La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) iniciarán este martes, una serie de medidas de presión exigiendo al Gobierno la inmediata destitución del actual Superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa, por no haber puesto punto final al desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP).
Desde el pasado mes de octubre en la ciudad de El Alto los vecinos proceden a realizar largas filas en procura de comparar una garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) sin que hasta le fecha las autoridades llamadas por Ley resuelvan la falta de energéticos.
Las airadas protestas de los vecinos alteños derivaron en uan reacción inmediata de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) que a través de su presidente Ismael Herrera, advirtieron con asumir una serie de acciones de presión hasta lograr la destitución de Aruquipa.
"Hemos comprobado que en la planta engarrafadora de Senkata se produce la cantidad suficiente del energético, el problema es la falta de capacidad profesional de Aruquipa para mejorar los mecanismos de distribución y control del contrabando (...) por estos hechos vamos a pedir la inmediata destitución del Superintendente por su incapacidad para asumir acciones que garanticen el normal abastecimiento de GLP", dijo.
Con base en sus observaciones, Herrera dijo que Aruquipa dio "suficientes muestras de incapacidad para asegurar el aprovisionamiento de GLP a los vecinos de las ciudades de La Paz y El Alto", por lo que pedirán su destitución de la autoridad.
El dirigente sostuvo que la Superintendencia no ha ejecutado enérgicas acciones para combatir el contrabando, factor que en su criterio, incide directamente en el desabastecimiento.
Fuente
martes, 4 de noviembre de 2008
Escasez de combustibles se extiende en Bolivia
Varias regiones del país soportan en las últimas semanas un racionamiento de carburantes, sobre todo de diesel y gas doméstico, que las autoridades atribuyen a un estancamiento en la producción y un crecimiento de la demanda interna
Largas filas de gente en las calles con botellones vacíos de gas doméstico y colas de vehículos en las estaciones de aprovisionamiento de diesel son imágenes cotidianas en las principales ciudades del país, dos años y medio después de la nacionalización de los hidrocarburos.
Los racionamientos alentaron el surgimiento de revendedores callejeros a precios superiores a los establecidos. En Bolivia el precio de los carburantes está subvencionado.
El dirigente de los transportistas Franklin Durán criticó al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, de quien a pedido su renuncia. "En todo el país hay crisis por la falta de capacidad para conducir YPFB. El señor Ramírez debe renunciar'', declaró el lunes.
Ramírez reconoció el fin de semana que la escasez se debe a una falta de producción debido a que en los últimos años no se realizó suficientes inversiones.
Informes oficiales indican que la producción diaria de petróleo es de unos 47.000 barriles mientras que la demanda interna es de 50.000 barriles.
La producción de gas natural es de unos 41 millones de metros cúbicos diarios y el estancamiento de la producción ha impedido al gobierno cumplir compromisos con Argentina. La exportación a ese país alcanza a 1,9 millones de metros cúbicos diarios de los 7 millones acordados. Brasil es el otro mercado con compras diarias de 31 millones de metros cúbicos, mientras que poco más de seis millones se destinan al mercado interno.
Ramírez dijo que la instalación en los próximos seis meses de una nueva planta separadora de líquidos del gas natural cubrirá la demanda interna de gas doméstico, mientras que un aumento en la producción de diesel llevará más tiempo.
La producción de ese carburante no cubre la demanda interna por lo que el país debe importarlo de Argentina y Venezuela.
Empresarios agropecuarios del oriente anunciaron que la escasez de diesel provoca severos perjuicios en el inicio de la siembra agrícola.
Las inversiones petroleras en Bolivia comenzaron a caer desde 1998. En 2006 alcanzaron a 198 millones de dólares y en 2007 a 211 millones de dólares.
Según expertos, la nacionalización de los hidrocarburos que decretó Morales en mayo de 2006, desalentó las inversiones de las multinacionales petroleras que desde entonces pasaron a convertirse en operadoras de YPFB.
Sin embargo, el país incrementó sus ingresos de 559 millones de dólares en 2004 a 1.971 millones el año pasado, también por efecto del aumento en el precio del petróleo.
El cambio de reglas tributarias permitió al estado desde entonces percibir el 82% de la renta petrolera mientras el 18% se llevan las empresas.
Fuente
Largas filas de gente en las calles con botellones vacíos de gas doméstico y colas de vehículos en las estaciones de aprovisionamiento de diesel son imágenes cotidianas en las principales ciudades del país, dos años y medio después de la nacionalización de los hidrocarburos.
Los racionamientos alentaron el surgimiento de revendedores callejeros a precios superiores a los establecidos. En Bolivia el precio de los carburantes está subvencionado.
El dirigente de los transportistas Franklin Durán criticó al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, de quien a pedido su renuncia. "En todo el país hay crisis por la falta de capacidad para conducir YPFB. El señor Ramírez debe renunciar'', declaró el lunes.
Ramírez reconoció el fin de semana que la escasez se debe a una falta de producción debido a que en los últimos años no se realizó suficientes inversiones.
Informes oficiales indican que la producción diaria de petróleo es de unos 47.000 barriles mientras que la demanda interna es de 50.000 barriles.
La producción de gas natural es de unos 41 millones de metros cúbicos diarios y el estancamiento de la producción ha impedido al gobierno cumplir compromisos con Argentina. La exportación a ese país alcanza a 1,9 millones de metros cúbicos diarios de los 7 millones acordados. Brasil es el otro mercado con compras diarias de 31 millones de metros cúbicos, mientras que poco más de seis millones se destinan al mercado interno.
Ramírez dijo que la instalación en los próximos seis meses de una nueva planta separadora de líquidos del gas natural cubrirá la demanda interna de gas doméstico, mientras que un aumento en la producción de diesel llevará más tiempo.
La producción de ese carburante no cubre la demanda interna por lo que el país debe importarlo de Argentina y Venezuela.
Empresarios agropecuarios del oriente anunciaron que la escasez de diesel provoca severos perjuicios en el inicio de la siembra agrícola.
Las inversiones petroleras en Bolivia comenzaron a caer desde 1998. En 2006 alcanzaron a 198 millones de dólares y en 2007 a 211 millones de dólares.
Según expertos, la nacionalización de los hidrocarburos que decretó Morales en mayo de 2006, desalentó las inversiones de las multinacionales petroleras que desde entonces pasaron a convertirse en operadoras de YPFB.
Sin embargo, el país incrementó sus ingresos de 559 millones de dólares en 2004 a 1.971 millones el año pasado, también por efecto del aumento en el precio del petróleo.
El cambio de reglas tributarias permitió al estado desde entonces percibir el 82% de la renta petrolera mientras el 18% se llevan las empresas.
Fuente
viernes, 31 de octubre de 2008
"Aquí no hay escasez, hay abundancia"
"Aquí no hay escasez, hay abundancia"
Palabras del ministro de hidrocarburos al ser consultado sobre la aguda escasez de combustibles a que está sometida Santa Cruz por el gobierno de Evo Morales. Mientras, transportistas y amas de casa esperan en vano para comprar unos pocos litros de diesel o una garrafa de gas para cocinar...
Branko Marinkovic habla sobre la realidad del gobierno evista
Branko Marinkovic, cuenta la realidad de Bolivia en el mundo
Más detenciones en Pando ponen en alerta a la población
Una nueva serial de detenciones en Pando son cuestionadas, puesto que acusan al Gobierno nacional de intentar provocar a la población para que se levante y se amplíe el Estado de Sitio en la región. Familiares de los detenidos se mantienen en una total incertidumbre, esperan que el trato en el cuartel de Viacha no sea violento y respeten sus garantías constitucionales.
La detención de los funcionarios públicos durante estos últimos días, radica en una supuesta relación en la participación de la violencia desatada en la localidad de El Porvenir, además de haber alentado el Estado de Sitio.
Los últimos siete detenidos llegaron ayer desde Cobija hasta la ciudad de La Paz al promediar las 19:30, resguardados en medio de una fuerte custodia policial, quienes fueron trasladados inmediatamente hasta el cuartel de Viacha, donde actualmente los mantienen como confinados.
La mayoría son funcionarios del Gobierno Departamental de Pando, al respecto, el senador de la región, Paulo Bravo, manifestó su preocupación ante las intensas detenciones, resaltando que más allá de todo, no se puede detener a personas que fueron electas por el soberano, esto en relación a los alcaldes de Bolpebra y de El Porvenir.
Así mismo, agregó que más allá de ser consejeros departamentales o cuñados, excusó que las personas no tuvieron participación alguna, puesto que la actuación que están realizando, es para que la población se levante y que el Gobierno nacional mantenga el Estado de Sitio, con una posible ampliación.
"Estamos viviendo un estado de terror en el departamento, los confinados en el cuartel de Viacha son bien tratados (...) la mayoría son funcionarios administrativos que no participaron en El Porvenir", afirmó Bravo.
Así mismo, sostuvo que lo que están pidiendo es que se actúe conforme a la ley y que se paren las detenciones, puesto que lamentablemente hasta el momento, todos los que fueron detenidos el pasado mes de septiembre, hasta ahora no fueron enjuiciados.
De su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, cuestionó las detenciones y las calificó como persecución política, responsabilizando de manera directa al Gobierno nacional, "las detenciones no tienen nada que ver con lo sucedido el pasado 11 de septiembre", puntualizó
Sin embargo, el MAS, a la cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, aclara que las personas detenidas no respetaron el estado de excepción, además agregó que la paz y la tranquilidad estará garantizada.
EL DATO
REFERÉNDUM. El vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, afirma que como organismo electoral en Pando, se verán afectados, puesto que no se llevaría adelante el referéndum si es que no se suspende el Estado de Sitio. "La Corte Departamental de Pando tiene una posición de no llevar adelante el proceso de referéndum en la región".
DETENIDOS
Abel Janco, constituyente de Podemos. Sábado
Máximo Ayllón. Alcalde de Bolpebra. Martes
Homer Polanco. Alcalde de El Porvenir. Martes
Melitón Brito. Cuñado de Leopoldo Fernández. Martes
Marcelo Mejido. Cajero del Sepcam. Miércoles
Rosendo Domínguez. Encargado de Suministros del Sepcam.
Gerardo Aliaga. Administrador del Sepcam.
Germán Herrera. Aserradero de El Porvenir.
José Coelho. Cajero de la Prefectura.
NN Piño. Portero
Marcelo Ñoza. Comunario de El Porvenir.
Fuente
La detención de los funcionarios públicos durante estos últimos días, radica en una supuesta relación en la participación de la violencia desatada en la localidad de El Porvenir, además de haber alentado el Estado de Sitio.
