Hay persecución política, censura y miedo en Pando

Hay 8 alcaldes en la clandestinidad y ayer colocaron un explosivo en la casa de la cívica Ana Melena. El Defensor del Pueblo intenta ingresar.

Una jornada de operativos militares realizados ayer en busca de los principales dirigentes pandinos, terminó en la detención de once cívicos. Los mismos fueron trasladados hasta La Paz para que declaren por las muertes en los enfrentamientos en Porvenir, según el ministro de defensa, Walker San Miguel.

Los militares comandados por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, según los pobladores, utilizaron armas de fuego y explosivos para allanar la casa de la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena, que no fue detenida porque salió 20 minutos antes, alertada de la posible detención. “Esto es terrorismo”, dijo la cívica, explicando que aún se encuentra en el país.

La vivienda del vicepresidente cívico, Ricardo Shimokawa, también fue intervenida. Sin embargo el cívico se puso a buen recaudo en Brasilea, municipio del Brasil, desde el pasado viernes.

Estas incursiones se realizaron desde la una hasta las cuatro de la madrugada, con tiros al aire para ahuyentar a la población, las mismas que fueron calificadas de persecución política y terrorismo, por el prefecto Leopoldo Fernández.

"Se me anuncia un juicio por genocidio, quiero decirles que estoy caminando por las calles de Pando, pueden venir a buscarme, espero que lo hagan a la luz del día y no como lo han hecho con los dirigentes cívicos que atacaron sus casas en la noche", apuntó.

Los nombres de los detenidos corresponden a Hugo Apaza Sahonero, Gualberto Paz Mugiro Ruiz, Felipe Bigabriel Villarroel, Gabriel René Delgadillo Vargas, José Antonio Salinas Bazán, Rubén Franco Tuno, Mirtha Sosa del Chalar, Adhemar Herrera Guerra, Juan Claudio Franco Egüez, Osvaldo Valdivia y Néstor Da Silva Rivero.

El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Pando, Mario Menacho, denunció que ocho de los alcaldes se declararon en la clandestinidad por temor a ser aprehendidos violentamente. El caso más grave de todos es el de Filadelfia, cuya alcaldía fue saqueada e incendiada el pasado domingo.

A cinco días de decretarse el Estado de sitio, la población continúa resistiendo, pero está atemorizada por los permanentes patrullajes que realizan los militares en camiones.

“Están buscando matarnos y nos intimidan todo el día”, dijo el pandino Roberto Wayna.

Los periodistas se quejaron porque no les dan garantías para realizar su trabajo y censuran sus envíos por internet. Un grupo de comunicadores fue obligado a retornar a La Paz porque no le permitieron salir del aeropuerto.

El periodista de Unitel, Carlos Lazcano, denunció que su camárografo recibió amenazas en su celular. “Nos han dicho que terminemos nuestro trabajo y nos vamos”.

Apuntes

Sustento legal • El gobierno alegó que el artículo 112 de la Constitución establece que "podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, pero en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas los pondrá a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que hubiesen motivado el arresto”.

A la espera •El Comité pro Santa Cruz se reunió ayer por tres horas para definir las nuevas estrategias. Decidieron darse un cuarto intermedio hasta hoy a las 11.00 esperando los resultados del encuentro de la Unasur en Chile.

Indignación • Un joven con lágrimas, describió cómo encontró a su padre, junto a otros cuerpos que flotaban en el río cerca de Porvenir. Después del enfrentamiento entre cívicos y campesinos. Habló que los mismos campesinos que intentaban llegar a Cobija aceptaron que se les pagó 200 bolivianos para asistir.

No a la devolución • El líder cívico, Branko Marinkovic, visitó al prefecto, Rubén Costas. Al salir explicó que se dio una señal de diálogo levantando los bloqueos pero que no se devolverán las instituciones porque son del pueblo y no del gobierno. Marinkovic sostuvo que se hará cumplir los estatutos autonómicos que establecen la descentralización.

Prefecto y Ejecutivo se acusan mutuamente

Los pandinos denuncian que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, está en el lugar comandando personalmente el operativo. El Poder Ejecutivo acusó al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de ser el responsable e instruyó una investigación por genocidio.

El Prefecto contestó, acusando también a Quintana de estar “borrando pruebas” y “fabricando otras” para deslindar cualquier responsabilidad en las muertes del pasado jueves en el municipio de Porvenir.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo ayer que tratará de ingresar a Pando para investigar quiénes son los involucrados en los crímenes y si a los acusados le están dando las garantías. Otras comisiones de paz y ayuda han buscado que se les otorgue el permiso necesario para aterrizar en el aeropuerto pandino sin conseguirlo.
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