El problema no es la unidad, es el liderazgo
Hace 1 semana
viernes, 31 de octubre de 2008
"Aquí no hay escasez, hay abundancia"
"Aquí no hay escasez, hay abundancia"
Palabras del ministro de hidrocarburos al ser consultado sobre la aguda escasez de combustibles a que está sometida Santa Cruz por el gobierno de Evo Morales. Mientras, transportistas y amas de casa esperan en vano para comprar unos pocos litros de diesel o una garrafa de gas para cocinar...
Branko Marinkovic habla sobre la realidad del gobierno evista
Branko Marinkovic, cuenta la realidad de Bolivia en el mundo
Más detenciones en Pando ponen en alerta a la población
Una nueva serial de detenciones en Pando son cuestionadas, puesto que acusan al Gobierno nacional de intentar provocar a la población para que se levante y se amplíe el Estado de Sitio en la región. Familiares de los detenidos se mantienen en una total incertidumbre, esperan que el trato en el cuartel de Viacha no sea violento y respeten sus garantías constitucionales.
La detención de los funcionarios públicos durante estos últimos días, radica en una supuesta relación en la participación de la violencia desatada en la localidad de El Porvenir, además de haber alentado el Estado de Sitio.
Los últimos siete detenidos llegaron ayer desde Cobija hasta la ciudad de La Paz al promediar las 19:30, resguardados en medio de una fuerte custodia policial, quienes fueron trasladados inmediatamente hasta el cuartel de Viacha, donde actualmente los mantienen como confinados.
La mayoría son funcionarios del Gobierno Departamental de Pando, al respecto, el senador de la región, Paulo Bravo, manifestó su preocupación ante las intensas detenciones, resaltando que más allá de todo, no se puede detener a personas que fueron electas por el soberano, esto en relación a los alcaldes de Bolpebra y de El Porvenir.
Así mismo, agregó que más allá de ser consejeros departamentales o cuñados, excusó que las personas no tuvieron participación alguna, puesto que la actuación que están realizando, es para que la población se levante y que el Gobierno nacional mantenga el Estado de Sitio, con una posible ampliación.
"Estamos viviendo un estado de terror en el departamento, los confinados en el cuartel de Viacha son bien tratados (...) la mayoría son funcionarios administrativos que no participaron en El Porvenir", afirmó Bravo.
Así mismo, sostuvo que lo que están pidiendo es que se actúe conforme a la ley y que se paren las detenciones, puesto que lamentablemente hasta el momento, todos los que fueron detenidos el pasado mes de septiembre, hasta ahora no fueron enjuiciados.
De su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, cuestionó las detenciones y las calificó como persecución política, responsabilizando de manera directa al Gobierno nacional, "las detenciones no tienen nada que ver con lo sucedido el pasado 11 de septiembre", puntualizó
Sin embargo, el MAS, a la cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, aclara que las personas detenidas no respetaron el estado de excepción, además agregó que la paz y la tranquilidad estará garantizada.
EL DATO
REFERÉNDUM. El vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, afirma que como organismo electoral en Pando, se verán afectados, puesto que no se llevaría adelante el referéndum si es que no se suspende el Estado de Sitio. "La Corte Departamental de Pando tiene una posición de no llevar adelante el proceso de referéndum en la región".
DETENIDOS
Abel Janco, constituyente de Podemos. Sábado
Máximo Ayllón. Alcalde de Bolpebra. Martes
Homer Polanco. Alcalde de El Porvenir. Martes
Melitón Brito. Cuñado de Leopoldo Fernández. Martes
Marcelo Mejido. Cajero del Sepcam. Miércoles
Rosendo Domínguez. Encargado de Suministros del Sepcam.
Gerardo Aliaga. Administrador del Sepcam.
Germán Herrera. Aserradero de El Porvenir.
José Coelho. Cajero de la Prefectura.
NN Piño. Portero
Marcelo Ñoza. Comunario de El Porvenir.