Los últimos siete detenidos llegaron ayer desde Cobija hasta la ciudad de La Paz al promediar las 19:30, resguardados en medio de una fuerte custodia policial, quienes fueron trasladados inmediatamente hasta el cuartel de Viacha, donde actualmente los mantienen como confinados.
La mayoría son funcionarios del Gobierno Departamental de Pando, al respecto, el senador de la región, Paulo Bravo, manifestó su preocupación ante las intensas detenciones, resaltando que más allá de todo, no se puede detener a personas que fueron electas por el soberano, esto en relación a los alcaldes de Bolpebra y de El Porvenir.
Así mismo, agregó que más allá de ser consejeros departamentales o cuñados, excusó que las personas no tuvieron participación alguna, puesto que la actuación que están realizando, es para que la población se levante y que el Gobierno nacional mantenga el Estado de Sitio, con una posible ampliación.
"Estamos viviendo un estado de terror en el departamento, los confinados en el cuartel de Viacha son bien tratados (...) la mayoría son funcionarios administrativos que no participaron en El Porvenir", afirmó Bravo.
Así mismo, sostuvo que lo que están pidiendo es que se actúe conforme a la ley y que se paren las detenciones, puesto que lamentablemente hasta el momento, todos los que fueron detenidos el pasado mes de septiembre, hasta ahora no fueron enjuiciados.
De su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, cuestionó las detenciones y las calificó como persecución política, responsabilizando de manera directa al Gobierno nacional, "las detenciones no tienen nada que ver con lo sucedido el pasado 11 de septiembre", puntualizó
Sin embargo, el MAS, a la cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, aclara que las personas detenidas no respetaron el estado de excepción, además agregó que la paz y la tranquilidad estará garantizada.
EL DATO
REFERÉNDUM. El vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, afirma que como organismo electoral en Pando, se verán afectados, puesto que no se llevaría adelante el referéndum si es que no se suspende el Estado de Sitio. "La Corte Departamental de Pando tiene una posición de no llevar adelante el proceso de referéndum en la región".
DETENIDOS
Abel Janco, constituyente de Podemos. Sábado
Máximo Ayllón. Alcalde de Bolpebra. Martes
Homer Polanco. Alcalde de El Porvenir. Martes
Melitón Brito. Cuñado de Leopoldo Fernández. Martes
Marcelo Mejido. Cajero del Sepcam. Miércoles
Rosendo Domínguez. Encargado de Suministros del Sepcam.
Gerardo Aliaga. Administrador del Sepcam.
Germán Herrera. Aserradero de El Porvenir.
José Coelho. Cajero de la Prefectura.
NN Piño. Portero
Marcelo Ñoza. Comunario de El Porvenir.
Fuente
Hay seis nuevos detenidos; orden judicial no se acatará
Pando. El fiscal General de la República, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo que favorece a Leopoldo Fernández y dispone su traslado a Sucre. El Gobierno insiste en que la sentencia dictada en Sucre es ilegal
Por tercer día consecutivo, el Gobierno realizó detenciones en Pando a personas supuestamente implicadas en los hechos de violencia de septiembre. Ayer fueron seis los que se sumaron a los confinados del cuartel paceño de Viacha, entre ellos cuatro funcionarios de la Prefectura, un empleado de un aserradero en Porvenir y un presunto comunicador de esta misma población.
Desde el sábado hasta ayer se detuvieron 11 personas. Los detenidos de la pasada jornada son: Rosendo Domínguez, encargado de almacen en el Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Pando; Gerardo Aliaga Paredes, funcionario del Sepcam; José Herrera, un poblador de Porvenir que trabajaba en un aserradero; José Cohelo, el cajero de la Prefectura pandina; Horman Dino Soria, funcionario prefectural, y Marcelo Moza Duri, supuesto comunicador de Porvenir.
Mientras estos operativos militares continúan en la Perla del Acre y el jefe de Estado Mayor, José Prudencio, señala que en este departamento, al estar en estado de sitio, ‘cualquier cosa puede pasar’, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, ratificó ayer nuevamente que no cumplirá con la orden judicial de trasladar a Sucre al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro (La Paz).
“Este fallo ilegal que emitió la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema es de cumplimiento imposible, porque el fiscal General no tiene el cuaderno de investigaciones y lo hizo conocer el día de la audiencia; además, dijo que el proceso era ordinario y, en tercer lugar, solicitó apartarse del caso porque corresponde a la justicia ordinaria”, afirmó San Miguel.
Horas después de las afirmaciones del ministro, la máxima autoridad del Ministerio Público, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, que en días pasados aceptó el hábeas corpus presentado por los abogados de Fernández para que éste sea trasladado a la capital del país y lo procesen a través de un juicio de responsabilidades, aunque espera la respuesta de un pedido de complementación y enmienda que hizo al fallo.
“El tribunal de hábeas corpus es el que determinó aquéllo (reasumir las investigaciones del caso Pando) y obviamente que estas decisiones se deben cumplir por mandato legal”, sostuvo Uribe y negó que hubiera tratado de apartarse de las investigaciones en este proceso.
San Miguel anunció que él iniciará un juicio por prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes y tráfico de influencias en contra de los vocales chuquisaqueños Elena Lowental y Oswaldo Fong Roca, que de concretarse la amenaza del ministro serían tres los procesos en los que son acusados.
Ayer, el abogado de Fernández, Karlo Brito, señaló que las autoridades que no cumplan el mandato judicial pueden ser procesadas, pero no mencionó cuándo serán notificadas oficialmente. Desde Sucre se informó de que estos documentos fueron entregados ayer y que el plazo vence hoy.
San Miguel, recordó que en su ausencia el ministro interino de Defensa, Juan Ramón Quintana, y la ministra interina de Gobierno, Celima Torrico, tampoco fueron notificados y recordó que inexcusablemente la parte recurrida (en este caso los ministros) podía haber quedado ausente de la audiencia.
Por otro lado, el vicepresidente, Álvaro García Linera, pidió a los jueces de la Corte Suprema no interferir en las investigaciones que realiza la comisión especial multipartidaria respecto a este caso. “Aquí hay una creciente injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, precisó García Linera.
Acusó a ‘algunos jueces’ del máximo tribunal del país de buscar la manera de interferir en la investigación, y recordó que el fiscal General entregó el expediente y los cuadernos a la comisión congresal para indagar este caso.
Parlamentarios, como el senador Carlos Börth (Podemos), calificaron el hecho como una maraña política y señalaron que el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca debe ser cumplido.
Brasil recibió 34 pedidos de asilo
El Ministerio de Defensa confirmó ayer la existencia de 34 solicitudes de refugio político que ciudadanos pandinos presentaron al Gobierno del Brasil tras la declaratoria de estado de sitio en Pando, a raíz de los hechos violentos del 11 de septiembre en la población de Porvenir.
El titular de esa cartera de Estado, Walker San Miguel, que estuvo del 27 al 29 de octubre en Brasilia, informó de que las autoridades del país vecino le confirmaron estos pedidos de asilo político, que se encuentran en trámite inicial.
San Miguel considera que el Gobierno brasileño debe hacer una valoración adecuada de esas solicitudes, las mismas que serán respetadas por las autoridades bolivianas, que enviarán informes de lo que ocurrió en Pando.
“Daremos toda la documentación necesaria de lo que se está investigando, sobre todo de las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas”, manifestó el ministro.
Al menos 700 pandinos se encuentran en el municipio de Brasilea, donde huyeron luego de la vigencia del estado de sitio, el 12 de septiembre pasado. La cantidad de desplazados puede crecer, puesto que muchos nuevamente están cruzando la frontera por temor a ser detenidos.
Los confinados
12 de septiembre. Felipe Bigabriel Villarroel, José Antonio Salinas Bazán, Adhemar Herrera Guerra, Juan Gualberto Mejido Ruiz, Oswaldo Valdivia Abariega, Néstor da Silva Rivero, Hugo Apaza Sahonero, Jean Franco Égüez, Gabriel René Delgadillo Arias, Óscar Rubén Franco Tuno, Agapito Vira Cuéllar, William Muzuco Rodríguez, Felsín Fernández Medina y Dilson Achipa Cuéllar.
28 de octubre. Abel Janco, Homer Polanco, Máximo Ayllón y Melitón Brito.
29 de octubre. Juan Alberto Medijo Ruiz
30 de octubre. Rosendo Domínguez, Gerardo Aliaga Paredes, José Herrera Aguilera, José Cohelo, Marcelo Moza Duri y Horman Dino Soria.
Fuente
Por tercer día consecutivo, el Gobierno realizó detenciones en Pando a personas supuestamente implicadas en los hechos de violencia de septiembre. Ayer fueron seis los que se sumaron a los confinados del cuartel paceño de Viacha, entre ellos cuatro funcionarios de la Prefectura, un empleado de un aserradero en Porvenir y un presunto comunicador de esta misma población.
Desde el sábado hasta ayer se detuvieron 11 personas. Los detenidos de la pasada jornada son: Rosendo Domínguez, encargado de almacen en el Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Pando; Gerardo Aliaga Paredes, funcionario del Sepcam; José Herrera, un poblador de Porvenir que trabajaba en un aserradero; José Cohelo, el cajero de la Prefectura pandina; Horman Dino Soria, funcionario prefectural, y Marcelo Moza Duri, supuesto comunicador de Porvenir.
Mientras estos operativos militares continúan en la Perla del Acre y el jefe de Estado Mayor, José Prudencio, señala que en este departamento, al estar en estado de sitio, ‘cualquier cosa puede pasar’, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, ratificó ayer nuevamente que no cumplirá con la orden judicial de trasladar a Sucre al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro (La Paz).
“Este fallo ilegal que emitió la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema es de cumplimiento imposible, porque el fiscal General no tiene el cuaderno de investigaciones y lo hizo conocer el día de la audiencia; además, dijo que el proceso era ordinario y, en tercer lugar, solicitó apartarse del caso porque corresponde a la justicia ordinaria”, afirmó San Miguel.
Horas después de las afirmaciones del ministro, la máxima autoridad del Ministerio Público, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, que en días pasados aceptó el hábeas corpus presentado por los abogados de Fernández para que éste sea trasladado a la capital del país y lo procesen a través de un juicio de responsabilidades, aunque espera la respuesta de un pedido de complementación y enmienda que hizo al fallo.
“El tribunal de hábeas corpus es el que determinó aquéllo (reasumir las investigaciones del caso Pando) y obviamente que estas decisiones se deben cumplir por mandato legal”, sostuvo Uribe y negó que hubiera tratado de apartarse de las investigaciones en este proceso.
