Los cívicos aseguran que las instituciones de las que ayer tomaron posesión serán entregadas a las autoridades departamentales para que en ellas sean posesionadas representantes regionales nombrados por aquéllos. En Pando, Leopoldo Fernández nombró un director departamental del INRA.
Al menos 22 entidades estatales (entre las que se cuenta Televisión Boliviana y radio Patria Nueva) fueron asaltadas y ocupadas ayer por los cívicos juveniles de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Sucre. Tras acciones violentas, los aeropuertos de Trinidad, Guayaramerín y Riberalta también quedaron en poder de civiles. Hasta anoche se mantenía el asedio en las dos terminales aéreas de la capital oriental y en dos válvulas hidrocarburíferas. Además, las regiones en conflicto mantenían unos 29 puntos de bloqueo en las carreteras.
La Policía Nacional y la Policía Militar recibieron la instrucción del Gobierno de resguardar las instituciones públicas, pero perdieron el control de éstas, tras ser desalojados por la fuerza.
Las regiones de la "media luna" presionan desde el 4 de agosto para que el Ejecutivo les devuelva los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que destinó al pago de la Renta Dignidad. Sin embargo, las medidas se radicalizaron con el inicio del bloqueo de caminos el 25 de agosto, inicialmente en la región del Chaco tarijeño y desde la anterior semana en Beni y Santa Cruz. Las tomas de instituciones también son parte de esa estrategia.
Dos analistas coincidieron en informar que con los hechos de ayer el Gobierno consolidó la pérdida de autoridad que ya se venía dando. Desde enero de este año, el presidente Evo Morales se vio impedido de llegar a Santa Cruz, Tarija, Riberalta, Trinidad, Cobija, entre otras ciudades de la "media luna".
El analista Carlos Hugo Latura consideró que los hechos de ayer se suman "al largo rosario de la autonomización de las regiones". La analista Paula Peña también consideró que el Gobierno tiene problemas en la administración de su autoridad y que con ello se muestra débil ante la población.
Tras la ocupación de las entidades estatales, los cívicos de Pando, Beni y Santa Cruz no dudaron en asegurar que esas instituciones serán transferidas a los gobiernos departamentales para que los "gobernadores" designen a autoridades departamentales. Este anuncio se hizo efectivo ayer en Cobija, lugar donde el prefecto pandino, Leopoldo Fernández, y la comisión agraria departamental posesionaron como nuevo director del INRA a Gary von Boeck.
La acción fue calificada de ilegal por el director nacional de esa entidad, Juan Carlos Rojas, quien dijo que denunció en la Fiscalía esta toma.
En Tarija, el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Misael Saracho, Miguel González, adelantó que las instituciones no van a ser devueltas al Ejecutivo y desocuparán los inmuebles cuando se los entreguen a los gobiernos departamentales.
Los hechos
Las tomas de instituciones en los departamentos donde entre mayo y junio pasado se aprobaron los estatutos autonómicos se masificó ayer. Jóvenes universitarios, vinculados a las entidades juveniles cívicas, funcionarios prefecturales e incluso amas de casa protagonizaron enfrentamientos contra las fuerzas del orden.
La capital oriental es donde más enfrentamientos se registró entre la denominada Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y las fuerzas del orden, en la que fueron tomadas las oficinas regionales del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el INRA y Entel.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó al cívico cruceño, Branko Marinkovic, y al prefecto Rubén Costas de la ola de violencia desatada en la capital oriental y dijo que con ello dieron inicio a un "golpe de estado cívico prefectural". Marinkovic, según la autoridad, estuvo en los anteriores días en Estados Unidos, donde habría recibido instrucciones.
El líder de los cívicos justificó las movilizaciones e informó que la violencia se desató debido a la fuerte represión de las fuerzas policiales y militares.
Pese a los enfrentamientos, ni el Gobierno ni los cívicos y prefectos de la "media luna" dieron señales de acercamiento en sus discursos para restablecer el diálogo que se frustró el mes pasado, luego de que el prefecto Costas puso en marcha "leyes regionales".
Pero en Santa Cruz no sólo fueron asaltadas las entidades públicas, sino también hubo ataques al inmueble del Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS), ONG de donde provienen varios ministros y viceministros del Gobierno. Los aeropuertos El Trompillo y Viru Viru permanecen militarizados y al acecho, mientras anoche se instaló una vigilia en Migración.