Fuente
La detención de los funcionarios públicos durante estos últimos días, radica en una supuesta relación en la participación de la violencia desatada en la localidad de El Porvenir, además de haber alentado el Estado de Sitio.
Los últimos siete detenidos llegaron ayer desde Cobija hasta la ciudad de La Paz al promediar las 19:30, resguardados en medio de una fuerte custodia policial, quienes fueron trasladados inmediatamente hasta el cuartel de Viacha, donde actualmente los mantienen como confinados.
La mayoría son funcionarios del Gobierno Departamental de Pando, al respecto, el senador de la región, Paulo Bravo, manifestó su preocupación ante las intensas detenciones, resaltando que más allá de todo, no se puede detener a personas que fueron electas por el soberano, esto en relación a los alcaldes de Bolpebra y de El Porvenir.
Así mismo, agregó que más allá de ser consejeros departamentales o cuñados, excusó que las personas no tuvieron participación alguna, puesto que la actuación que están realizando, es para que la población se levante y que el Gobierno nacional mantenga el Estado de Sitio, con una posible ampliación.
"Estamos viviendo un estado de terror en el departamento, los confinados en el cuartel de Viacha son bien tratados (...) la mayoría son funcionarios administrativos que no participaron en El Porvenir", afirmó Bravo.
Así mismo, sostuvo que lo que están pidiendo es que se actúe conforme a la ley y que se paren las detenciones, puesto que lamentablemente hasta el momento, todos los que fueron detenidos el pasado mes de septiembre, hasta ahora no fueron enjuiciados.
De su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, cuestionó las detenciones y las calificó como persecución política, responsabilizando de manera directa al Gobierno nacional, "las detenciones no tienen nada que ver con lo sucedido el pasado 11 de septiembre", puntualizó
Sin embargo, el MAS, a la cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, aclara que las personas detenidas no respetaron el estado de excepción, además agregó que la paz y la tranquilidad estará garantizada.
EL DATO
REFERÉNDUM. El vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, afirma que como organismo electoral en Pando, se verán afectados, puesto que no se llevaría adelante el referéndum si es que no se suspende el Estado de Sitio. "La Corte Departamental de Pando tiene una posición de no llevar adelante el proceso de referéndum en la región".
DETENIDOS
Abel Janco, constituyente de Podemos. Sábado
Máximo Ayllón. Alcalde de Bolpebra. Martes
Homer Polanco. Alcalde de El Porvenir. Martes
Melitón Brito. Cuñado de Leopoldo Fernández. Martes
Marcelo Mejido. Cajero del Sepcam. Miércoles
Rosendo Domínguez. Encargado de Suministros del Sepcam.
Gerardo Aliaga. Administrador del Sepcam.
Germán Herrera. Aserradero de El Porvenir.
José Coelho. Cajero de la Prefectura.
NN Piño. Portero
Marcelo Ñoza. Comunario de El Porvenir.
Fuente
Hay seis nuevos detenidos; orden judicial no se acatará
Pando. El fiscal General de la República, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo que favorece a Leopoldo Fernández y dispone su traslado a Sucre. El Gobierno insiste en que la sentencia dictada en Sucre es ilegal
Por tercer día consecutivo, el Gobierno realizó detenciones en Pando a personas supuestamente implicadas en los hechos de violencia de septiembre. Ayer fueron seis los que se sumaron a los confinados del cuartel paceño de Viacha, entre ellos cuatro funcionarios de la Prefectura, un empleado de un aserradero en Porvenir y un presunto comunicador de esta misma población.
Desde el sábado hasta ayer se detuvieron 11 personas. Los detenidos de la pasada jornada son: Rosendo Domínguez, encargado de almacen en el Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Pando; Gerardo Aliaga Paredes, funcionario del Sepcam; José Herrera, un poblador de Porvenir que trabajaba en un aserradero; José Cohelo, el cajero de la Prefectura pandina; Horman Dino Soria, funcionario prefectural, y Marcelo Moza Duri, supuesto comunicador de Porvenir.