San Miguel anunció que él iniciará un juicio por prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes y tráfico de influencias en contra de los vocales chuquisaqueños Elena Lowental y Oswaldo Fong Roca, que de concretarse la amenaza del ministro serían tres los procesos en los que son acusados.
Ayer, el abogado de Fernández, Karlo Brito, señaló que las autoridades que no cumplan el mandato judicial pueden ser procesadas, pero no mencionó cuándo serán notificadas oficialmente. Desde Sucre se informó de que estos documentos fueron entregados ayer y que el plazo vence hoy.
San Miguel, recordó que en su ausencia el ministro interino de Defensa, Juan Ramón Quintana, y la ministra interina de Gobierno, Celima Torrico, tampoco fueron notificados y recordó que inexcusablemente la parte recurrida (en este caso los ministros) podía haber quedado ausente de la audiencia.
Por otro lado, el vicepresidente, Álvaro García Linera, pidió a los jueces de la Corte Suprema no interferir en las investigaciones que realiza la comisión especial multipartidaria respecto a este caso. “Aquí hay una creciente injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, precisó García Linera.
Acusó a ‘algunos jueces’ del máximo tribunal del país de buscar la manera de interferir en la investigación, y recordó que el fiscal General entregó el expediente y los cuadernos a la comisión congresal para indagar este caso.
Parlamentarios, como el senador Carlos Börth (Podemos), calificaron el hecho como una maraña política y señalaron que el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca debe ser cumplido.
Brasil recibió 34 pedidos de asilo
El Ministerio de Defensa confirmó ayer la existencia de 34 solicitudes de refugio político que ciudadanos pandinos presentaron al Gobierno del Brasil tras la declaratoria de estado de sitio en Pando, a raíz de los hechos violentos del 11 de septiembre en la población de Porvenir.
El titular de esa cartera de Estado, Walker San Miguel, que estuvo del 27 al 29 de octubre en Brasilia, informó de que las autoridades del país vecino le confirmaron estos pedidos de asilo político, que se encuentran en trámite inicial.
San Miguel considera que el Gobierno brasileño debe hacer una valoración adecuada de esas solicitudes, las mismas que serán respetadas por las autoridades bolivianas, que enviarán informes de lo que ocurrió en Pando.
“Daremos toda la documentación necesaria de lo que se está investigando, sobre todo de las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas”, manifestó el ministro.
Al menos 700 pandinos se encuentran en el municipio de Brasilea, donde huyeron luego de la vigencia del estado de sitio, el 12 de septiembre pasado. La cantidad de desplazados puede crecer, puesto que muchos nuevamente están cruzando la frontera por temor a ser detenidos.
Los confinados
12 de septiembre. Felipe Bigabriel Villarroel, José Antonio Salinas Bazán, Adhemar Herrera Guerra, Juan Gualberto Mejido Ruiz, Oswaldo Valdivia Abariega, Néstor da Silva Rivero, Hugo Apaza Sahonero, Jean Franco Égüez, Gabriel René Delgadillo Arias, Óscar Rubén Franco Tuno, Agapito Vira Cuéllar, William Muzuco Rodríguez, Felsín Fernández Medina y Dilson Achipa Cuéllar.
28 de octubre. Abel Janco, Homer Polanco, Máximo Ayllón y Melitón Brito.
29 de octubre. Juan Alberto Medijo Ruiz
30 de octubre. Rosendo Domínguez, Gerardo Aliaga Paredes, José Herrera Aguilera, José Cohelo, Marcelo Moza Duri y Horman Dino Soria.
Fuente
Las cortes hallan miles de votos que fueron irregulares
La CNE instruyó a las 9 cortes departamentales que realicen controles locales de sus padrones. En el caso de Beni y Pando, detectaron casos de ciudadanos que votaron en el revocatorio y que no aparecen en las listas del Registro Civil.
Un proceso regionalizado de revisión interna del padrón, instruido por la Corte Nacional Electoral (CNE), detectó hasta la fecha cerca de 10.000 votos irregulares en Pando, Beni y Tarija, según revelaron ayer autoridades de estos tres departamentos.
El proceso de control, que se constituye en un anticipo a la auditoría encargada a los organismos internacionales, como parte de los requisitos para realizar el referéndum constitucional del 25 de enero, aún se encuentra en medio camino, pero los primeros resultados confirman que hubo irregularidades en la votación del 10 de agosto, cuando se realizó el referéndum revocatorio de mandato para el Presidente, el Vicepresidente y los prefectos .
Sólo en Beni, se detectaron 7.000 casos irregulares, que incluyen a personas que votaron en ese proceso y que no aparecen en el Registro Civil, y otras que realizaron doble votación, según informó ayer a La Razón la vocal de la Corte Departamental Electoral (CDE) de esa región, Zulema Gutiérrez.
“Nosotros estamos haciendo una revisión interna (del padrón) y hemos recibido el apoyo de un funcionario de la Corte Nacional, con el que estamos realizando un trabajo coordinado de verificación de datos. hemos detectado más de 7.000 casos irregulares y continuamos con esta tarea”, aseveró la autoridad beniana.
El padrón departamental del Beni registra a 148.770 ciudadanos habilitados para votar, lo que significa que el 4,7% se encuentra observado. “En este caso son personas que no han sido encontradas en el Registro Civil, en una verificación que hacemos manualmente”, explicó Gutiérrez.
Además, dijo que hay casos de ciudadanos con problemas de errores de transcripción en sus datos y otros con doble carnet de identidad. “Por eso hemos solicitado a Identificaciones que nos proporcione datos de la carnetización gratuita que han realizado, para poder comparar con el padrón, pero no hemos recibido respuesta, pese a la solicitud”.
En el caso de Pando ocurre algo similar. El presidente de la CDE de ese departamento, Elías Valdez, dijo que se detectaron irregularidades en el 6% del padrón departamental, que llega a 34.000 ciudadanos inscritos.
“Nosotros hemos hecho el cruce de datos entre el Padrón Electoral y el Registro Civil, y hemos encontrado 2.000 casos con carnets duplicados y también personas que si bien están (inscritas) en el Padrón Electoral, no están en el Registro Civil”, señaló.
Anunció que esa información será entregada a la comisión internacional encargada de la auditoría a nivel nacional.
En Tarija, la Corte Departamental detectó 800 casos sospechosos que decidió analizar para determinar si son irregulares. “Estamos haciendo algunas verificaciones con estos casos de homónimos perfectos, homónimos casi perfectos y otros, por instructivas de la Corte Nacional...son cerca de 800 casos que tenemos, que se están revisando y verificando su documentación”, explicó el presidente de la CDE, Miguel Ángel Guzmán.
Al igual que en el caso de Beni y Pando, el vocal dijo que aún no recibieron la visita de la comisión internacional encargada de la auditoría. Tampoco llegaron los auditores a Oruro ni a Chuquisaca, según verificó La Razón.
La vicepresidenta de la Corte Departamental de Oruro, Tania Zamorano, informó que también realizan el trabajo de control del padrón, aunque a diferencia de las otras cortes, “hasta la fecha no se han detectado casos irregulares”. Calculó que su labor concluirá dentro de una semana.
En otras cortes departamentales también avanza el proceso de verificación previo a la auditoría internacional. En Santa Cruz existen denuncias sobre miles de presuntos votos irregulares emitidos durante el referéndum revocatorio de mandato, al igual que en La Paz, donde fue revocado de su cargo el ex prefecto José Luis Paredes.
ANTECEDENTES
Denuncia • El equipo jurídico de la Prefectura de La Paz denunció que pudo detectar 70.000 casos de inscripciones irregulares en el Padrón Electoral, entre ellas dobles inscripciones y homónimos perfectos repetidos varias veces.
OEA • La OEA detectó en el referéndum revocatorio irregularidades como la violación del voto secreto, la difusión de propaganda en recintos electorales y casos de ciudadanos que no sufragaron pese a cumplir requisitos.
Parlamento • La diputada Ninoska Lazarte (Podemos) hizo reiteradas denuncias sobre irregularidades que detectó en el sistema de carnetización. Incluso llegó a sacar un documento de identidad con otro nombre.
Recinto • Poco antes de que se realice el referéndum revocatorio de mandato, La Razón reveló que se entregaban cédulas de identidad en oficinas de campaña del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba.
Fuente
Un proceso regionalizado de revisión interna del padrón, instruido por la Corte Nacional Electoral (CNE), detectó hasta la fecha cerca de 10.000 votos irregulares en Pando, Beni y Tarija, según revelaron ayer autoridades de estos tres departamentos.
El proceso de control, que se constituye en un anticipo a la auditoría encargada a los organismos internacionales, como parte de los requisitos para realizar el referéndum constitucional del 25 de enero, aún se encuentra en medio camino, pero los primeros resultados confirman que hubo irregularidades en la votación del 10 de agosto, cuando se realizó el referéndum revocatorio de mandato para el Presidente, el Vicepresidente y los prefectos .
Sólo en Beni, se detectaron 7.000 casos irregulares, que incluyen a personas que votaron en ese proceso y que no aparecen en el Registro Civil, y otras que realizaron doble votación, según informó ayer a La Razón la vocal de la Corte Departamental Electoral (CDE) de esa región, Zulema Gutiérrez.
“Nosotros estamos haciendo una revisión interna (del padrón) y hemos recibido el apoyo de un funcionario de la Corte Nacional, con el que estamos realizando un trabajo coordinado de verificación de datos. hemos detectado más de 7.000 casos irregulares y continuamos con esta tarea”, aseveró la autoridad beniana.
El padrón departamental del Beni registra a 148.770 ciudadanos habilitados para votar, lo que significa que el 4,7% se encuentra observado. “En este caso son personas que no han sido encontradas en el Registro Civil, en una verificación que hacemos manualmente”, explicó Gutiérrez.
Además, dijo que hay casos de ciudadanos con problemas de errores de transcripción en sus datos y otros con doble carnet de identidad. “Por eso hemos solicitado a Identificaciones que nos proporcione datos de la carnetización gratuita que han realizado, para poder comparar con el padrón, pero no hemos recibido respuesta, pese a la solicitud”.
En el caso de Pando ocurre algo similar. El presidente de la CDE de ese departamento, Elías Valdez, dijo que se detectaron irregularidades en el 6% del padrón departamental, que llega a 34.000 ciudadanos inscritos.
“Nosotros hemos hecho el cruce de datos entre el Padrón Electoral y el Registro Civil, y hemos encontrado 2.000 casos con carnets duplicados y también personas que si bien están (inscritas) en el Padrón Electoral, no están en el Registro Civil”, señaló.
Anunció que esa información será entregada a la comisión internacional encargada de la auditoría a nivel nacional.
