Las regiones opositoras mantienen bloqueadas las rutas desde hace 15 días. Se oponen a la aprobación de una nueva Constitución y piden el reintegro de un impuesto a los hidrocarburos.
Tarija, el departamento donde está el 85 por ciento de reservas de gas natural de Bolivia, cumple hoy 15 días con sus carreteras bloqueadas y sin solución a la vista, en tanto que el conflicto se amplió a Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, regiones opositoras al gobierno de Evo Morales.
Las autoridades y dirigentes cívicos de cinco de los nueve departamentos de Bolivia piden la devolución de los fondos de un impuesto a hidrocarburos que ahora es usado por el gobierno para el pago de una renta mensual a mayores de 60 años de ambos sexos.
También esas regiones se oponen a la aprobación de la nueva Constitución, como pretende el presidente Evo Morales, que postergó del 7 de diciembre de este año al 25 de enero de 2009 la fecha del referéndum aprobatorio del nuevo texto.
Para el gobierno no existe posibilidad de modificar el proyecto de Constitución aprobado por su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus aliados en Oruro.
"La única probabilidad que existe es concertar con la oposición aspectos secundarios y de reglamentación de la autonomía", admitió Morales.
La declaración del mandatario causó malestar entre representantes prefecturales y dirigentes políticos de Beni y Santa Cruz, que anunciaron la continuidad de la resistencia civil para evitar la aprobación del proyecto constitucional, que consideran ilegal y divisionista.
Tarija, capital del sureño departamento que limita con Argentina y Paraguay, y las ciudades intermedias del Chaco boliviano y Bermejo han quedado totalmente aisladas después de que, en cumplimiento de las determinaciones del Consejo Nacional Democrático (Conalde) se decidió reforzar las medidas de presión que desde hace 15 días aplican los comités cívicos de la provincia Gran Chaco, donde está centrada la actividad petrolera.
El periodista Ciro Miranda reportó desde Tarija que las ciudades de Villa Montes y Yacuiba, las más importantes del Chaco boliviano cumplen hoy 15 días de bloqueos y de paralización de actividades públicas y privadas, salvo el sector gremial, muy activo en la zona de San José de Pocitos por la presencia de turistas argentinos.
"Uno de los sectores más afectados sin embargo es el rubro del transporte de diésel que tienen varadas decenas de unidades y que provoca desabastecimiento de ese carburante en la región agroproductora de Santa Cruz", relató a dpa.
El presidente del Comité Cívico de Villa Montes, Felipe Moza, explicó que en esa región existen al menos cuatro puntos de bloqueo en las salidas a Santa Cruz, Yacuiba, Tarija, Paraguay y Argentina.
"La determinación de los tarijeños es clara: vamos a radicalizar las medidas de presión hasta forzar al Gobierno a buscar una salida política que signifique la restitución de los ingresos por IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que fueron confiscados ilegal e inconstitucionalmente y por eso no vamos a permitir el paso de ningún motorizado que venga o pretenda ir hacia Potosí, Oruro o La Paz", declaró la vicepresidenta cívica, Patricia Galarza.
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Tarija, el departamento donde está el 85 por ciento de reservas de gas natural de Bolivia, cumple hoy 15 días con sus carreteras bloqueadas y sin solución a la vista, en tanto que el conflicto se amplió a Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, regiones opositoras al gobierno de Evo Morales.
Las autoridades y dirigentes cívicos de cinco de los nueve departamentos de Bolivia piden la devolución de los fondos de un impuesto a hidrocarburos que ahora es usado por el gobierno para el pago de una renta mensual a mayores de 60 años de ambos sexos.
También esas regiones se oponen a la aprobación de la nueva Constitución, como pretende el presidente Evo Morales, que postergó del 7 de diciembre de este año al 25 de enero de 2009 la fecha del referéndum aprobatorio del nuevo texto.
Para el gobierno no existe posibilidad de modificar el proyecto de Constitución aprobado por su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus aliados en Oruro.
"La única probabilidad que existe es concertar con la oposición aspectos secundarios y de reglamentación de la autonomía", admitió Morales.
La declaración del mandatario causó malestar entre representantes prefecturales y dirigentes políticos de Beni y Santa Cruz, que anunciaron la continuidad de la resistencia civil para evitar la aprobación del proyecto constitucional, que consideran ilegal y divisionista.
Tarija, capital del sureño departamento que limita con Argentina y Paraguay, y las ciudades intermedias del Chaco boliviano y Bermejo han quedado totalmente aisladas después de que, en cumplimiento de las determinaciones del Consejo Nacional Democrático (Conalde) se decidió reforzar las medidas de presión que desde hace 15 días aplican los comités cívicos de la provincia Gran Chaco, donde está centrada la actividad petrolera.
El periodista Ciro Miranda reportó desde Tarija que las ciudades de Villa Montes y Yacuiba, las más importantes del Chaco boliviano cumplen hoy 15 días de bloqueos y de paralización de actividades públicas y privadas, salvo el sector gremial, muy activo en la zona de San José de Pocitos por la presencia de turistas argentinos.
"Uno de los sectores más afectados sin embargo es el rubro del transporte de diésel que tienen varadas decenas de unidades y que provoca desabastecimiento de ese carburante en la región agroproductora de Santa Cruz", relató a dpa.
El presidente del Comité Cívico de Villa Montes, Felipe Moza, explicó que en esa región existen al menos cuatro puntos de bloqueo en las salidas a Santa Cruz, Yacuiba, Tarija, Paraguay y Argentina.
"La determinación de los tarijeños es clara: vamos a radicalizar las medidas de presión hasta forzar al Gobierno a buscar una salida política que signifique la restitución de los ingresos por IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que fueron confiscados ilegal e inconstitucionalmente y por eso no vamos a permitir el paso de ningún motorizado que venga o pretenda ir hacia Potosí, Oruro o La Paz", declaró la vicepresidenta cívica, Patricia Galarza.
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