Mientras estos operativos militares continúan en la Perla del Acre y el jefe de Estado Mayor, José Prudencio, señala que en este departamento, al estar en estado de sitio, ‘cualquier cosa puede pasar’, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, ratificó ayer nuevamente que no cumplirá con la orden judicial de trasladar a Sucre al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro (La Paz).
“Este fallo ilegal que emitió la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema es de cumplimiento imposible, porque el fiscal General no tiene el cuaderno de investigaciones y lo hizo conocer el día de la audiencia; además, dijo que el proceso era ordinario y, en tercer lugar, solicitó apartarse del caso porque corresponde a la justicia ordinaria”, afirmó San Miguel.
Horas después de las afirmaciones del ministro, la máxima autoridad del Ministerio Público, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, que en días pasados aceptó el hábeas corpus presentado por los abogados de Fernández para que éste sea trasladado a la capital del país y lo procesen a través de un juicio de responsabilidades, aunque espera la respuesta de un pedido de complementación y enmienda que hizo al fallo.
“El tribunal de hábeas corpus es el que determinó aquéllo (reasumir las investigaciones del caso Pando) y obviamente que estas decisiones se deben cumplir por mandato legal”, sostuvo Uribe y negó que hubiera tratado de apartarse de las investigaciones en este proceso.
San Miguel anunció que él iniciará un juicio por prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes y tráfico de influencias en contra de los vocales chuquisaqueños Elena Lowental y Oswaldo Fong Roca, que de concretarse la amenaza del ministro serían tres los procesos en los que son acusados.
Ayer, el abogado de Fernández, Karlo Brito, señaló que las autoridades que no cumplan el mandato judicial pueden ser procesadas, pero no mencionó cuándo serán notificadas oficialmente. Desde Sucre se informó de que estos documentos fueron entregados ayer y que el plazo vence hoy.
San Miguel, recordó que en su ausencia el ministro interino de Defensa, Juan Ramón Quintana, y la ministra interina de Gobierno, Celima Torrico, tampoco fueron notificados y recordó que inexcusablemente la parte recurrida (en este caso los ministros) podía haber quedado ausente de la audiencia.
Por otro lado, el vicepresidente, Álvaro García Linera, pidió a los jueces de la Corte Suprema no interferir en las investigaciones que realiza la comisión especial multipartidaria respecto a este caso. “Aquí hay una creciente injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, precisó García Linera.
Acusó a ‘algunos jueces’ del máximo tribunal del país de buscar la manera de interferir en la investigación, y recordó que el fiscal General entregó el expediente y los cuadernos a la comisión congresal para indagar este caso.
Parlamentarios, como el senador Carlos Börth (Podemos), calificaron el hecho como una maraña política y señalaron que el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca debe ser cumplido.
Brasil recibió 34 pedidos de asilo
El Ministerio de Defensa confirmó ayer la existencia de 34 solicitudes de refugio político que ciudadanos pandinos presentaron al Gobierno del Brasil tras la declaratoria de estado de sitio en Pando, a raíz de los hechos violentos del 11 de septiembre en la población de Porvenir.
El titular de esa cartera de Estado, Walker San Miguel, que estuvo del 27 al 29 de octubre en Brasilia, informó de que las autoridades del país vecino le confirmaron estos pedidos de asilo político, que se encuentran en trámite inicial.
San Miguel considera que el Gobierno brasileño debe hacer una valoración adecuada de esas solicitudes, las mismas que serán respetadas por las autoridades bolivianas, que enviarán informes de lo que ocurrió en Pando.
“Daremos toda la documentación necesaria de lo que se está investigando, sobre todo de las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas”, manifestó el ministro.
Al menos 700 pandinos se encuentran en el municipio de Brasilea, donde huyeron luego de la vigencia del estado de sitio, el 12 de septiembre pasado. La cantidad de desplazados puede crecer, puesto que muchos nuevamente están cruzando la frontera por temor a ser detenidos.