Por la noche, grupos de jóvenes ingresaron a las instalaciones de Televisión Boliviana de la capital oriental y de Radio Patria Nueva y quemaron varios de sus equipos de producción. El canal estatal se mantuvo resguardado durante toda la jornada, pero las fuerzas del orden no estuvieron el momento en que los miembros de la UJC se abrían paso con bombas molotov.
Tarija es otro de los departamentos con mayores focos de conflicto. Van 16 días de bloqueos carreteros en el Chaco y ayer cívicos tomaron cinco reparticiones estatales, entre ellas el SIN, la Superintendencia de Hidrocarburos, el INRA, Migración y la Dirección General de la Coca (Digeco).
En Sucre los unionistas chuquisaqueños ocuparon la oficina regional del SIN. La Unión de Jóvenes de Sucre, encabezada por Lenin Roberto Sandóval, encadenó la puerta del inmueble dejando a oficiales de la Policía dentro del edificio. Frente a la inminente toma, minutos antes los funcionarios de la institución evacuaron los documentos en vehículos. Sandóval fue apresado y trasladado a La Paz hace unos meses y tiene un proceso legal pendiente en su contra.
En la capital beniana ocuparon ayer el aeropuerto Jorge Henrich y bloquearon la pista con camiones y tierra para evitar cualquier aterrizaje o salida. Las dependencias de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) también fueron ocupadas ayer. El aeropuerto de Riberalta permanece ocupado y sin tráfico aéreo. En Guayaramerín, en la mañana de ayer, una turba de activistas del Comité Cívico allanó violentamente las oficinas de la Aduana Nacional y también la terminal aérea.
Los cívicos de Riberalta también tomaron las oficinas de Televisión Boliviana, no pudieron ingresar pero las puertas del canal estatal quedaron destrozadas. Durante la tarde tomaron la regional de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y las oficinas de Entel y Migración.
En Cobija, los grupos cívicos ocuparon cinco instituciones: el INRA, Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Superintendencia Forestal.
Entretanto, en Villamontes, el Comité Cívico de esa ciudad tomó en la mañana de ayer las válvulas de seguridad (SDV) de la empresa Transierra, a 25 kilómetros al norte de esa ciudad, y pueden suspender el bombeo de gas natural a través del Gasoducto Yacuiba-Río Grande (Gasyrg), lo cual podría generar la paralización en la exportación del energético al Brasil. Los campos San Alberto y San Antonio son los principales proveedores de gas natural, ambos ubicados en la segunda y tercera sección del Gran Chaco.
Jóvenes en Sucre cierran oficinas de impuestos
Jóvenes de la Unión Juvenil de la Chuquisaqueñidad y seguidores del Comité Interinstitucional de Sucre tomaron ayer la sede del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de esa ciudad y encadenaron las puertas de ésta.
Los manifestantes colocaron candados a los ingresos y anunciaron que ésta es la primera de varias acciones que emprenderán contra instituciones del Estado hasta obtener la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El administrador de la oficina de Impuestos Nacionales en Sucre, Antonio Quispe, confirmó la vigilia y toma del predio, aunque sostuvo que buscará la normalización del servicio en la entidad recaudadora a la brevedad posible.
Los manifestantes estaban encabezados por el activista Roberto Lenin Sandóval, quien hace algunos meses fue detenido y conducido a La Paz por un comando del Ministerio de Gobierno. Además, en la toma de la entidad estatal estuvo Yamil Pilco, de la organización Conciencia Chuquisaca, quien fue imputado por la Fiscalía por los maltratos a campesinos el pasado 24 de mayo.
El departamento de Chuquisaca no ha participado de los bloqueos de caminos instruidos por el Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), puesto que la mayoría de la población campesina en ese departamento es afín al Gobierno de Morales. La toma de la sede del SIN no estaba planificada y se impulsó debido a la coyuntura de tomas y enfrentamientos que vivió el país en la jornada de ayer.
Ante la inminente ocupación por parte de los grupos afines a los cívicos, los funcionarios sacaron los documentos que son de mayor interés.
Las movilizaciones seguirán
Un día después de la intensa jornada de tomas institucionales, dirigentes cívicos de Beni y Pando informaron que se declararon en "vigilia permanente" y no descartaron la toma de más instituciones con miras a consolidar la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El presidente del Comité Cívico del Beni, Luis Alberto Melgar, a tiempo de explicar que la de ayer fue la primera jornada intensa por la toma de tres aeropuertos en ese departamento, manifestó que la población beniana está motivada y consciente de que ésta es una lucha que lleva varios meses.