En Tarija, la Corte Departamental detectó 800 casos sospechosos que decidió analizar para determinar si son irregulares. “Estamos haciendo algunas verificaciones con estos casos de homónimos perfectos, homónimos casi perfectos y otros, por instructivas de la Corte Nacional...son cerca de 800 casos que tenemos, que se están revisando y verificando su documentación”, explicó el presidente de la CDE, Miguel Ángel Guzmán.
Al igual que en el caso de Beni y Pando, el vocal dijo que aún no recibieron la visita de la comisión internacional encargada de la auditoría. Tampoco llegaron los auditores a Oruro ni a Chuquisaca, según verificó La Razón.
La vicepresidenta de la Corte Departamental de Oruro, Tania Zamorano, informó que también realizan el trabajo de control del padrón, aunque a diferencia de las otras cortes, “hasta la fecha no se han detectado casos irregulares”. Calculó que su labor concluirá dentro de una semana.
En otras cortes departamentales también avanza el proceso de verificación previo a la auditoría internacional. En Santa Cruz existen denuncias sobre miles de presuntos votos irregulares emitidos durante el referéndum revocatorio de mandato, al igual que en La Paz, donde fue revocado de su cargo el ex prefecto José Luis Paredes.
ANTECEDENTES
Denuncia • El equipo jurídico de la Prefectura de La Paz denunció que pudo detectar 70.000 casos de inscripciones irregulares en el Padrón Electoral, entre ellas dobles inscripciones y homónimos perfectos repetidos varias veces.
OEA • La OEA detectó en el referéndum revocatorio irregularidades como la violación del voto secreto, la difusión de propaganda en recintos electorales y casos de ciudadanos que no sufragaron pese a cumplir requisitos.
Parlamento • La diputada Ninoska Lazarte (Podemos) hizo reiteradas denuncias sobre irregularidades que detectó en el sistema de carnetización. Incluso llegó a sacar un documento de identidad con otro nombre.
Recinto • Poco antes de que se realice el referéndum revocatorio de mandato, La Razón reveló que se entregaban cédulas de identidad en oficinas de campaña del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba.
Fuente
Alan criticó de nuevo a Evo por injerencia
El presidente de Perú, Alan García, consideró ayer que las declaraciones del jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, manifestando su apoyo a los movimientos de izquierda de América Latina, suponen inmiscuirse en asuntos de otros países y “una falta de respeto a los pueblos".
‘Me parece que hay que diferenciar el que uno sea un dirigente político, y como dirigente político y ciudadano de América Latina, uno tiene derecho a apoyar a todos los amigos políticos que tenga; pero cuando uno es jefe de Estado, impone responsabilidades que impiden inmiscuirse o entrar en los temas internos", aseveró.
Morales, a su llegada a El Salvador, expresó su respaldo al ‘movimiento revolucionario’ de la región.
Fuente
‘Me parece que hay que diferenciar el que uno sea un dirigente político, y como dirigente político y ciudadano de América Latina, uno tiene derecho a apoyar a todos los amigos políticos que tenga; pero cuando uno es jefe de Estado, impone responsabilidades que impiden inmiscuirse o entrar en los temas internos", aseveró.
Morales, a su llegada a El Salvador, expresó su respaldo al ‘movimiento revolucionario’ de la región.
Fuente
Quintana es un Montesinos, dice Ruiz
El senador de Podemos Roberto Ruiz Bass Werner comparó ayer al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con Vladimiro Montesinos, lugarteniente del ex presidente del Perú Alberto Fujimori y acusado de manejar en su país una guardia de mercenarios para proteger actos de corrupción.
“El gran responsable de todo esto, en mi criterio, es el jefe de la pandilla bonapartista, el Vladimiro Montesinos de ese régimen, que es el capitán Quintana”, señaló Bass Werner, al comentar las que considera una cadena de irregularidades cometidas por el Gobierno en el caso de la violencia que se desató en Pando y que acabó con 15 muertos y el prefecto de esa región en la cárcel.
“No, acá no tenemos un Fujimori y, por lo tanto, no hay un Montesinos y tampoco hay Sendero Luminoso; entonces, es una situación totalmente diferente ”, respondió el jefe de bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas.
Montesinos y Quintana son ex capitanes dados de baja.
Fuente
“El gran responsable de todo esto, en mi criterio, es el jefe de la pandilla bonapartista, el Vladimiro Montesinos de ese régimen, que es el capitán Quintana”, señaló Bass Werner, al comentar las que considera una cadena de irregularidades cometidas por el Gobierno en el caso de la violencia que se desató en Pando y que acabó con 15 muertos y el prefecto de esa región en la cárcel.
“No, acá no tenemos un Fujimori y, por lo tanto, no hay un Montesinos y tampoco hay Sendero Luminoso; entonces, es una situación totalmente diferente ”, respondió el jefe de bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas.
Montesinos y Quintana son ex capitanes dados de baja.
Fuente
jueves, 30 de octubre de 2008
"Presidente, cumpla la ley"
El legalmente libre sigue ilegalmente encarcelado por el gobierno. La Corte Suprema de Justicia de Bolivia dictaminó la libertad de Leopoldo Fernández, pero el gobierno de Evo Morales se niega a obedecer la ley y lo mantiene preso, preso político.
Grupos de choque alentados por el MAS agreden a periodistas en La Paz
Ayer en horas de la tarde en la ciudad de La Paz periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron agredidos por un grupo de choque alentados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes de la agresión verbal pasó a la agresión física a los trabajadores de la prensa.
Cerca de las 13.15 horas aparecieron entre 25 a 30 personas que agredieron de forma verbal a los periodistas que se encontraban apostados en inmediaciones de la cárcel de San Pedro, esperando la salida de ese recinto al jefe de la misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investiga la matanza de Porvenir, señor Rodolfo Mattarollo.
Primero arremetieron en contra de una periodista de la Red Uno, después de esta cobarde agresión estas personas agredierion al periodista de la Red Erbol a quien lo patearon por detrás. No conforme con ello, el principal instigador de esta turba, quien se identificó como diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), amenazó al periodista de Erbol con buscarlo después.
“A vos te conozco, en cualquier momento te voy agarrar porque tú me estabas filmando”, le dijo el agresor, a lo que el periodista respondió “estás equivocado, yo soy periodista de radio, no de televisión”.
Quince minutos después, este mismo sujeto, se acercó al coronel de la Policía de apellido Hinojosa a quien le ordenó que alejara a los periodistas que se encontraban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro.
El policía, extrañamente, cumplió la orden y obligó a los periodistas a retirarse del lugar unos metros más allá para evitar, según él, mayores incidentes. Después de esto, esta turba, bajo la dirección de este presunto diputado masista, volvió a agredir a los trabajadores de la prensa, esta vez con mayor violencia. Entre los agredidos están periodistas de La Prensa, Laser 98 y camarógrafos de Católica Televisión, Unitel y ATB.
Es en ese momento que un sujeto, por instrucción del supuesto parlamentario, le arrebató al periodista de la Red Erbol su grabadora, indicándole que no iba a devolverle y después le pateó en la pierna.
Ante esta situación la Red Erbol emitió un comunicado a la conciencia pública, exigiendo al Gobierno del MAS identificar y pedir a esas dos personas, que son miembros de sus grupos de choque, devolver el instrumento de trabajo del periodista y garantizar las labores periodísticas de la Red Erbol en el marco de las normas constitucionales y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Fuente
Masistas y ponchos rojos agredieron a los periodistas
El agitador oficialista Adolfo Cerrudo incumplió la orden judicial de acercarse a los trabajadores de la prensa y volvió a golpear ayer a varios periodistas. La Federación sentará hoy la denuncia.
Una veintena de periodistas fueron golpeados brutalmente por una turba de movimientos sociales afines al gobernante MAS en inmediaciones de la cárcel de San Pedro y sustrajeron, además, la grabadora digital de uno de los reporteros de la red Erbol.
Los trabajadores de los medios de comunicación realizaban la cobertura en una de las esquinas del recinto penitenciario donde se encuentra detenido preventivamente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien debe ser trasladado a la ciudad de Sucre por orden de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
A las 13.00, la periodista de la red Uno, Melisa Ibarra, fue agredida por miembros del autodenominado Comité Cívico Popular. El periodista de radio Erbol, Jonatán Condori, salió en defensa de su colega y recibió una patada de los enardecidos manifestantes que se congregaron en el lugar para impedir la salida del ex prefecto pandino.
Los más perjudicados fueron Juan José Estrada, de Católica Televisión, y Javier Alanoca de la red ATB, quien recibió una paliza del conocido instigador, Adolfo Cerrudo, quien lo golpeó pese a tener un compromiso firmado ante las autoridades judiciales para no acercarse a ningún miembro de la prensa.
El principal instigador se identificó como parlamentario del MAS. ANF
Fuente
Cerca de las 13.15 horas aparecieron entre 25 a 30 personas que agredieron de forma verbal a los periodistas que se encontraban apostados en inmediaciones de la cárcel de San Pedro, esperando la salida de ese recinto al jefe de la misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investiga la matanza de Porvenir, señor Rodolfo Mattarollo.
Primero arremetieron en contra de una periodista de la Red Uno, después de esta cobarde agresión estas personas agredierion al periodista de la Red Erbol a quien lo patearon por detrás. No conforme con ello, el principal instigador de esta turba, quien se identificó como diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), amenazó al periodista de Erbol con buscarlo después.
“A vos te conozco, en cualquier momento te voy agarrar porque tú me estabas filmando”, le dijo el agresor, a lo que el periodista respondió “estás equivocado, yo soy periodista de radio, no de televisión”.
Quince minutos después, este mismo sujeto, se acercó al coronel de la Policía de apellido Hinojosa a quien le ordenó que alejara a los periodistas que se encontraban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro.
El policía, extrañamente, cumplió la orden y obligó a los periodistas a retirarse del lugar unos metros más allá para evitar, según él, mayores incidentes. Después de esto, esta turba, bajo la dirección de este presunto diputado masista, volvió a agredir a los trabajadores de la prensa, esta vez con mayor violencia. Entre los agredidos están periodistas de La Prensa, Laser 98 y camarógrafos de Católica Televisión, Unitel y ATB.
Es en ese momento que un sujeto, por instrucción del supuesto parlamentario, le arrebató al periodista de la Red Erbol su grabadora, indicándole que no iba a devolverle y después le pateó en la pierna.
Ante esta situación la Red Erbol emitió un comunicado a la conciencia pública, exigiendo al Gobierno del MAS identificar y pedir a esas dos personas, que son miembros de sus grupos de choque, devolver el instrumento de trabajo del periodista y garantizar las labores periodísticas de la Red Erbol en el marco de las normas constitucionales y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Fuente
Masistas y ponchos rojos agredieron a los periodistas
El agitador oficialista Adolfo Cerrudo incumplió la orden judicial de acercarse a los trabajadores de la prensa y volvió a golpear ayer a varios periodistas. La Federación sentará hoy la denuncia.