Los confinados
12 de septiembre. Felipe Bigabriel Villarroel, José Antonio Salinas Bazán, Adhemar Herrera Guerra, Juan Gualberto Mejido Ruiz, Oswaldo Valdivia Abariega, Néstor da Silva Rivero, Hugo Apaza Sahonero, Jean Franco Égüez, Gabriel René Delgadillo Arias, Óscar Rubén Franco Tuno, Agapito Vira Cuéllar, William Muzuco Rodríguez, Felsín Fernández Medina y Dilson Achipa Cuéllar.
28 de octubre. Abel Janco, Homer Polanco, Máximo Ayllón y Melitón Brito.
29 de octubre. Juan Alberto Medijo Ruiz
30 de octubre. Rosendo Domínguez, Gerardo Aliaga Paredes, José Herrera Aguilera, José Cohelo, Marcelo Moza Duri y Horman Dino Soria.
Fuente
Por tercer día consecutivo, el Gobierno realizó detenciones en Pando a personas supuestamente implicadas en los hechos de violencia de septiembre. Ayer fueron seis los que se sumaron a los confinados del cuartel paceño de Viacha, entre ellos cuatro funcionarios de la Prefectura, un empleado de un aserradero en Porvenir y un presunto comunicador de esta misma población.
Desde el sábado hasta ayer se detuvieron 11 personas. Los detenidos de la pasada jornada son: Rosendo Domínguez, encargado de almacen en el Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Pando; Gerardo Aliaga Paredes, funcionario del Sepcam; José Herrera, un poblador de Porvenir que trabajaba en un aserradero; José Cohelo, el cajero de la Prefectura pandina; Horman Dino Soria, funcionario prefectural, y Marcelo Moza Duri, supuesto comunicador de Porvenir.
Mientras estos operativos militares continúan en la Perla del Acre y el jefe de Estado Mayor, José Prudencio, señala que en este departamento, al estar en estado de sitio, ‘cualquier cosa puede pasar’, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, ratificó ayer nuevamente que no cumplirá con la orden judicial de trasladar a Sucre al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro (La Paz).
“Este fallo ilegal que emitió la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema es de cumplimiento imposible, porque el fiscal General no tiene el cuaderno de investigaciones y lo hizo conocer el día de la audiencia; además, dijo que el proceso era ordinario y, en tercer lugar, solicitó apartarse del caso porque corresponde a la justicia ordinaria”, afirmó San Miguel.
Horas después de las afirmaciones del ministro, la máxima autoridad del Ministerio Público, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, que en días pasados aceptó el hábeas corpus presentado por los abogados de Fernández para que éste sea trasladado a la capital del país y lo procesen a través de un juicio de responsabilidades, aunque espera la respuesta de un pedido de complementación y enmienda que hizo al fallo.
“El tribunal de hábeas corpus es el que determinó aquéllo (reasumir las investigaciones del caso Pando) y obviamente que estas decisiones se deben cumplir por mandato legal”, sostuvo Uribe y negó que hubiera tratado de apartarse de las investigaciones en este proceso.
San Miguel anunció que él iniciará un juicio por prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes y tráfico de influencias en contra de los vocales chuquisaqueños Elena Lowental y Oswaldo Fong Roca, que de concretarse la amenaza del ministro serían tres los procesos en los que son acusados.
Ayer, el abogado de Fernández, Karlo Brito, señaló que las autoridades que no cumplan el mandato judicial pueden ser procesadas, pero no mencionó cuándo serán notificadas oficialmente. Desde Sucre se informó de que estos documentos fueron entregados ayer y que el plazo vence hoy.
San Miguel, recordó que en su ausencia el ministro interino de Defensa, Juan Ramón Quintana, y la ministra interina de Gobierno, Celima Torrico, tampoco fueron notificados y recordó que inexcusablemente la parte recurrida (en este caso los ministros) podía haber quedado ausente de la audiencia.