Los cívicos no anunciaron oficialmente si continuarán las tomas de instituciones y dependencias estatales pero dejaron claro que mantendrán las movilizaciones hasta recuperar los impuestos del gas que el Gobierno destinó al pago de la Renta Dignidad para las personas mayores de 60 años.
El vicepresidente cívico del departamento de Pando, Ricardo Shimokawa, dijo que en su departamento " la población está completamente movilizada". Las tomas en esa región del país continuarán, puesto que, según dijo, decidieron que la movilización será indefinida hasta que se cumpla con sus demandas.
El prefecto pandino, Leopoldo Fernández, nombró a Gary von Boeck como director de una institución estatal tomada, el INRA. Consultado sobre la situación, Shimokawa explicó que esto se debe a que el tema agrario es una competencia concurrente entre el Gobierno y el departamento.
Los cívicos pandinos determinaron aplicar sus estatutos autonómicos y van a tomar decisiones sobre el futuro de las instituciones ocupadas hasta ayer.
En las regiones de Riberalta y Guayaramerín los representantes cívicos también aseguran que seguirán las tomas.
Al menos 22 entidades estatales fueron tomadas ayer en una de las jornadas más violentas.
Cuestionan a ministros
Algunos sectores sociales y la oposición critican y cuestionan la designación de los nuevos ministros de Gobierno que fueron posesionados el lunes. Los campesinos de las 20 provincia de La Paz tomaron las instalaciones de la Prefectura de este departamento y piden la destitución de autoridades.
A las 13.30 de ayer, un grupo de dirigentes campesinos de las provincias paceñas ingresaron al palacio prefectural para pedir a Pablo Ramos que destituya al director de Caminos, Ramiro Carrasco, y a otras autoridades.
Los indígenas demandan que estos cargos sean ocupados por algunos de sus integrantes y profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés, a este descontento se suma la disconformidad de los nuevos integrantes del gabinete presidencial.
El presidente Evo Morales posesionó el lunes a cinco autoridades. En reemplazo del ministro de Salud y Deportes, Wálter Sélum Rivero, fue posesionado Ramiro Tapia; Graciela Toro, quien desempeñaba el cargo de ministra de Planificación del Desarrollo, fue reemplazada por Carlos Villegas.
El nuevo ministro de Hidrocarburos es Saúl Ávalos, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente está ocupado por Carlos Romero, y Susana Rivero es de Producción y Microempresa.
Estas designaciones causó malestar en algunos dirigentes. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, afirmó que en el Gobierno hay algunos "infiltrados" que están inciertos en el Poder Ejecutivo y que no tienen la esencia de la revolución.
"No tienen la convicción ni la identidad de pueblo, sino se aprovechan de la coyuntura y eso no podemos permitir, (...) para qué decir nombres si no somos escuchados".
El dirigente campesino y constituyente Román Loayza dijo que insistirán en la salida del Gobierno de autoridades como los ministros Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada, Luis Arce Catacora, Walker San Miguel y Susana Rivero.
Aunque los representantes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) aceptaron la decisión del Mandatario, algunas organizaciones que la integran cuestionaron los cambios. Es el caso de la Confederación de Colonizadores de Bolivia. Su dirigente, Fidel Surco, dijo que "como sectores podemos sugerir, pero esa es una determinación del Presidente de la República, lo único que vamos a pedir es que haya una mejor coordinación".
El presidente del Senado, Jorge Ortiz (Podemos), manifestó su preocupación porque la gente que está asumiendo cargos importantes no refleja la capacidad ni el conocimiento para encarar los problemas del país.
El vocero de palacio, Iván Canelas, aseguró que la ley establece que la potestad para las designaciones de los ministros recae sobre el Presidente.
Saldo de daños
SE EXTIENDE: No sólo las entidades de ciudades capitales fueron blanco de los cívicos.
VIOLENCIA: Cívicos tomaron los aeropuertos de Trinidad, Riberalta y Guayaramerín.
DESTROZOS: Los grupos radicales también atacaron a Televisión Boliviana y radio Patria Nueva.
SIN CIFRAS: No se tienen información precisa sobre la cantidad de heridos en estos incidentes.
