciembre de 2005 y cuya gestión terminará en diciembre del próximo año.
De acuerdo con la Ley 3090, interpretativa del artículo 109 de la Constitución Política del Estado, la elección de prefectos debe ser coincidente con las elecciones municipales, lo que implica que en diciembre del próximo año los bolivianos volverán a ir a las urnas para elegir autoridades departamentales y locales. También para aprobar o desaprobar la Constitución.
Los fundamentos del Gobierno
El Poder Ejecutivo sustenta su Decreto Supremo 29691 en dos leyes:
la 3837 y la 3836.
Ley 3836 del 29 de febrero de 2008.
Artículo 1. “Se vonvoca a referéndum nacional constituyente a realizarse el 4 de mayo de 2008, para dirimir, por mayoría de votos, el artículo 398 de la nueva Constitución Política del Estado, que no alcanzó la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea Constituyente en la fase de detalle, así como para refrendar el texto íntegro de la nueva Constitución Política, presentado ante el Congreso por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007”.
Ley 3837 del 29 de febrero de 2008.
Artículo 6. El Congreso Nacional, en uso de facultades constitucionales, podrá convocar paralelamente al Referéndum Dirimidor y al Referéndum de Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, sus resultados serán vinculantes. El resultado del Referéndum Dirimidor será incorporado inmediatamente al texto de la nueva Constitución, siempre y cuando la nueva Constitución haya sido aprobada en el referéndum por mayoría de votos respetando la decisión del pueblo soberano.
El Poder Ejecutivo, en el caso de los subprefectos y consejeros, tomó como base legal la decisión asumida por el Tribunal Constitucional para la elección de prefectos, que tampoco figura en la Constitución.
Las observaciones a la norma
La Ley 3837 en el artículo primero señala:
Artículo primero. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 3728 con el siguiente texto: “Artículo Cuarto. El Congreso de la República convocará, mediante Ley de la República, aprobada por dos tercios de los miembros presentes, a referéndum dirimidor con carácter vinculante en un plazo no mayor a 60 días, computables a partir de la publicación de la norma para que mediante sufragio universal el pueblo boliviano dirima los artículos en controversia por mayoría absoluta de votos”.
El Congreso de la República deberá formular las preguntas basado en los informes y textos redactados de los artículos de mayoria y minoria aprobados por la Asamblea Constituyente.
Las preguntas deberán ser formuladas con claridad y precisión, abarcando todos los artículos y temas objeto de la consulta y las concordancias necesarias con el texto completo de la nueva Constitución.
El Congreso de la República no podrá modificar el texto de los artículos sometidos a consulta ni las concordancias entre unos y otros.
El Poder Ejecutivo, con el Decreto 29691, convocó a la consulta ciudadana para la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) y dirimente para definir la extensión del latifundio, y a las elecciones de prefectos en La Paz y Cochabamba y de subprefectos y consejeros departamentales para el 7 de diciembre.
La emisión de estas normas surgen por el pedido de los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) formulado en dos encuentros, el primero en la ciudad de Cochabamba el sábado 23 de agosto y el segundo en la zona de Huajchilla, al sur de la ciudad de La Paz, el jueves.
El abogado constitucionalista y ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón cuestionó la Ley 3836 de Referéndum Dirimidor y de Aprobación de la Nueva Constitución y la Ley 3837, en las que el Gobierno sustenta su convocatoria.
La segunda, aprobada el 29 de febrero de 2008 y que está en vigencia, modifica el artículo 4 de la Ley 3728 para que el Congreso Nacional convoque a referéndum dirimente con el voto de dos tercios de los parlamentarios.
El Poder Ejecutivo, sin embargo, emitió el Decreto 29691.
Para Alarcón, la Ley 3836 “ya caducó” porque esa convocatoria era para el 4 de mayo, “lo que legalmente correspondía era una nueva convocatoria”.
Con esa norma, el Parlamento había programado el referéndum constitucional y dirimidor para el domingo 4 de mayo, pero la Corte Nacional Electoral (CNE) rechazó la convocatoria porque entre una y otra fecha había menos de los 90 días necesarios para organizar esos comicios.
Con respecto a la elección de subprefectos y consejeros departamentales, Alarcón dijo que “no están previstos ni en el Código Electoral ni en la Ley de Descentralización y para darle el marco legal se tiene que hacer modificaciones en las dos normas”.
En tanto, para el abogado constitucionalista Íver Pereira, la convocatoria a consulta para el dirimitorio y el constituyente gozan del respaldo del poder constituido, empero, cuestiona la norma referida a la elección de representantes departamentales.
Según Pereira, los subprefectos, en el nuevo texto constitucional, desaparecen y, sin embargo, con el decreto aparecen nuevamente como figura jurídica.
Dijo además que es facultad privativa de los prefectos nombrar a los representantes provinciales, y con el decreto se contradice la Ley de Descentralización Administrativa, que “no reconoce consejeros suplentes, lo que sí ocurre en la convocatoria”. El jurista explica que se transgredieron los artículos 10 al 14 inclusive, relativos a los consejeros departamentales.