Por otro lado, el vicepresidente, Álvaro García Linera, pidió a los jueces de la Corte Suprema no interferir en las investigaciones que realiza la comisión especial multipartidaria respecto a este caso. “Aquí hay una creciente injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, precisó García Linera.
Acusó a ‘algunos jueces’ del máximo tribunal del país de buscar la manera de interferir en la investigación, y recordó que el fiscal General entregó el expediente y los cuadernos a la comisión congresal para indagar este caso.
Parlamentarios, como el senador Carlos Börth (Podemos), calificaron el hecho como una maraña política y señalaron que el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca debe ser cumplido.
Brasil recibió 34 pedidos de asilo
El Ministerio de Defensa confirmó ayer la existencia de 34 solicitudes de refugio político que ciudadanos pandinos presentaron al Gobierno del Brasil tras la declaratoria de estado de sitio en Pando, a raíz de los hechos violentos del 11 de septiembre en la población de Porvenir.
El titular de esa cartera de Estado, Walker San Miguel, que estuvo del 27 al 29 de octubre en Brasilia, informó de que las autoridades del país vecino le confirmaron estos pedidos de asilo político, que se encuentran en trámite inicial.
San Miguel considera que el Gobierno brasileño debe hacer una valoración adecuada de esas solicitudes, las mismas que serán respetadas por las autoridades bolivianas, que enviarán informes de lo que ocurrió en Pando.
“Daremos toda la documentación necesaria de lo que se está investigando, sobre todo de las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas”, manifestó el ministro.
Al menos 700 pandinos se encuentran en el municipio de Brasilea, donde huyeron luego de la vigencia del estado de sitio, el 12 de septiembre pasado. La cantidad de desplazados puede crecer, puesto que muchos nuevamente están cruzando la frontera por temor a ser detenidos.
Los confinados
12 de septiembre. Felipe Bigabriel Villarroel, José Antonio Salinas Bazán, Adhemar Herrera Guerra, Juan Gualberto Mejido Ruiz, Oswaldo Valdivia Abariega, Néstor da Silva Rivero, Hugo Apaza Sahonero, Jean Franco Égüez, Gabriel René Delgadillo Arias, Óscar Rubén Franco Tuno, Agapito Vira Cuéllar, William Muzuco Rodríguez, Felsín Fernández Medina y Dilson Achipa Cuéllar.
28 de octubre. Abel Janco, Homer Polanco, Máximo Ayllón y Melitón Brito.
29 de octubre. Juan Alberto Medijo Ruiz
30 de octubre. Rosendo Domínguez, Gerardo Aliaga Paredes, José Herrera Aguilera, José Cohelo, Marcelo Moza Duri y Horman Dino Soria.
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Las cortes hallan miles de votos que fueron irregulares
La CNE instruyó a las 9 cortes departamentales que realicen controles locales de sus padrones. En el caso de Beni y Pando, detectaron casos de ciudadanos que votaron en el revocatorio y que no aparecen en las listas del Registro Civil.
Un proceso regionalizado de revisión interna del padrón, instruido por la Corte Nacional Electoral (CNE), detectó hasta la fecha cerca de 10.000 votos irregulares en Pando, Beni y Tarija, según revelaron ayer autoridades de estos tres departamentos.
El proceso de control, que se constituye en un anticipo a la auditoría encargada a los organismos internacionales, como parte de los requisitos para realizar el referéndum constitucional del 25 de enero, aún se encuentra en medio camino, pero los primeros resultados confirman que hubo irregularidades en la votación del 10 de agosto, cuando se realizó el referéndum revocatorio de mandato para el Presidente, el Vicepresidente y los prefectos .
Sólo en Beni, se detectaron 7.000 casos irregulares, que incluyen a personas que votaron en ese proceso y que no aparecen en el Registro Civil, y otras que realizaron doble votación, según informó ayer a La Razón la vocal de la Corte Departamental Electoral (CDE) de esa región, Zulema Gutiérrez.