SOCORRO: Los medios televisivos mostraron la evacuación de militares y policías heridos.
AGRESIÓN: Los civiles también fueron alcanzados por gases.
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Al menos 22 entidades estatales (entre las que se cuenta Televisión Boliviana y radio Patria Nueva) fueron asaltadas y ocupadas ayer por los cívicos juveniles de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Sucre. Tras acciones violentas, los aeropuertos de Trinidad, Guayaramerín y Riberalta también quedaron en poder de civiles. Hasta anoche se mantenía el asedio en las dos terminales aéreas de la capital oriental y en dos válvulas hidrocarburíferas. Además, las regiones en conflicto mantenían unos 29 puntos de bloqueo en las carreteras.
La Policía Nacional y la Policía Militar recibieron la instrucción del Gobierno de resguardar las instituciones públicas, pero perdieron el control de éstas, tras ser desalojados por la fuerza.
Las regiones de la "media luna" presionan desde el 4 de agosto para que el Ejecutivo les devuelva los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que destinó al pago de la Renta Dignidad. Sin embargo, las medidas se radicalizaron con el inicio del bloqueo de caminos el 25 de agosto, inicialmente en la región del Chaco tarijeño y desde la anterior semana en Beni y Santa Cruz. Las tomas de instituciones también son parte de esa estrategia.
Dos analistas coincidieron en informar que con los hechos de ayer el Gobierno consolidó la pérdida de autoridad que ya se venía dando. Desde enero de este año, el presidente Evo Morales se vio impedido de llegar a Santa Cruz, Tarija, Riberalta, Trinidad, Cobija, entre otras ciudades de la "media luna".
El analista Carlos Hugo Latura consideró que los hechos de ayer se suman "al largo rosario de la autonomización de las regiones". La analista Paula Peña también consideró que el Gobierno tiene problemas en la administración de su autoridad y que con ello se muestra débil ante la población.
Tras la ocupación de las entidades estatales, los cívicos de Pando, Beni y Santa Cruz no dudaron en asegurar que esas instituciones serán transferidas a los gobiernos departamentales para que los "gobernadores" designen a autoridades departamentales. Este anuncio se hizo efectivo ayer en Cobija, lugar donde el prefecto pandino, Leopoldo Fernández, y la comisión agraria departamental posesionaron como nuevo director del INRA a Gary von Boeck.
La acción fue calificada de ilegal por el director nacional de esa entidad, Juan Carlos Rojas, quien dijo que denunció en la Fiscalía esta toma.
En Tarija, el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Misael Saracho, Miguel González, adelantó que las instituciones no van a ser devueltas al Ejecutivo y desocuparán los inmuebles cuando se los entreguen a los gobiernos departamentales.
Los hechos
Las tomas de instituciones en los departamentos donde entre mayo y junio pasado se aprobaron los estatutos autonómicos se masificó ayer. Jóvenes universitarios, vinculados a las entidades juveniles cívicas, funcionarios prefecturales e incluso amas de casa protagonizaron enfrentamientos contra las fuerzas del orden.
La capital oriental es donde más enfrentamientos se registró entre la denominada Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y las fuerzas del orden, en la que fueron tomadas las oficinas regionales del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el INRA y Entel.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó al cívico cruceño, Branko Marinkovic, y al prefecto Rubén Costas de la ola de violencia desatada en la capital oriental y dijo que con ello dieron inicio a un "golpe de estado cívico prefectural". Marinkovic, según la autoridad, estuvo en los anteriores días en Estados Unidos, donde habría recibido instrucciones.
El líder de los cívicos justificó las movilizaciones e informó que la violencia se desató debido a la fuerte represión de las fuerzas policiales y militares.
Pese a los enfrentamientos, ni el Gobierno ni los cívicos y prefectos de la "media luna" dieron señales de acercamiento en sus discursos para restablecer el diálogo que se frustró el mes pasado, luego de que el prefecto Costas puso en marcha "leyes regionales".
Pero en Santa Cruz no sólo fueron asaltadas las entidades públicas, sino también hubo ataques al inmueble del Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS), ONG de donde provienen varios ministros y viceministros del Gobierno. Los aeropuertos El Trompillo y Viru Viru permanecen militarizados y al acecho, mientras anoche se instaló una vigilia en Migración.