Una veintena de periodistas fueron golpeados brutalmente por una turba de movimientos sociales afines al gobernante MAS en inmediaciones de la cárcel de San Pedro y sustrajeron, además, la grabadora digital de uno de los reporteros de la red Erbol.
Los trabajadores de los medios de comunicación realizaban la cobertura en una de las esquinas del recinto penitenciario donde se encuentra detenido preventivamente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien debe ser trasladado a la ciudad de Sucre por orden de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
A las 13.00, la periodista de la red Uno, Melisa Ibarra, fue agredida por miembros del autodenominado Comité Cívico Popular. El periodista de radio Erbol, Jonatán Condori, salió en defensa de su colega y recibió una patada de los enardecidos manifestantes que se congregaron en el lugar para impedir la salida del ex prefecto pandino.
Los más perjudicados fueron Juan José Estrada, de Católica Televisión, y Javier Alanoca de la red ATB, quien recibió una paliza del conocido instigador, Adolfo Cerrudo, quien lo golpeó pese a tener un compromiso firmado ante las autoridades judiciales para no acercarse a ningún miembro de la prensa.
El principal instigador se identificó como parlamentario del MAS. ANF
Fuente
Golpean a periodistas y la Policía no hace nada
Una turba, entre la que estaba Adolfo Cerrudo, golpeó, insultó y amenazó a la prensa, además de robar y dañar instrumentos de trabajo. Los uniformados desalojaron a los reporteros.
Los grupos de choque afines al Gobierno impidieron ayer que un equipo de periodistas de radio, televisión y prensa cubra los detalles de un hecho noticioso. Para ello se valieron de patadas, manotazos e insultos, pero además arrebataron una grabadora de audio y arrancaron los cables de una unidad móvil.
El hecho, que se produjo frente al penal de San Pedro en La Paz, fue, de inicio, presenciado por un contingente de policías, que luego desalojó a los reporteros a pedido de los agitadores, según relataron los comunicadores.
El incidente tuvo un desarrollo de al menos tres horas, luego de que cerca al mediodía una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ingresó al reclusorio para entrevistarse con el prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández.
En ese sector de la urbe coincidieron los periodistas y una muchedumbre que demandaba la permanencia de Fernández en el penal. Cuando la red Uno se disponía a hacer una transmisión en vivo, la turba se acercó a la periodista Melisa Ibarra.
“La confundieron con otra presentadora de noticias y la gente fue a agredirla, la empujó y arrancó los cables”, relató el periodista de Láser 98, Gabriel Román. En tanto que Ibarra contó que “estaba en la esquina, y mientras esperaba la señal para salir en vivo, me empezaron a gritar. Eran Ponchos Rojos y miembros del llamado comité popular”.
Agregó que “incluso me quitaron el micrófono y desconectaron las cámaras”, y acto seguido recibió una patada debajo de la cintura, por la espalda.
Román junto con su colega de la red Erbol, Jonathan Condori, se acercaron a la turba y también fueron agredidos mientras socorrían a Ibarra y cubrían el hecho. Los insultaron y amenazaron, y a Condori incluso lo golpearon.
El periodista explicó que su grabadora digital le fue arrebatada y que uno de los agresores le dijo que no tenía “permiso de nadie para hacer las grabaciones”.
Román agregó que el instigador “se autoidentificó como parlamentario del MAS y dijo que tenía autoridad y mucho poder. Con una fuerza de persuasión tremenda hizo que los efectivos policiales nos desalojen por lo menos 20 metros lejos de la puerta lateral del penal de San Pedro”.
Adolfo Cerrudo, sobre quien pesa una acusación formal por amenazar de muerte a periodistas, reapareció en escena y agarró a golpes al reportero Javier Alanoca, de la red ATB. María Luisa Callejas, del diario La Prensa, también estuvo a punto de ser agredida porque tomó una foto.
Los sujetos además patearon a Juan José Estrada, de Católica Televisión, y, según un reporte de la Federación de la Prensa, la violencia también afectó a Martha Zegarrundo, de radio Libertad, e impidió que Bolivisión instale su unidad móvil para hacer envíos.
Román sostuvo que “la Policía nos pidió que nos retiráramos porque supuestamente estábamos provocando”. Estos episodios se produjeron en un periodo de al menos tres horas, al cabo del cual salió la misión de la Unasur. No obstante, nadie hizo declaraciones debido al grado de hostilidad. De hecho, los Ponchos Rojos marcaron el paso de los representantes extranjeros, hasta que subieron a sus coches.
La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia envió una carta al fiscal general, Mario Uribe, para que se dé cumplimiento a la instructiva de que los fiscales de distrito inicien investigaciones de oficio a los agresores, en este caso en La Paz. El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, pidió a los periodistas denunciar los hechos.
Los grupos de choque afines al Gobierno impidieron ayer que un equipo de periodistas de radio, televisión y prensa cubra los detalles de un hecho noticioso. Para ello se valieron de patadas, manotazos e insultos, pero además arrebataron una grabadora de audio y arrancaron los cables de una unidad móvil.
El hecho, que se produjo frente al penal de San Pedro en La Paz, fue, de inicio, presenciado por un contingente de policías, que luego desalojó a los reporteros a pedido de los agitadores, según relataron los comunicadores.
El incidente tuvo un desarrollo de al menos tres horas, luego de que cerca al mediodía una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ingresó al reclusorio para entrevistarse con el prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández.
En ese sector de la urbe coincidieron los periodistas y una muchedumbre que demandaba la permanencia de Fernández en el penal. Cuando la red Uno se disponía a hacer una transmisión en vivo, la turba se acercó a la periodista Melisa Ibarra.
“La confundieron con otra presentadora de noticias y la gente fue a agredirla, la empujó y arrancó los cables”, relató el periodista de Láser 98, Gabriel Román. En tanto que Ibarra contó que “estaba en la esquina, y mientras esperaba la señal para salir en vivo, me empezaron a gritar. Eran Ponchos Rojos y miembros del llamado comité popular”.
Agregó que “incluso me quitaron el micrófono y desconectaron las cámaras”, y acto seguido recibió una patada debajo de la cintura, por la espalda.
Román junto con su colega de la red Erbol, Jonathan Condori, se acercaron a la turba y también fueron agredidos mientras socorrían a Ibarra y cubrían el hecho. Los insultaron y amenazaron, y a Condori incluso lo golpearon.
El periodista explicó que su grabadora digital le fue arrebatada y que uno de los agresores le dijo que no tenía “permiso de nadie para hacer las grabaciones”.
Román agregó que el instigador “se autoidentificó como parlamentario del MAS y dijo que tenía autoridad y mucho poder. Con una fuerza de persuasión tremenda hizo que los efectivos policiales nos desalojen por lo menos 20 metros lejos de la puerta lateral del penal de San Pedro”.
Adolfo Cerrudo, sobre quien pesa una acusación formal por amenazar de muerte a periodistas, reapareció en escena y agarró a golpes al reportero Javier Alanoca, de la red ATB. María Luisa Callejas, del diario La Prensa, también estuvo a punto de ser agredida porque tomó una foto.
Los sujetos además patearon a Juan José Estrada, de Católica Televisión, y, según un reporte de la Federación de la Prensa, la violencia también afectó a Martha Zegarrundo, de radio Libertad, e impidió que Bolivisión instale su unidad móvil para hacer envíos.
Román sostuvo que “la Policía nos pidió que nos retiráramos porque supuestamente estábamos provocando”. Estos episodios se produjeron en un periodo de al menos tres horas, al cabo del cual salió la misión de la Unasur. No obstante, nadie hizo declaraciones debido al grado de hostilidad. De hecho, los Ponchos Rojos marcaron el paso de los representantes extranjeros, hasta que subieron a sus coches.
La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia envió una carta al fiscal general, Mario Uribe, para que se dé cumplimiento a la instructiva de que los fiscales de distrito inicien investigaciones de oficio a los agresores, en este caso en La Paz. El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, pidió a los periodistas denunciar los hechos.
“Exigimos al Gobierno del MAS identificar y pedir a esas dos personas devolver su instrumento de trabajo a nuestro compañero ”.
Red Erbol, en un pronunciamiento público.
Red Erbol, en un pronunciamiento público.
Activistas del MAS agraden a misión de Unasur y periodistas
Los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y los "ponchos rojos", que hacen vigilia en las puertas de la cárcel de San Pedro, agredieron violentamente ayer a 10 trabajadores de la prensa de diferentes medios que realizaban la cobertura del hecho.
La comisión de delegados internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitó al prefecto pandino Leopoldo Fernández tampoco se salvó de las agresiones. La turba que estaba concentrada en inmediaciones del recinto carcelario los abucheo.
Los miembros de la misión presididos por Rodolfo Mattarollo salieron de la cárcel y no formularon declaraciones a la prensa ante la presencia y reacción de los manifestantes que se encuentran en vigilia en el lugar.
El episodio de violencia contra los comunicadores comenzó el martes cuando la periodista de la red Unitel, Roxana Lizárraga, otro de ATB y un equipo de Bolivisión fueron agredidos por los activistas encabezados por Edgar Mora, líder del autodenominado Comité Cívico Popular.
Esa jornada fue rematada por el presidente Evo Morales, quien en su residencia increpó a un comunicador de La Razón obligándole a responder a una pregunta que la autoridad formuló como "periodista".
Ayer a las 13:15, la periodista de la Red Uno Melisa Ibarra, mientras se preparaba para realizar un despacho en directo al estudio central sobre la vigilia de los sectores sociales que se oponen al traslado del prefecto pandino Leopoldo Fernández a Sucre, fue confundida con una comunicadora de la Red Unitel. En ese momento ella y su camarógrafo fueron cercados por los activistas quienes los sacaron a empellones del lugar.
El cable que conectaba el micrófono con la cámara fue arrancado por los agresores y la periodista mientras reclamaba la devolución de la sirga fue insultada y pateada.
En esta agresión intentó mediar el periodista de la radio Árbol Jhonatan Condori. "Eso está mal, no lo hagan" exclamó el reportero, pero la respuesta fueron patadas en la espalda y las piernas. En el acto también apareció el comunicador, Gabriel Romano, de radio Laser del grupo Fides. Salió en defensa de sus colegas, pero también fue repelido a patadas.