“Nosotros estamos haciendo una revisión interna (del padrón) y hemos recibido el apoyo de un funcionario de la Corte Nacional, con el que estamos realizando un trabajo coordinado de verificación de datos. hemos detectado más de 7.000 casos irregulares y continuamos con esta tarea”, aseveró la autoridad beniana.
El padrón departamental del Beni registra a 148.770 ciudadanos habilitados para votar, lo que significa que el 4,7% se encuentra observado. “En este caso son personas que no han sido encontradas en el Registro Civil, en una verificación que hacemos manualmente”, explicó Gutiérrez.
Además, dijo que hay casos de ciudadanos con problemas de errores de transcripción en sus datos y otros con doble carnet de identidad. “Por eso hemos solicitado a Identificaciones que nos proporcione datos de la carnetización gratuita que han realizado, para poder comparar con el padrón, pero no hemos recibido respuesta, pese a la solicitud”.
En el caso de Pando ocurre algo similar. El presidente de la CDE de ese departamento, Elías Valdez, dijo que se detectaron irregularidades en el 6% del padrón departamental, que llega a 34.000 ciudadanos inscritos.
“Nosotros hemos hecho el cruce de datos entre el Padrón Electoral y el Registro Civil, y hemos encontrado 2.000 casos con carnets duplicados y también personas que si bien están (inscritas) en el Padrón Electoral, no están en el Registro Civil”, señaló.
Anunció que esa información será entregada a la comisión internacional encargada de la auditoría a nivel nacional.
En Tarija, la Corte Departamental detectó 800 casos sospechosos que decidió analizar para determinar si son irregulares. “Estamos haciendo algunas verificaciones con estos casos de homónimos perfectos, homónimos casi perfectos y otros, por instructivas de la Corte Nacional...son cerca de 800 casos que tenemos, que se están revisando y verificando su documentación”, explicó el presidente de la CDE, Miguel Ángel Guzmán.
Al igual que en el caso de Beni y Pando, el vocal dijo que aún no recibieron la visita de la comisión internacional encargada de la auditoría. Tampoco llegaron los auditores a Oruro ni a Chuquisaca, según verificó La Razón.
La vicepresidenta de la Corte Departamental de Oruro, Tania Zamorano, informó que también realizan el trabajo de control del padrón, aunque a diferencia de las otras cortes, “hasta la fecha no se han detectado casos irregulares”. Calculó que su labor concluirá dentro de una semana.
En otras cortes departamentales también avanza el proceso de verificación previo a la auditoría internacional. En Santa Cruz existen denuncias sobre miles de presuntos votos irregulares emitidos durante el referéndum revocatorio de mandato, al igual que en La Paz, donde fue revocado de su cargo el ex prefecto José Luis Paredes.
ANTECEDENTES
Denuncia • El equipo jurídico de la Prefectura de La Paz denunció que pudo detectar 70.000 casos de inscripciones irregulares en el Padrón Electoral, entre ellas dobles inscripciones y homónimos perfectos repetidos varias veces.
OEA • La OEA detectó en el referéndum revocatorio irregularidades como la violación del voto secreto, la difusión de propaganda en recintos electorales y casos de ciudadanos que no sufragaron pese a cumplir requisitos.
Parlamento • La diputada Ninoska Lazarte (Podemos) hizo reiteradas denuncias sobre irregularidades que detectó en el sistema de carnetización. Incluso llegó a sacar un documento de identidad con otro nombre.
Recinto • Poco antes de que se realice el referéndum revocatorio de mandato, La Razón reveló que se entregaban cédulas de identidad en oficinas de campaña del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba.
Fuente
Un proceso regionalizado de revisión interna del padrón, instruido por la Corte Nacional Electoral (CNE), detectó hasta la fecha cerca de 10.000 votos irregulares en Pando, Beni y Tarija, según revelaron ayer autoridades de estos tres departamentos.