Por la noche, grupos de jóvenes ingresaron a las instalaciones de Televisión Boliviana de la capital oriental y de Radio Patria Nueva y quemaron varios de sus equipos de producción. El canal estatal se mantuvo resguardado durante toda la jornada, pero las fuerzas del orden no estuvieron el momento en que los miembros de la UJC se abrían paso con bombas molotov.
Tarija es otro de los departamentos con mayores focos de conflicto. Van 16 días de bloqueos carreteros en el Chaco y ayer cívicos tomaron cinco reparticiones estatales, entre ellas el SIN, la Superintendencia de Hidrocarburos, el INRA, Migración y la Dirección General de la Coca (Digeco).
En Sucre los unionistas chuquisaqueños ocuparon la oficina regional del SIN. La Unión de Jóvenes de Sucre, encabezada por Lenin Roberto Sandóval, encadenó la puerta del inmueble dejando a oficiales de la Policía dentro del edificio. Frente a la inminente toma, minutos antes los funcionarios de la institución evacuaron los documentos en vehículos. Sandóval fue apresado y trasladado a La Paz hace unos meses y tiene un proceso legal pendiente en su contra.
En la capital beniana ocuparon ayer el aeropuerto Jorge Henrich y bloquearon la pista con camiones y tierra para evitar cualquier aterrizaje o salida. Las dependencias de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) también fueron ocupadas ayer. El aeropuerto de Riberalta permanece ocupado y sin tráfico aéreo. En Guayaramerín, en la mañana de ayer, una turba de activistas del Comité Cívico allanó violentamente las oficinas de la Aduana Nacional y también la terminal aérea.
Los cívicos de Riberalta también tomaron las oficinas de Televisión Boliviana, no pudieron ingresar pero las puertas del canal estatal quedaron destrozadas. Durante la tarde tomaron la regional de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y las oficinas de Entel y Migración.
En Cobija, los grupos cívicos ocuparon cinco instituciones: el INRA, Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Superintendencia Forestal.
Entretanto, en Villamontes, el Comité Cívico de esa ciudad tomó en la mañana de ayer las válvulas de seguridad (SDV) de la empresa Transierra, a 25 kilómetros al norte de esa ciudad, y pueden suspender el bombeo de gas natural a través del Gasoducto Yacuiba-Río Grande (Gasyrg), lo cual podría generar la paralización en la exportación del energético al Brasil. Los campos San Alberto y San Antonio son los principales proveedores de gas natural, ambos ubicados en la segunda y tercera sección del Gran Chaco.
Jóvenes en Sucre cierran oficinas de impuestos
Jóvenes de la Unión Juvenil de la Chuquisaqueñidad y seguidores del Comité Interinstitucional de Sucre tomaron ayer la sede del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de esa ciudad y encadenaron las puertas de ésta.
Los manifestantes colocaron candados a los ingresos y anunciaron que ésta es la primera de varias acciones que emprenderán contra instituciones del Estado hasta obtener la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El administrador de la oficina de Impuestos Nacionales en Sucre, Antonio Quispe, confirmó la vigilia y toma del predio, aunque sostuvo que buscará la normalización del servicio en la entidad recaudadora a la brevedad posible.
Los manifestantes estaban encabezados por el activista Roberto Lenin Sandóval, quien hace algunos meses fue detenido y conducido a La Paz por un comando del Ministerio de Gobierno. Además, en la toma de la entidad estatal estuvo Yamil Pilco, de la organización Conciencia Chuquisaca, quien fue imputado por la Fiscalía por los maltratos a campesinos el pasado 24 de mayo.
El departamento de Chuquisaca no ha participado de los bloqueos de caminos instruidos por el Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), puesto que la mayoría de la población campesina en ese departamento es afín al Gobierno de Morales. La toma de la sede del SIN no estaba planificada y se impulsó debido a la coyuntura de tomas y enfrentamientos que vivió el país en la jornada de ayer.
Ante la inminente ocupación por parte de los grupos afines a los cívicos, los funcionarios sacaron los documentos que son de mayor interés.
Las movilizaciones seguirán
Un día después de la intensa jornada de tomas institucionales, dirigentes cívicos de Beni y Pando informaron que se declararon en "vigilia permanente" y no descartaron la toma de más instituciones con miras a consolidar la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El presidente del Comité Cívico del Beni, Luis Alberto Melgar, a tiempo de explicar que la de ayer fue la primera jornada intensa por la toma de tres aeropuertos en ese departamento, manifestó que la población beniana está motivada y consciente de que ésta es una lucha que lleva varios meses.