Ibarra salió huyendo del lugar en el vehículo de su canal. Pasada una hora aproximadamente, la violencia retornó al lugar. Los periodistas que aguardaban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro, ubicada en la calle Cañada Strongest, para entrevistar a los delegados de la Unasur, que visitó al prefecto Leopoldo Fernández, sufrieron una segunda arremetida.
El mismo sujeto que agredió al vehículo de la red Uno mientras huía Melisa Ibarra acusó al reportero Jhonatan Condori de Erbol de filmarle: "por qué nos estás filmando, ya te conocemos, te voy a sacar a patadas" amenazó el hombre que llevaba una gorra de tela camuflada, quien se identificó como diputado del MAS y periodista alteño de nombre "Manuel".
El mismo personaje amenazó a los trabajadores de la prensa a retirarse "por las buenas o por las malas". Ante la resistencia de la periodista de este medio, María Luisa Callejas, éste le dijo "colla caprichosa". En la Cámara de Diputados negaron que este sujeto sea legislador.
Después, los activistas y "ponchos rojos" que protestaban contra Fernández volcaron la furia contra los periodistas: "que se vayan los periodistas", "prensa vendida, prensa mentirosa, fuera de aquí" vociferaron los manifestantes.
Una mujer de pollera que dijo pertenecer a los "ponchos rojos" hizo retroceder a los periodistas. Golpeó con el lazo en el antebrazo izquierdo de Claudia Campanini, periodista de la Red Uno. El nombre de la agresora es "Victoria" y según averiguó este medio vende papa en la calle Venancio Burgoa.
El instigador se acercó nuevamente a los periodistas y les espetó con estas palabras: "retírense de a buenas, porque los vamos a sacar, mi comandante ha dicho que la prensa tiene que estar a 20 metros de aquí", y un coronel de apellido Hinojosa, que resguardaba el lugar, le obedeció y ordenó sacar a empujones a los comunicadores hasta la plaza San Pedro.
Cerca de las 16:00, los periodistas de canales, radios y medios escritos todavía aguardaban la salida de los miembros de Unasur, y fue en ese instante cuando se volvió a arremeter contra la prensa, cuando el periodista de radio Lasser entrevistaba a su colega de Erbol por la agresión sufrida.
A Jhonatan Condori le sustrajeron su reportera digital. Minutos más tarde, el periodista de la red ATB, Javier Alanoca, fue golpeado por Adolfo Cerrudo, un activista del Comité Cívico Popular, sobre quien pesa una denuncia de intento de violación contra una periodista. De hecho existe una orden judicial para que no se acerque a los periodistas.
La prensa pide garantías
La Federación de Trabajadores de La Prensa de La Paz (Ftplp) anunció anoche que presentará una denuncia ante la Policía contra los "ponchos rojos" y los grupos de choque por agresiones y hurto del equipo digital.
Esa organización solicitó garantías al Gobierno para la seguridad física de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que sufren a diarios ataques de estos grupos afines al gobierno.
Según la organización de periodistas, ayer, al menos se registraron siete agresiones a trabajadores de la prensa por parte del denominado Movimiento Cívico Popular afín al MAS.
El Gobierno, por su parte, pidió a todos los periodistas que fueron insultados y golpeados en las inmediaciones de la cárcel presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, lamentó las bochornosas acciones de esos grupos.
Sobre la actuación de los efectivos policiales que permitieron que los reporteros sean golpeados, chicoteados e insultados, en el Comando General de la Policía negaron que obedezcan órdenes de civiles y el comandante departamental de La Paz, Raúl Mantilla, informó que el coronel Freddy Hinojosa del Distrito Policial 1 (DP1) tenía Órdenes precisas de resguardar la integridad de los informadores.
Fuente
La comisión de delegados internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitó al prefecto pandino Leopoldo Fernández tampoco se salvó de las agresiones. La turba que estaba concentrada en inmediaciones del recinto carcelario los abucheo.
Los miembros de la misión presididos por Rodolfo Mattarollo salieron de la cárcel y no formularon declaraciones a la prensa ante la presencia y reacción de los manifestantes que se encuentran en vigilia en el lugar.
El episodio de violencia contra los comunicadores comenzó el martes cuando la periodista de la red Unitel, Roxana Lizárraga, otro de ATB y un equipo de Bolivisión fueron agredidos por los activistas encabezados por Edgar Mora, líder del autodenominado Comité Cívico Popular.
Esa jornada fue rematada por el presidente Evo Morales, quien en su residencia increpó a un comunicador de La Razón obligándole a responder a una pregunta que la autoridad formuló como "periodista".
Ayer a las 13:15, la periodista de la Red Uno Melisa Ibarra, mientras se preparaba para realizar un despacho en directo al estudio central sobre la vigilia de los sectores sociales que se oponen al traslado del prefecto pandino Leopoldo Fernández a Sucre, fue confundida con una comunicadora de la Red Unitel. En ese momento ella y su camarógrafo fueron cercados por los activistas quienes los sacaron a empellones del lugar.
El cable que conectaba el micrófono con la cámara fue arrancado por los agresores y la periodista mientras reclamaba la devolución de la sirga fue insultada y pateada.
En esta agresión intentó mediar el periodista de la radio Árbol Jhonatan Condori. "Eso está mal, no lo hagan" exclamó el reportero, pero la respuesta fueron patadas en la espalda y las piernas. En el acto también apareció el comunicador, Gabriel Romano, de radio Laser del grupo Fides. Salió en defensa de sus colegas, pero también fue repelido a patadas.
Ibarra salió huyendo del lugar en el vehículo de su canal. Pasada una hora aproximadamente, la violencia retornó al lugar. Los periodistas que aguardaban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro, ubicada en la calle Cañada Strongest, para entrevistar a los delegados de la Unasur, que visitó al prefecto Leopoldo Fernández, sufrieron una segunda arremetida.
El mismo sujeto que agredió al vehículo de la red Uno mientras huía Melisa Ibarra acusó al reportero Jhonatan Condori de Erbol de filmarle: "por qué nos estás filmando, ya te conocemos, te voy a sacar a patadas" amenazó el hombre que llevaba una gorra de tela camuflada, quien se identificó como diputado del MAS y periodista alteño de nombre "Manuel".
El mismo personaje amenazó a los trabajadores de la prensa a retirarse "por las buenas o por las malas". Ante la resistencia de la periodista de este medio, María Luisa Callejas, éste le dijo "colla caprichosa". En la Cámara de Diputados negaron que este sujeto sea legislador.
Después, los activistas y "ponchos rojos" que protestaban contra Fernández volcaron la furia contra los periodistas: "que se vayan los periodistas", "prensa vendida, prensa mentirosa, fuera de aquí" vociferaron los manifestantes.
Una mujer de pollera que dijo pertenecer a los "ponchos rojos" hizo retroceder a los periodistas. Golpeó con el lazo en el antebrazo izquierdo de Claudia Campanini, periodista de la Red Uno. El nombre de la agresora es "Victoria" y según averiguó este medio vende papa en la calle Venancio Burgoa.
El instigador se acercó nuevamente a los periodistas y les espetó con estas palabras: "retírense de a buenas, porque los vamos a sacar, mi comandante ha dicho que la prensa tiene que estar a 20 metros de aquí", y un coronel de apellido Hinojosa, que resguardaba el lugar, le obedeció y ordenó sacar a empujones a los comunicadores hasta la plaza San Pedro.
Cerca de las 16:00, los periodistas de canales, radios y medios escritos todavía aguardaban la salida de los miembros de Unasur, y fue en ese instante cuando se volvió a arremeter contra la prensa, cuando el periodista de radio Lasser entrevistaba a su colega de Erbol por la agresión sufrida.
A Jhonatan Condori le sustrajeron su reportera digital. Minutos más tarde, el periodista de la red ATB, Javier Alanoca, fue golpeado por Adolfo Cerrudo, un activista del Comité Cívico Popular, sobre quien pesa una denuncia de intento de violación contra una periodista. De hecho existe una orden judicial para que no se acerque a los periodistas.
La prensa pide garantías
La Federación de Trabajadores de La Prensa de La Paz (Ftplp) anunció anoche que presentará una denuncia ante la Policía contra los "ponchos rojos" y los grupos de choque por agresiones y hurto del equipo digital.
Esa organización solicitó garantías al Gobierno para la seguridad física de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que sufren a diarios ataques de estos grupos afines al gobierno.
Según la organización de periodistas, ayer, al menos se registraron siete agresiones a trabajadores de la prensa por parte del denominado Movimiento Cívico Popular afín al MAS.
El Gobierno, por su parte, pidió a todos los periodistas que fueron insultados y golpeados en las inmediaciones de la cárcel presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, lamentó las bochornosas acciones de esos grupos.
Sobre la actuación de los efectivos policiales que permitieron que los reporteros sean golpeados, chicoteados e insultados, en el Comando General de la Policía negaron que obedezcan órdenes de civiles y el comandante departamental de La Paz, Raúl Mantilla, informó que el coronel Freddy Hinojosa del Distrito Policial 1 (DP1) tenía Órdenes precisas de resguardar la integridad de los informadores.
Fuente
Otro detenido en Pando y denuncian secuestros
Un funcionario de Caminos fue detenido ayer por militares. Los otros tres aprehendidos fueron trasladados a La Paz. Hay temor en Cobija.
Continúan las detenciones en Pando. Ayer Marcelo Mejía, un funcionario de Caminos y hermano de una ex constituyente de Podemos, fue aprehendido por militares y recluido en el distrito naval de Cobija para ser trasladado a La Paz.
Esta acción se suma a otro operativo realizado un día antes, donde fueron capturados los alcaldes de Porvenir, Homer Polanco; y de Bolpebra, Máximo Ayllón; además del cuñado del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y el pasado sábado un ex asambleísta de Podemos, Abel Janco, de quienes se desconoce su paradero y el Gobierno evita dar información al respecto.
“Hemos constatado con los familiares el secuestro de estas cinco personas, nadie nos dice nada ni los militares ni policías”, aseguró el abogado del prefecto de Pando, Aurelio Valenzuela.
El jurista informó que presentaron ayer una denuncia de secuestro ante la Felcc de Cobija para que se inicien las investigaciones, porque las detenciones, según testigos, fueron ejecutadas por personas de civil y sin presentar ninguna orden de aprehensión.
Valenzuela describió que en Cobija se vive un total hermetismo y que se habla de “listas negras” que circulan nuevamente para las detenciones.
El hermano del prefecto pandino, Lorenzo Fernández, mencionó que por información extraoficial conocen que su cuñado, Melitón Brito, está ya en La Paz. “Lo confundieron”, dice Fernández explicando que hace 15 días los militares dijeron haber encontrado químicos en la hacienda del cuñado del prefecto, pero que la hacienda era de un familiar por parte de su mujer.