El proceso de control, que se constituye en un anticipo a la auditoría encargada a los organismos internacionales, como parte de los requisitos para realizar el referéndum constitucional del 25 de enero, aún se encuentra en medio camino, pero los primeros resultados confirman que hubo irregularidades en la votación del 10 de agosto, cuando se realizó el referéndum revocatorio de mandato para el Presidente, el Vicepresidente y los prefectos .
Sólo en Beni, se detectaron 7.000 casos irregulares, que incluyen a personas que votaron en ese proceso y que no aparecen en el Registro Civil, y otras que realizaron doble votación, según informó ayer a La Razón la vocal de la Corte Departamental Electoral (CDE) de esa región, Zulema Gutiérrez.
“Nosotros estamos haciendo una revisión interna (del padrón) y hemos recibido el apoyo de un funcionario de la Corte Nacional, con el que estamos realizando un trabajo coordinado de verificación de datos. hemos detectado más de 7.000 casos irregulares y continuamos con esta tarea”, aseveró la autoridad beniana.
El padrón departamental del Beni registra a 148.770 ciudadanos habilitados para votar, lo que significa que el 4,7% se encuentra observado. “En este caso son personas que no han sido encontradas en el Registro Civil, en una verificación que hacemos manualmente”, explicó Gutiérrez.
Además, dijo que hay casos de ciudadanos con problemas de errores de transcripción en sus datos y otros con doble carnet de identidad. “Por eso hemos solicitado a Identificaciones que nos proporcione datos de la carnetización gratuita que han realizado, para poder comparar con el padrón, pero no hemos recibido respuesta, pese a la solicitud”.
En el caso de Pando ocurre algo similar. El presidente de la CDE de ese departamento, Elías Valdez, dijo que se detectaron irregularidades en el 6% del padrón departamental, que llega a 34.000 ciudadanos inscritos.
“Nosotros hemos hecho el cruce de datos entre el Padrón Electoral y el Registro Civil, y hemos encontrado 2.000 casos con carnets duplicados y también personas que si bien están (inscritas) en el Padrón Electoral, no están en el Registro Civil”, señaló.
Anunció que esa información será entregada a la comisión internacional encargada de la auditoría a nivel nacional.
En Tarija, la Corte Departamental detectó 800 casos sospechosos que decidió analizar para determinar si son irregulares. “Estamos haciendo algunas verificaciones con estos casos de homónimos perfectos, homónimos casi perfectos y otros, por instructivas de la Corte Nacional...son cerca de 800 casos que tenemos, que se están revisando y verificando su documentación”, explicó el presidente de la CDE, Miguel Ángel Guzmán.
Al igual que en el caso de Beni y Pando, el vocal dijo que aún no recibieron la visita de la comisión internacional encargada de la auditoría. Tampoco llegaron los auditores a Oruro ni a Chuquisaca, según verificó La Razón.
La vicepresidenta de la Corte Departamental de Oruro, Tania Zamorano, informó que también realizan el trabajo de control del padrón, aunque a diferencia de las otras cortes, “hasta la fecha no se han detectado casos irregulares”. Calculó que su labor concluirá dentro de una semana.
En otras cortes departamentales también avanza el proceso de verificación previo a la auditoría internacional. En Santa Cruz existen denuncias sobre miles de presuntos votos irregulares emitidos durante el referéndum revocatorio de mandato, al igual que en La Paz, donde fue revocado de su cargo el ex prefecto José Luis Paredes.
ANTECEDENTES
Denuncia • El equipo jurídico de la Prefectura de La Paz denunció que pudo detectar 70.000 casos de inscripciones irregulares en el Padrón Electoral, entre ellas dobles inscripciones y homónimos perfectos repetidos varias veces.
OEA • La OEA detectó en el referéndum revocatorio irregularidades como la violación del voto secreto, la difusión de propaganda en recintos electorales y casos de ciudadanos que no sufragaron pese a cumplir requisitos.
