La Sala Penal Segunda del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en el ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y en atención al memorial presentado por Leopoldo Fernández Ferreira, dispuso que el Juez V Cautelar de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, que se encuentra a cargo del procesamiento al prefecto del departamento de Pando, se inhiba del conocimiento de la misma, por falta de competencia y se remitan los actuados ante el Fiscal General de la República.
El Auto Supremo dictado por la Sala Penal del Supremo Tribunal sostiene que, según lo establecido por el Art. 118 de la Constitución Política del Estado, el juzgamiento del impetrante, debido a su condición de prefecto de departamento, debe llevarse a efecto “bajo la modalidad de juicio de privilegio constitucional”, establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, ante la imputación del Ministerio Público en contra del prefecto Fernández, tipificándola como delito de “masacre sangrienta”, por lo que debía ser juzgado por la vía ordinaria, la disposición de la Corte Suprema considera que dicha apreciación “no es válida”, por lo que, de acuerdo al artículo 138 del Código Penal y los antecedentes que se tienen sobre casos similares, es preciso solicitar al Congreso nacional la autorización de juzgamiento.
En función a estas consideraciones y bajo el criterio de que no existe argumento alguno para el procesamiento a un prefecto de departamento por otra vía, que no sea por la del juicio de Privilegio Constitucional, la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia dispuso el traslado inmediato para los fines señalados en el tercer parágrafo del artículo 3 de la Ley 2445, de 13 de marzo del 2003.
El Auto Supremo de referencia, con la fecha de hoy, lleva la firma del presidente de la Sala Penal Segunda, José Luís Baptista Morales y del ministro Ángel Irusta Pérez, en suplencia del Decano del Supremo Tribunal, Héctor Sandóval Parada.
El juez quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, a petición del Ministerio Público, ordenó anoche la detención preventiva del prefecto del departamento de Pando en la cárcel de San Pedro por la muerte de tres estudiantes normalistas en los luctuosos hechos del pasado 11 de septiembre en Porvenir.
La decisión del juez se sustenta en la posibilidad de riesgo de fuga del imputado y obstaculización a las investigaciones que se llevan a cabo en Pando por la muerte de tres estudiantes normalista y otras 12 personas.
EL DATO
INVESTIGACIÓN. El Consejo de la Judicatura definió iniciar una investigación al Juez 5to Cautelar del Distrito de La Paz, Williams Dávila, por haber iniciado causa contra el prefecto de Pando, por presunto delito de terrorismo, asesinato y asociación delictuosa. "Toda supuesta irregularidad debe ser investigada a través de Régimen Disciplinario y, si es que se descubren irregularidades, debe sancionar o; si son delitos, debe remitir antecedentes al Ministerio Público", explicó el consejero, Rodolfo Mérida.
Uribe acusado de “obstruir proceso”
El Fiscal General de la República, Mario Uribe, será acusado de obstaculizar el proceso de investigación en contra del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, anunció este viernes la abogada de las familias de los tres normalistas que perdieron la vida en la masacre del 11 de septiembre.
La abogada Mary Carrasco, dijo que la acusación la presentará a la Cámara de Diputados el próximo lunes, porque Uribe habría pretendido llevarse todos los obrados y pruebas del 11 de septiembre a Sucre con el argumento de que debe iniciar la investigación por genocidio contra Fernández, pero que en el fondo lo único que pretendía con esta acción es absolver de culpa a la autoridad acusada.
“El fiscal Uribe busca obstruir el proceso abierto en Sucre porque de la forma más sorprendente y sugestiva, en medio de la audiencia hizo llegar un requerimiento de cinco líneas en el que dice que abre acción por genocidio”, manifestó Carrasco.
El juez quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenó anoche la detención preventiva del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, en la cárcel de San Pedro por la muerte de tres estudiantes normalistas en los luctuosos hechos del pasado 11 de septiembre en Porvenir y Filadelfia.
La decisión del juez, tomada en la audiencia de medidas cautelares, que se llevó a cabo por más de cuatro horas en instalaciones de la Academia Nacional de Policías (Anapol), se sustenta en la posibilidad de riesgo de fuga del imputado y obstaculización a las investigaciones que se llevan a cabo en Pando por la muerte de tres estudiantes normalista y otras 12 personas.
Fuente
Chapare, un reino de sangre y cocaina
Hace 4 horas
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