El Gobierno ha guardado silencio y evita referirse a las detenciones.
Por su parte el Fiscal General, Mario Uribe, también negó conocer sobre las aprehensiones.
¿ilegal?
Seguirán las detenciones • El diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo que es parte de la estrategia para pacificar Pando. “No pueden matar ayer y pasearse después como si nada”, justificó.
El gobierno no respeta • El diputado del MNR, Mario Justiniano, protestó por los constantes atropellos a la ley por los ministros que no respetan el ordenamiento jurídico.
No hay protección • La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, sostuvo que es lamentable que no se respeten las garantías constitucionales, más aún en un gobierno indígena.
Fuente
Continúan las detenciones en Pando. Ayer Marcelo Mejía, un funcionario de Caminos y hermano de una ex constituyente de Podemos, fue aprehendido por militares y recluido en el distrito naval de Cobija para ser trasladado a La Paz.
Esta acción se suma a otro operativo realizado un día antes, donde fueron capturados los alcaldes de Porvenir, Homer Polanco; y de Bolpebra, Máximo Ayllón; además del cuñado del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y el pasado sábado un ex asambleísta de Podemos, Abel Janco, de quienes se desconoce su paradero y el Gobierno evita dar información al respecto.
“Hemos constatado con los familiares el secuestro de estas cinco personas, nadie nos dice nada ni los militares ni policías”, aseguró el abogado del prefecto de Pando, Aurelio Valenzuela.
El jurista informó que presentaron ayer una denuncia de secuestro ante la Felcc de Cobija para que se inicien las investigaciones, porque las detenciones, según testigos, fueron ejecutadas por personas de civil y sin presentar ninguna orden de aprehensión.
Valenzuela describió que en Cobija se vive un total hermetismo y que se habla de “listas negras” que circulan nuevamente para las detenciones.
El hermano del prefecto pandino, Lorenzo Fernández, mencionó que por información extraoficial conocen que su cuñado, Melitón Brito, está ya en La Paz. “Lo confundieron”, dice Fernández explicando que hace 15 días los militares dijeron haber encontrado químicos en la hacienda del cuñado del prefecto, pero que la hacienda era de un familiar por parte de su mujer.
El Gobierno ha guardado silencio y evita referirse a las detenciones.
Por su parte el Fiscal General, Mario Uribe, también negó conocer sobre las aprehensiones.
¿ilegal?
Seguirán las detenciones • El diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo que es parte de la estrategia para pacificar Pando. “No pueden matar ayer y pasearse después como si nada”, justificó.
El gobierno no respeta • El diputado del MNR, Mario Justiniano, protestó por los constantes atropellos a la ley por los ministros que no respetan el ordenamiento jurídico.
No hay protección • La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, sostuvo que es lamentable que no se respeten las garantías constitucionales, más aún en un gobierno indígena.
Fuente
Acusan al Gobierno por el accidente en Tarija
REACCIÓN • Un dirigente campesino culpó a la paralización de obras los últimos accidentes.
El dirigente de una de las federaciones de campesinos, Wálter Garnica, acusó a malos funcionarios del gobierno Nacional por la trágica muerte de 16 personas en la cuesta de Sama.
“Es una pena que por culpa de la irresponsabilidad de algunos funcionarios de Gobierno la región tenga que enlutarse de nuevo, precisó el dirigente de la paralela Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija.
Los tarijeños y en especial los líderes institucionales no nos podemos quedar callados por más tiempo y tenemos que asumir drásticas medidas de presión para que el gobierno de Evo Morales deje de hacer proselitismo y se dedique a gobernar, afirmó.
En criterio del dirigente de la Central Obrera Departamental, Wálter Mogro, el responsable de los accidentes de tránsito también es el gobierno.
“Si hay un responsable de los últimos accidentes fatales en la cuesta de Sama es el gobierno Nacional, porque si no se hubieran paralizado los trabajos hace más de un año ahora ya estaríamos transitando por el nuevo trazado de la falda de la Queñua, evitando que se produzcan siniestros que enlutan a deportistas y decenas de familias chapacas”, aseveró.
La COD planteará a los dirigentes cívicos tarijeños que se convoque a la brevedad posible a una asamblea de instituciones para tomar decisiones. ANF
Fuente
El dirigente de una de las federaciones de campesinos, Wálter Garnica, acusó a malos funcionarios del gobierno Nacional por la trágica muerte de 16 personas en la cuesta de Sama.
“Es una pena que por culpa de la irresponsabilidad de algunos funcionarios de Gobierno la región tenga que enlutarse de nuevo, precisó el dirigente de la paralela Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija.
Los tarijeños y en especial los líderes institucionales no nos podemos quedar callados por más tiempo y tenemos que asumir drásticas medidas de presión para que el gobierno de Evo Morales deje de hacer proselitismo y se dedique a gobernar, afirmó.
En criterio del dirigente de la Central Obrera Departamental, Wálter Mogro, el responsable de los accidentes de tránsito también es el gobierno.
“Si hay un responsable de los últimos accidentes fatales en la cuesta de Sama es el gobierno Nacional, porque si no se hubieran paralizado los trabajos hace más de un año ahora ya estaríamos transitando por el nuevo trazado de la falda de la Queñua, evitando que se produzcan siniestros que enlutan a deportistas y decenas de familias chapacas”, aseveró.
La COD planteará a los dirigentes cívicos tarijeños que se convoque a la brevedad posible a una asamblea de instituciones para tomar decisiones. ANF
Fuente
Yo votaré por el No
No es una decisión basada en afectos o desafectos políticos, ni menos por preferencia de uno u otro tipo. Es, simplemente, una decisión serena y objetiva que tiene por fundamento solamente la sana meditación.
En primer lugar, la Constitución actual no tiene nada de malo; al contrario, incluye a todos. No tiene necesidad de mencionar a indígenas, originarios o mestizos, porque todos los bolivianos, los nacidos en esta tierra o los que la han elegido para vivir, están cobijados por la Ley de leyes, sin ninguna distinción. Está reconocida la religión católica profesada por la mayoría de los ciudadanos, pero están permitidas todas las demás. Establece los mismos derechos y las mismas obligaciones y todos son declarados iguales ante la ley. Está en contra del latifundio y castiga el crimen y la corrupción. Efectivamente, las autonomías no están reconocidas, pero puede ser modificada bajo ciertas normas, por lo que se las puede incluir tal y como fueron consultadas a la población, para descentralizar el poder en lugar de concentrarlo, que es lo que ocurrirá si se aprueba el proyecto actual, que ya no es solamente del MAS, sino el concertado con gran parte de la oposición congresal, que lo aceptó un poco como diciendo: peor es nada.
Por otra parte, ni la actual Constitución, ni el proyecto que se llevará a consulta, pueden solucionar los graves problemas nacionales, que no son ocasionados por ningún texto de leyes, sino por la pobreza a la que se debe combatir utilizando los recursos que enseña la Economía. Por ello, sería mucho más beneficioso dedicarse alma, vida y corazón a este objetivo, en lugar de perder el tiempo en consultas de todo tipo sólo con fines políticos.
Si gana el SÍ, con gran porcentaje, lo que es posible por la ya anunciada campaña publicitaria que iniciará el Gobierno, don Evo se sentirá fortalecido creyendo tener el apoyo general porque el voto será resultante de la campaña, de la prebenda, de las marchas, de las movilizaciones sociales e inclusive de la desorientación, pero no de un razonamiento sereno y patriótico. Será un apoyo similar al otorgado en el famoso referéndum revocatorio, que le hizo creer al gobierno que el pueblo les otorgó "licencia para matar", cuando no fue ni será así.
Votaré por el NO, porque la actual Constitución es resultado de un período democrático importante, con todos sus errores y todas sus virtudes; porque es obra de los bolivianos, sin injerencias malsanas. El nuevo texto es la consecuencia de una fracasada Asamblea Constituyente, en la que no se redactó un solo artículo, en un trabajo estéril nada independiente de asambleístas que en su mayoría respondieron ciegamente a las instrucciones del Poder Ejecutivo y está manchado con la sangre de los muertos y heridos de la Calancha que defendieron la legalidad. Es el texto, aunque modificado ciertamente, que se aprobó indebidamente en Oruro. Por si fuera poco, los chuquisaqueños tenemos razones adicionales porque la Asamblea Constituyente tachó de un plumazo el tema de la capitalidad, el acuerdo político no lo tomó en cuenta y el Gobierno se olvidó de la Capital de la República, que fue la Cuna donde se inició la independencia de Bolivia y de Hispanoamérica.
Además, el proyecto es ilegal, porque nace de la ilegalidad. Se sabe que al final se impondrá, pero por lo menos que no sea aprobado con un porcentaje que le dé la apariencia que no refleja la realidad.
Finalmente, hay que reconocer que el acuerdo político fue mejor que la confrontación. Hay que reconocer también que ganó el diálogo, pero que todo se desvirtuó por la acción de los marchistas que al ejercer presión sobre el Congreso, dañaron la democracia porque atentaron contra la libertad. Así y todo, cualquier cosa es mejor que matarnos entre bolivianos, aún resignándonos a aceptar la ilegalidad. Sin embargo, no debemos legalizarla votando por el SÍ, a sabiendas de todo lo que ha ocurrido.
Por todas esas razones, yo votaré por el NO.
Por: Gastón Solares Ávila
Fuente
En primer lugar, la Constitución actual no tiene nada de malo; al contrario, incluye a todos. No tiene necesidad de mencionar a indígenas, originarios o mestizos, porque todos los bolivianos, los nacidos en esta tierra o los que la han elegido para vivir, están cobijados por la Ley de leyes, sin ninguna distinción. Está reconocida la religión católica profesada por la mayoría de los ciudadanos, pero están permitidas todas las demás. Establece los mismos derechos y las mismas obligaciones y todos son declarados iguales ante la ley. Está en contra del latifundio y castiga el crimen y la corrupción. Efectivamente, las autonomías no están reconocidas, pero puede ser modificada bajo ciertas normas, por lo que se las puede incluir tal y como fueron consultadas a la población, para descentralizar el poder en lugar de concentrarlo, que es lo que ocurrirá si se aprueba el proyecto actual, que ya no es solamente del MAS, sino el concertado con gran parte de la oposición congresal, que lo aceptó un poco como diciendo: peor es nada.
Por otra parte, ni la actual Constitución, ni el proyecto que se llevará a consulta, pueden solucionar los graves problemas nacionales, que no son ocasionados por ningún texto de leyes, sino por la pobreza a la que se debe combatir utilizando los recursos que enseña la Economía. Por ello, sería mucho más beneficioso dedicarse alma, vida y corazón a este objetivo, en lugar de perder el tiempo en consultas de todo tipo sólo con fines políticos.
