La misión boliviana que se trasladó a Viena (Austria) fracasó en su intento de convencer a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de que reconsidere el informe emitido en marzo de este año, en el que “exhorta” al Gobierno de Bolivia a abolir la masticación de la hoja de coca o acullicu, además del uso de derivados industriales del arbusto, como el mate.
Ésta es la segunda vez que el Gobierno de Evo Morales recibe un revés en su intención de despenalizar el consumo de la coca. Esa tarea, según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, demorará al menos dos años más.
El 4 de marzo de este año, ese organismo presentó su informe de la gestión 2007, en el que señala que el acullicu, las infusiones y cualquier otro tipo de derivados industriales de la coca pueden afectar a la salud humana y que esas prácticas entran en contradicción con la convención firmada por Bolivia y otros países en 1961, que incluye a la coca en una lista de estupefacientes prohibidos por la comunidad internacional.
El Consejo de la JIFE está integrado por representantes de Ghana, Turquía, Rusia, Nigeria, Irán, Alemania, Estados Unidos, México, Indonesia, Colombia, Australia, Bélgica y China.
La autoridad informó que la comisión que encabezó se entrevistó ayer con esos delegados, a quienes solicitó que en el informe que será emitido en 2009 se cambie “sustancialmente” los términos del documento del 4 de marzo. La misión boliviana también estuvo integrada por los dirigentes cocaleros Julio Salazar (trópico de Cochabamba) y Hernán Justo (Yungas de La Paz), además del embajador de Bolivia en Austria, Horacio Bazoberry.
El Viceministro explicó que la exposición del Gobierno se dividió en tres partes. La primera estuvo referida a mostrar los “resultados y éxitos” alcanzados en la lucha contra las drogas (interdicción y erradicación).
En una segunda parte se explicó la posición del Gobierno sobre el uso, consumo y comercio legal de la hoja de coca, acciones que no están criminalizadas en la legislación boliviana, tanto así que el proyecto de Constitución Política del Estado reconoce al arbusto como un recurso renovable y patrimonio cultural.
Los dirigentes cocaleros, según Cáceres, también explicaron la importancia del acullicu en regiones indígenas y expresaron su disposición de cumplir los convenios internacionales.
Finalmente, Bazoberry fundamentó la incompatibilidad entre la Convención de 1961, que penalizó la hoja de coca, y la Convención de Naciones Unidas de 1988, que reconoció el consumo tradicional de la hoja.
Tras escuchar esos argumentos, dijo Cáceres, la JIFE expresó su predisposición de “seguir dialogando para que las Naciones Unidas y el Gobierno boliviano podamos llegar a un entendimiento”, con lo que no se realizó el pedido boliviano de que en la Convención del próximo año esa entidad, dependiente de las Naciones Unidas, cambie de posición.
Contrariamente al objetivo que pretendía alcanzar el Ejecutivo, esa oficina respondió que, para persuadir de que la coca en su estado natural no causa daño, Bolivia debe solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que se respete “la cultura ancestral y de identidad que significa la hoja de coca para nosotros”.
Una vez que se haga ese pedido, la Junta de Estupefacientes solicitará a Organización Mundial de la Salud (OMS) que realice un estudio científico de las propiedades del arbusto, además de que certifique si esa hoja es nociva para la salud humana.
Paralelamente, la JIFE también sugirió a las autoridades bolivianas que emprendan una especie de lobby con los países que integran esta instancia para poner en consideración la posición de Bolivia y ver si están de acuerdo con ella.
“Se han abierto estos dos canales —dijo el Viceministro— que a futuro vamos a seguir (…) para que la hoja de coca sea retirada de la lista única de la Junta de Estupefacientes; además va a ser una Convención que puede ser al año o al subsiguiente año y en la que estén presenten todos los países, que tendrán que votar respecto del pedido de Bolivia”.
—¿Tendrá que esperarse unos dos años para ver si se despenaliza?
—Sí, al menos dos años. Si empezamos con el trámite al año, en enero o febrero, esto tardará un año o un año y medio.
Saúl Lara, ex ministro de Gobierno, recomendó al Gobierno encaminar una política “agresiva”, desde el punto de vista diplomático, técnico y cualificado, de defensa de la hoja de coca en su estado natural a partir de los estudios existentes en la JIFE, la ONU y Viena.
Recordó que cuando trabajó en la Cancillería, entre 1993 y 1997, se realizaron estudios que quizá no están referidos al mate de coca, sino al arbusto y a cómo puede encararse su defensa en el ámbito internacional. Precisamente, uno de esos estudios fue llevado a cabo en 1975 por la OMS, en coordinación con la Universidad de Harvard.
El Gobierno dice que la DEA acepta inspección
El Ministerio de Gobierno informó ayer que la oficina de la Agencia de Lucha Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aceptó que funcionarios de ese despacho y de la Policía visiten, entre el viernes 14 y sábado 15 de este mes, las oficinas de esa entidad, ubicadas en diferentes lugares del país.
En un comunicado de prensa, la DEA informó que la reunión entre el Gobierno y funcionarios de la Embajada de ese país duró 30 minutos. En el encuentro, añade el documento, estos últimos mostraron “su predisposición de seguir colaborando en la lucha antidrogas en Bolivia”.
La cita tuvo lugar en la oficina del ministro de Gobierno, Alfredo Rada y al que también asistió su colega de Defensa, Walker San Miguel.
Por la legación diplomática estuvieron presentes Kris Urs, encargado de negocios y actual representante del Gobierno de Estados Unidos, y Mike Hammer, encargado político.
El encuentro se da 12 días después de que el presidente Evo Morales decidiera “suspender indefinidamente” las actividades de la DEA en el país, oficina a la que acusó de conspiración.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo que el Ejecutivo no pretende sacar a la NAS, agencia estadounidense que también coopera en la lucha contra las drogas, aunque espera que permanezca bajo otros lineamientos.
Los 37 funcionarios de la DEA deben salir de Bolivia en un plazo de tres meses, según el convenio de lucha contra el narcotráfico firmado con Estados Unidos. Para suplir a este organismo, el Ejecutivo boliviano apuesta por la regionalización de la lucha antinarcóticos y la cooperación internacional.
Con la finalidad de explicar este asunto, el Ministro de Gobierno se reunirá hoy con su colega brasileño de Justicia, Tarso Genro, con quien también suscribirá un acuerdo antidrogas.
Unasur decide en diciembre
El vocero del Palacio de Gobierno, Iván Canelas, informó ayer que los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) tratarán la posibilidad de regionalizar la lucha contra el narcotráfico en diciembre de este año.
Dijo que Bolivia se convirtió en un país puente para el paso de la droga que se produce en el Perú, donde considera necesario extremar esfuerzos para evitar el tráfico de cocaína que una vez en territorio nacional es destinada a los mercados “negros” del Brasil.
“El Presidente ha sido bien claro cuando planteó un proceso de lucha contra las drogas a través de un acuerdo regional, lo ideal es en el marco de Unasur porque incluye a 12 países que tienen que aportar en la lucha antinarcóticos. La idea es que los países de América Latina asuman una decisión conjunta en la lucha contra las drogas, seguramente esto se lo tratará en la cumbre de la Unasur en diciembre”.
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El problema no es la unidad, es el liderazgo
Hace 1 semana
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