También se infringe la actual Constitución Política del Estado, en el artículo 109 parágrafo II, que instruye que las primeras autoridades departamentales tienen bajo su dependencia a los subprefectos. Uno de los problemas que identifica Pereira es la falta de un Tribunal Constitucional que proporcione certidumbre de varias normas.
“Estamos viendo que el poder está sometiendo muchas de las cosas a los movimientos sociales, hay decretos que se promueven y que posteriormente los movimientos sociales emplazan al Poder Legislativo a elevarlos a ley, lo que hace que se transgreda toda normativa”.
Las convocatorias a referéndum constitucional y dirimitorio, según la Ley del Referéndum, deben ser enviadas al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta.
El presidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wáyar, observó la fijación de la fecha para los referendos dirimitorio y aprobatorio, porque la Ley 3837 señala que el “Congreso convocará mediante ley de la República aprobado por dos tercios de votos a estas consultas”. En ninguna parte de esa norma se menciona que el Poder Ejecutivo puede hacerlo.
“Éste es un proceso constituyente, entonces no puede (el Gobierno) convocar ni poner fecha, además de que el artículo primero ha sido inaplicado por la Corte Nacional Electoral porque ha entendido que esta ley es inconstitucional”.
“El órgano electoral determinó suspender el 7 de marzo toda medida de organización y de ejecución de las consultas y ha requerido de la Cámara congresal la sanción de una ley de convocatoria de referéndum”.
En el mismo camino, el constitucionalista Benjamín Miguel aseguró que la convocatoria a referéndum debe emanar del Parlamento y no de un decreto como hizo el presidente Evo Morales el jueves.
Dijo que el Poder Ejecutivo está usurpando funciones del Congreso Nacional. “El artículo 31 de la Constitución se refiere a que son nulos los actos de quienes usurpen funciones”.
En contraposición, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anunció que esto es parte de una profundización de la democracia. Aduce que en el caso de subprefectos y consejeros tomaron como base legal la decisión asumida por el Tribunal Constitucional para la elección de prefectos, que tampoco figura en la Constitución.
La gestión de subprefectos es de un año
Los subprefectos y consejeros departamentales de las nueve regiones del país que serán elegidos el 7 de diciembre tendrán un año de mandato, es decir, hasta el fin de la gestión de los actuales prefectos.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) René Martínez dijo que la elección de los consejeros y subprefectos será sólo por el tiempo que falta del mandato de los prefectos, que fueron elegidos en diciembre de 2005 y cuya gestión terminará en diciembre del próximo año.
De acuerdo con la Ley 3090, interpretativa del artículo 109 de la Constitución Política del Estado, la elección de prefectos debe ser coincidente con las elecciones municipales, lo que implica que en diciembre del próximo año los bolivianos volverán a ir a las urnas para elegir autoridades departamentales y locales. También para aprobar o desaprobar la Constitución.
Los fundamentos del Gobierno
El Poder Ejecutivo sustenta su Decreto Supremo 29691 en dos leyes:
la 3837 y la 3836.
Ley 3836 del 29 de febrero de 2008.
Artículo 1. “Se vonvoca a referéndum nacional constituyente a realizarse el 4 de mayo de 2008, para dirimir, por mayoría de votos, el artículo 398 de la nueva Constitución Política del Estado, que no alcanzó la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea Constituyente en la fase de detalle, así como para refrendar el texto íntegro de la nueva Constitución Política, presentado ante el Congreso por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007”.
Ley 3837 del 29 de febrero de 2008.
Artículo 6. El Congreso Nacional, en uso de facultades constitucionales, podrá convocar paralelamente al Referéndum Dirimidor y al Referéndum de Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, sus resultados serán vinculantes. El resultado del Referéndum Dirimidor será incorporado inmediatamente al texto de la nueva Constitución, siempre y cuando la nueva Constitución haya sido aprobada en el referéndum por mayoría de votos respetando la decisión del pueblo soberano.
El Poder Ejecutivo, en el caso de los subprefectos y consejeros, tomó como base legal la decisión asumida por el Tribunal Constitucional para la elección de prefectos, que tampoco figura en la Constitución.
Las observaciones a la norma
La Ley 3837 en el artículo primero señala:
Artículo primero. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 3728 con el siguiente texto: “Artículo Cuarto. El Congreso de la República convocará, mediante Ley de la República, aprobada por dos tercios de los miembros presentes, a referéndum dirimidor con carácter vinculante en un plazo no mayor a 60 días, computables a partir de la publicación de la norma para que mediante sufragio universal el pueblo boliviano dirima los artículos en controversia por mayoría absoluta de votos”.
El Congreso de la República deberá formular las preguntas basado en los informes y textos redactados de los artículos de mayoria y minoria aprobados por la Asamblea Constituyente.
Las preguntas deberán ser formuladas con claridad y precisión, abarcando todos los artículos y temas objeto de la consulta y las concordancias necesarias con el texto completo de la nueva Constitución.
El Congreso de la República no podrá modificar el texto de los artículos sometidos a consulta ni las concordancias entre unos y otros.
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