Si gana el SÍ, con gran porcentaje, lo que es posible por la ya anunciada campaña publicitaria que iniciará el Gobierno, don Evo se sentirá fortalecido creyendo tener el apoyo general porque el voto será resultante de la campaña, de la prebenda, de las marchas, de las movilizaciones sociales e inclusive de la desorientación, pero no de un razonamiento sereno y patriótico. Será un apoyo similar al otorgado en el famoso referéndum revocatorio, que le hizo creer al gobierno que el pueblo les otorgó "licencia para matar", cuando no fue ni será así.
Votaré por el NO, porque la actual Constitución es resultado de un período democrático importante, con todos sus errores y todas sus virtudes; porque es obra de los bolivianos, sin injerencias malsanas. El nuevo texto es la consecuencia de una fracasada Asamblea Constituyente, en la que no se redactó un solo artículo, en un trabajo estéril nada independiente de asambleístas que en su mayoría respondieron ciegamente a las instrucciones del Poder Ejecutivo y está manchado con la sangre de los muertos y heridos de la Calancha que defendieron la legalidad. Es el texto, aunque modificado ciertamente, que se aprobó indebidamente en Oruro. Por si fuera poco, los chuquisaqueños tenemos razones adicionales porque la Asamblea Constituyente tachó de un plumazo el tema de la capitalidad, el acuerdo político no lo tomó en cuenta y el Gobierno se olvidó de la Capital de la República, que fue la Cuna donde se inició la independencia de Bolivia y de Hispanoamérica.
Además, el proyecto es ilegal, porque nace de la ilegalidad. Se sabe que al final se impondrá, pero por lo menos que no sea aprobado con un porcentaje que le dé la apariencia que no refleja la realidad.
Finalmente, hay que reconocer que el acuerdo político fue mejor que la confrontación. Hay que reconocer también que ganó el diálogo, pero que todo se desvirtuó por la acción de los marchistas que al ejercer presión sobre el Congreso, dañaron la democracia porque atentaron contra la libertad. Así y todo, cualquier cosa es mejor que matarnos entre bolivianos, aún resignándonos a aceptar la ilegalidad. Sin embargo, no debemos legalizarla votando por el SÍ, a sabiendas de todo lo que ha ocurrido.
Por todas esas razones, yo votaré por el NO.
Por: Gastón Solares Ávila
Fuente
Contradicción
- A los miembros de la aplastante mayoría demográfica del país no se les permitirá acceder a funciones públicas de tipo administrativo o electivo, si aparte del español no se hace entender en un idioma originario
Semejantes anormalidades equivaldrían a discriminación que astilla el patrón de universalidad de los derechos humanos.
Ni Podemos ni Unidad Nacional ni el MNR, en su último y cuestionado "pacto" con el gobierno tomaron en cuenta lo anteriormente anotado. Corrigieron en algo la Carta Magna de la Glorieta, expurgándola de risibles cantinfladas conceptuales (como esa alusiva a los "derechos fundamentales y "fundamentalísimos"), pero se hicieron de la vista gorda ante parágrafos que proclaman una cosa y otros que establecen todo lo contrario.
Acaso las dos caras del Dr. Casimiro Olañeta asomen con mayor crudeza entre el inciso 1) del Art. 14 de la Carta Magna que irá a referendo el 5 de diciembre y el inciso 7) de su Art. 234.
El primero proclama que el "Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón (sic) de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos.
El segundo pisa y pasa, al estilo de Morales (de Agustín, por supuesto) sobre el primero, al agregar al conjunto de requisitos para que los "bolivianos y las bolivianas" accedan a un cargo en la Administración Pública, el de hablar por lo menos dos de los 36 idiomas que el Art. 5 de la Carta Magna de la Glorieta declara "oficiales del Estado".
En Bolivia, un poco más del 80% de los habitantes habla sólo español. La creciente migración campo-ciudad tuvo como resultado que el idioma de Cervantes dejara atrás a las lenguas nativas. Los idiomas autóctonos acusan hoy funcionalidad restringida a ciertas zonas rurales. Son los casos del aimará y el quechua. Las demás lenguas nativas están en pleno proceso de extinción o rigen sólo en pequeñas comunidades indígenas.
Sin embargo, a los miembros de la citada y aplastante mayoría demográfica del país, (mestiza e hispano parlante, sobre todo) no se les permitirá acceder a funciones públicas de tipo administrativo o electivo, si aparte del español no se hace entender en quechua, aimara, yuki, araona, yuracaré, guaraní, canichana, pacawara y otros de cuya existencia la población urbana no tiene la menor idea.
Una forma de discriminación, aquella, originada en el trasvase étnico-culturalista de ciertas Organizaciones No Gubernamentales a escuadras de mando del actual gobierno. Ésta y no otra la vertiente de tan cuestionable forma de exclusión. Sí, exclusión manifiesta, porque el derecho al trabajo, sea público o privado, no admite cortapisas como la que se quiere imponer con la Carta Magna de la Glorieta.
Por: Mario Rueda Peña
Fuente
MAS militarización para Bolivia
Ministro Walker San Miguel anuncia formación de un super comando militar en Bolivia.
Socialismo del siglo XXI, el régimen de la muerte
Conozca lo que le depara a la humanidad, el plan de control social y la opresión al ser humano, disfrazada con cuentos chinos que embelezan a ingenuos y moviliza a fundamentalistas.
No es improvisado, sino que es un plan elaborado desde hace mucho tiempo y que se tenía oculto hasta ahora, cuando el Dictador posee el control absoluto de Venezuela.
El Socialismo del Siglo XXI no es solo un sistema económico o de gobierno, sino una forma de pensar y de ver la vida, como una secta religiosa pero quitándo lo religioso y excluyendo a Dios, en donde Jesucristo es igualado con el Che Guevara para llamarlo "Super Hombre". Una verdadera perversión.
Como dijo Ambrosio Hernández el Viernes 2 de Febrero 2007 durante las noticias de las 11:00 pm por el Canal 51 de Telemundo en Miami, Florida: "Están quitando un país para poner a otro".
Tanto que uno oye hablar de transición en Cuba, de que va a pasar ahora a una democracia porque no está Fidel Castro, y tanto bla bla, cuando en las narices de todo el mundo en Venezuela se está realizando un proceso inverso al deseado en Cuba: Desmontando un estilo de vida, una manera de pensar, de vivir y actuar, todo un pais y un estado, para llevarlo al modelo cubano.
Y el mundo permanece inerme ante esta catástrofe que se conoce como Socialismo del Siglo XXI que está acabando con Venezuela y que amenaza Latinoamerica, el Continente, y el Resto del Mundo.
No es improvisado, sino que es un plan elaborado desde hace mucho tiempo y que se tenía oculto hasta ahora, cuando el Dictador posee el control absoluto de Venezuela.
El Socialismo del Siglo XXI no es solo un sistema económico o de gobierno, sino una forma de pensar y de ver la vida, como una secta religiosa pero quitándo lo religioso y excluyendo a Dios, en donde Jesucristo es igualado con el Che Guevara para llamarlo "Super Hombre". Una verdadera perversión.
Como dijo Ambrosio Hernández el Viernes 2 de Febrero 2007 durante las noticias de las 11:00 pm por el Canal 51 de Telemundo en Miami, Florida: "Están quitando un país para poner a otro".
Tanto que uno oye hablar de transición en Cuba, de que va a pasar ahora a una democracia porque no está Fidel Castro, y tanto bla bla, cuando en las narices de todo el mundo en Venezuela se está realizando un proceso inverso al deseado en Cuba: Desmontando un estilo de vida, una manera de pensar, de vivir y actuar, todo un pais y un estado, para llevarlo al modelo cubano.
Y el mundo permanece inerme ante esta catástrofe que se conoce como Socialismo del Siglo XXI que está acabando con Venezuela y que amenaza Latinoamerica, el Continente, y el Resto del Mundo.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Evo suspende elección democrática de prefectos
Las violaciones a la ley por parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia son tan frecuentes que parecieran pasar inadvertidas. La sociedad, la prensa e incluso las autoridades y políticos de la oposición no se expresan como deberían sobre las grotescas manipulaciones de este gobierno. Vivimos ya en un peligroso estado de aceptación donde se atiende a la canallada mayor, la más urgente, quedando de lado las demás. Es el caso de la reciente suspensión por parte del gobierno de la elección por voto de prefectos en Cochabamba y La Paz. Repasemos el caso: En agosto del 2008, mediante un referéndum ilegal, plagado de irregularidades electorales señaladas por los veedores internacionales, el gobierno saca del tablero a dos prefectos opositores. En su reemplazo pone a dedo a dos interinos, anunciado como manda la ley, que estarán en el cargo por un plazo máximo de 4 meses tiempo en el cual se convocarían a elecciones de nuevos prefectos que asumirían el cargo de los interinos. Hoy el gobierno de Evo Morales elimina esta elección y la traslada a abril del 2010, por lo que tendremos prefectos de facto en La Paz y Cochabamba no 4 sino 18! meses.
Poder Ejecutivo contra Poder Legislativo
La independencia de poderes es la norma para toda democracia. El gobierno viola una vez más este axioma al no acatar un decisión de la Corte Suprema de Justicia que establece libertad para Leopoldo Fernández, prefecto de Pando detenido y confinado, según declaraciones de personeros del gobierno, por no acatar el estado de sitio en Pando al haber encabezado una marcha de banderas blancas por la paz.
Otra vez el gobierno ha convocado a sus fuerzas callejeras para manifestarse contra esta decisión de la Corte Suprema en inmediaciones de la cárcel donde retienen a Leopoldo Fernández. También anunciaron los activistas la toma del aeropuerto paceño para evitar que el prefecto sea trasladado a Sucre.
Los del gobierno declararon que no acatarán lo dispuesto por la Corte Suprema aduciendo que los jueces han sido sobornados. Los jueces repondieron que presente pruebas del supuesto soborno y procese a los sobornados. Y todo quedó en nada ya que el gobierno no tiene obviamente pruebas, de lo contrario haría detener a los jueces de la Suprema.
Mientras tanto el prefecto de Pando que fue injustamente detenido, sigue más injustamente detenido habiendo sobre su caso un disposición de libertad que el gobierno se niega a cumplir.
Claro, la orden de libertad de la Corte Suprema de Justicia echa por tierra el proceso ficticio inventado por el gobierno para deshacerse de un prefecto opositor y deja en claro que todo no fue más que una grandiosa mentira maquinada por los criminales que hoy dirigen los destinos de la patria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