Los cívicos no anunciaron oficialmente si continuarán las tomas de instituciones y dependencias estatales pero dejaron claro que mantendrán las movilizaciones hasta recuperar los impuestos del gas que el Gobierno destinó al pago de la Renta Dignidad para las personas mayores de 60 años.
El vicepresidente cívico del departamento de Pando, Ricardo Shimokawa, dijo que en su departamento " la población está completamente movilizada". Las tomas en esa región del país continuarán, puesto que, según dijo, decidieron que la movilización será indefinida hasta que se cumpla con sus demandas.
El prefecto pandino, Leopoldo Fernández, nombró a Gary von Boeck como director de una institución estatal tomada, el INRA. Consultado sobre la situación, Shimokawa explicó que esto se debe a que el tema agrario es una competencia concurrente entre el Gobierno y el departamento.
Los cívicos pandinos determinaron aplicar sus estatutos autonómicos y van a tomar decisiones sobre el futuro de las instituciones ocupadas hasta ayer.
En las regiones de Riberalta y Guayaramerín los representantes cívicos también aseguran que seguirán las tomas.
Al menos 22 entidades estatales fueron tomadas ayer en una de las jornadas más violentas.
Cuestionan a ministros
Algunos sectores sociales y la oposición critican y cuestionan la designación de los nuevos ministros de Gobierno que fueron posesionados el lunes. Los campesinos de las 20 provincia de La Paz tomaron las instalaciones de la Prefectura de este departamento y piden la destitución de autoridades.
A las 13.30 de ayer, un grupo de dirigentes campesinos de las provincias paceñas ingresaron al palacio prefectural para pedir a Pablo Ramos que destituya al director de Caminos, Ramiro Carrasco, y a otras autoridades.
Los indígenas demandan que estos cargos sean ocupados por algunos de sus integrantes y profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés, a este descontento se suma la disconformidad de los nuevos integrantes del gabinete presidencial.
El presidente Evo Morales posesionó el lunes a cinco autoridades. En reemplazo del ministro de Salud y Deportes, Wálter Sélum Rivero, fue posesionado Ramiro Tapia; Graciela Toro, quien desempeñaba el cargo de ministra de Planificación del Desarrollo, fue reemplazada por Carlos Villegas.
El nuevo ministro de Hidrocarburos es Saúl Ávalos, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente está ocupado por Carlos Romero, y Susana Rivero es de Producción y Microempresa.
Estas designaciones causó malestar en algunos dirigentes. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, afirmó que en el Gobierno hay algunos "infiltrados" que están inciertos en el Poder Ejecutivo y que no tienen la esencia de la revolución.
"No tienen la convicción ni la identidad de pueblo, sino se aprovechan de la coyuntura y eso no podemos permitir, (...) para qué decir nombres si no somos escuchados".
El dirigente campesino y constituyente Román Loayza dijo que insistirán en la salida del Gobierno de autoridades como los ministros Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada, Luis Arce Catacora, Walker San Miguel y Susana Rivero.
Aunque los representantes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) aceptaron la decisión del Mandatario, algunas organizaciones que la integran cuestionaron los cambios. Es el caso de la Confederación de Colonizadores de Bolivia. Su dirigente, Fidel Surco, dijo que "como sectores podemos sugerir, pero esa es una determinación del Presidente de la República, lo único que vamos a pedir es que haya una mejor coordinación".
El presidente del Senado, Jorge Ortiz (Podemos), manifestó su preocupación porque la gente que está asumiendo cargos importantes no refleja la capacidad ni el conocimiento para encarar los problemas del país.
El vocero de palacio, Iván Canelas, aseguró que la ley establece que la potestad para las designaciones de los ministros recae sobre el Presidente.
Saldo de daños
SE EXTIENDE: No sólo las entidades de ciudades capitales fueron blanco de los cívicos.
VIOLENCIA: Cívicos tomaron los aeropuertos de Trinidad, Riberalta y Guayaramerín.
DESTROZOS: Los grupos radicales también atacaron a Televisión Boliviana y radio Patria Nueva.
SIN CIFRAS: No se tienen información precisa sobre la cantidad de heridos en estos incidentes.
SOCORRO: Los medios televisivos mostraron la evacuación de militares y policías heridos.
AGRESIÓN: Los civiles también fueron alcanzados por gases.
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