Critican al Gobierno por anuncio del nuevo cerco

Son el poder de la calle del Gobierno de Morales que a lo largo de estos dos años ha usado a su antojo. Corren los billetes para la movilización.

Los movimientos sociales que forman el llamado Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) se reunieron con el presidente Evo Morales este sábado y acordaron cercar el Congreso para forzarlo a aprobar la convocatoria al nuevo texto constitucional.

Esa situación ha desencadenado una serie de críticas. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, dijo que ahora ya sin disimulo el presidente Morales se reúne con sus grupos de choque.

Guillermo Fortún, ex parlamentario de ADN, dijo que esto raya en lo delincuencial pues es un delito que movimientos irregulares atenten contra el primer poder del Estado.

“Hacer un anuncio de esa naturaleza en otro país es como para que los autores vayan a la cárcel”, dijo el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Carlos Pablo Klinsky.

“Es una pena que indígenas y campesinos se dejen manipular por un gobierno que utiliza su pobreza y escuda sus milicias armadas en organizaciones sociales”, señaló la diputada Ninoska Lazarte, quien recordó que nunca se esclareció la denuncia de la entrega de un cheque de 5 millones de dólares al dirigente de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Isaac Ávalos, para las movilizaciones.

Según Lazarte, “los únicos beneficiados serán los dirigentes porque en cada manifestación cobran millones de bolivianos”, dijo.

A su vez, Wálter Arrázola, de Podemos, denomina las movilizaciones como dictadura facista, financiada por ONGs internacionales incrustadas en el Poder Ejecutivo. “La dictadura pretende incrementarse en las calles, entonces la democracia tiene que defenderse ahí mismo con presión social o resistencia civil pero sin violencia”, destaca el diputado.

Para el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, los movimientos sociales tienen todo el derecho de expresarse, porque son parte de la democracia, pero deben hacerlo a través de mecanismos legales.

“En vez de hablar de cercos deberían actuar con un criterio más reflexivo y entender que la violencia está poniéndonos en una situación muy crítica”, afirmó.

Por su parte, el líder de la Coordinadora Nacional para el Cambio, Conalcam, Fidel Surco, negó que sus movimientos estén siendo utilizados y pagados por el Gobierno.

“A los compañeros nadie los forza ni los obliga. No somos al igual que ellos, que para mover gente deben pagar”, subrayó.

Sobre los montos destinados para la alimentación de cada movilización, Surco negó tener una idea de los gastos.

Afirmó que los gastos son cubiertos con aportes sindicales de cada organización y no tienden la mano a nadie.

Gastaron 4 millones de bolivianos

El presidente del Colegio nacional de Economistas, Waldo López, estima que en la última movilización de campesinos, el Gobierno nacional gastó cuatro millones doscientos mil bolivianos por concepto de transporte y alimentación.

El profesional hizo el cálculo partiendo de la movilización de algo más de 20 mil campesinos que marcharon hasta Montero intentando cercar Santa Cruz. “Sólo por concepto de alimentación cada campesino debió recibir 20 bolivianos y por transporte 50 bolivianos”, explicó López.

Por su parte, Teófilo Caballero presidente del Colegio de Economistas en Santa Cruz dijo que sacar cifras exactas o aproximados es poco complicado porque se desconoce el origen real del dinero invertido en esta clase de movilizaciones. “No sabemos si el dinero es del TGN o venezolano”, puntualizó.

El dato

Presión • Conalcam resolvió cercar el Parlamento y convocó a las organizaciones del MAS a concentrarse el 13 de octubre en la población de Caracollo para marchar hacia la sede de Gobierno.

Reunión • La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia llevará a cabo un encuentro latinoamericano con fecha por definirse en Santa Cruz.

Cercos masistas y milicias armadas

El 6 de agosto de 2006 los campesinos representantes de los pueblos indígenas desfilaron con los militares en la inauguración de la Asamblea Constituyente. Se iniciaba una nueva era y los historiadores recordaron la década del ‘50 cuando el presidente Víctor Paz aparecía en hombros de sus milicias campesinas armadas.

ley inra

El 29 de noviembre de 2006, grupos afines MAS impidieron el ingreso de la oposición y habilitaron a dos senadores suplentes para aprobar la Ley INRA, 44 contratos petroleros y convalidar un acuerdo de cooperación militar con el vecino país de Venezuela. Dos días antes ya el Congreso estaba cercado.

nueva cpe

Noviembre 2007, campesinos llegan a Sucre para cercar el teatro Gran Mariscal y enfrentarse a los chuquisaqueños que pedían la restauración de las sesiones de la Asamblea Constituyente exigiendo capitalia plena. El 24, los asambleístas masistas decidieron sesionar en La Glorieta, donde se aprobó el texto de la nueva CPE.

ponchos rojos

“Aquí yo aprendí a amar y matar”, recordó el vicepresidente Alvaro García Linera a los ponchos rojos de La Paz, al precisar que andaba con el fusil Mauser bajo el poncho. A mediados de 2008 el Gobierno dio más protagonismo a los indígenas y hasta les entregó armas para que luchen contra el contrabando.

cerco al congreso

El 28 de febrero de 2008 movimientos sociales afines al MAS cercaron el Congreso armados con dinamita, chicotes y palos impidieron el ingreso de los parlamentarios de la oposición. Aprobaron la convocatoria al referéndum por la nueva CPE. En la oportunidad la diputada Ninoska Lazarte fue agredida, pero la CNE dejó el llamado sin efecto.

Cerco a Santa cruz

En septiembre, cinco mil campesinos convocados por el Gobierno deciden cercar y bloquear a Santa Cruz reclamando la falta de predisposición para el diálogo de los prefectos autonomistas. El cerco acaba con un cabildo en Montero y se instruye a las bases una tregua hasta el 15 de octubre a la espera de acuerdos entre el Gobierno y el Conalde.
Fuente