Parlamento • La diputada Ninoska Lazarte (Podemos) hizo reiteradas denuncias sobre irregularidades que detectó en el sistema de carnetización. Incluso llegó a sacar un documento de identidad con otro nombre.
Recinto • Poco antes de que se realice el referéndum revocatorio de mandato, La Razón reveló que se entregaban cédulas de identidad en oficinas de campaña del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba.
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Alan criticó de nuevo a Evo por injerencia
El presidente de Perú, Alan García, consideró ayer que las declaraciones del jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, manifestando su apoyo a los movimientos de izquierda de América Latina, suponen inmiscuirse en asuntos de otros países y “una falta de respeto a los pueblos".
‘Me parece que hay que diferenciar el que uno sea un dirigente político, y como dirigente político y ciudadano de América Latina, uno tiene derecho a apoyar a todos los amigos políticos que tenga; pero cuando uno es jefe de Estado, impone responsabilidades que impiden inmiscuirse o entrar en los temas internos", aseveró.
Morales, a su llegada a El Salvador, expresó su respaldo al ‘movimiento revolucionario’ de la región.
Fuente
‘Me parece que hay que diferenciar el que uno sea un dirigente político, y como dirigente político y ciudadano de América Latina, uno tiene derecho a apoyar a todos los amigos políticos que tenga; pero cuando uno es jefe de Estado, impone responsabilidades que impiden inmiscuirse o entrar en los temas internos", aseveró.
Morales, a su llegada a El Salvador, expresó su respaldo al ‘movimiento revolucionario’ de la región.
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Quintana es un Montesinos, dice Ruiz
El senador de Podemos Roberto Ruiz Bass Werner comparó ayer al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con Vladimiro Montesinos, lugarteniente del ex presidente del Perú Alberto Fujimori y acusado de manejar en su país una guardia de mercenarios para proteger actos de corrupción.
“El gran responsable de todo esto, en mi criterio, es el jefe de la pandilla bonapartista, el Vladimiro Montesinos de ese régimen, que es el capitán Quintana”, señaló Bass Werner, al comentar las que considera una cadena de irregularidades cometidas por el Gobierno en el caso de la violencia que se desató en Pando y que acabó con 15 muertos y el prefecto de esa región en la cárcel.
“No, acá no tenemos un Fujimori y, por lo tanto, no hay un Montesinos y tampoco hay Sendero Luminoso; entonces, es una situación totalmente diferente ”, respondió el jefe de bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas.
Montesinos y Quintana son ex capitanes dados de baja.
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“El gran responsable de todo esto, en mi criterio, es el jefe de la pandilla bonapartista, el Vladimiro Montesinos de ese régimen, que es el capitán Quintana”, señaló Bass Werner, al comentar las que considera una cadena de irregularidades cometidas por el Gobierno en el caso de la violencia que se desató en Pando y que acabó con 15 muertos y el prefecto de esa región en la cárcel.
“No, acá no tenemos un Fujimori y, por lo tanto, no hay un Montesinos y tampoco hay Sendero Luminoso; entonces, es una situación totalmente diferente ”, respondió el jefe de bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas.
Montesinos y Quintana son ex capitanes dados de baja.
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jueves, 30 de octubre de 2008
"Presidente, cumpla la ley"
El legalmente libre sigue ilegalmente encarcelado por el gobierno. La Corte Suprema de Justicia de Bolivia dictaminó la libertad de Leopoldo Fernández, pero el gobierno de Evo Morales se niega a obedecer la ley y lo mantiene preso, preso político.
Grupos de choque alentados por el MAS agreden a periodistas en La Paz
Ayer en horas de la tarde en la ciudad de La Paz periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron agredidos por un grupo de choque alentados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes de la agresión verbal pasó a la agresión física a los trabajadores de la prensa.
Cerca de las 13.15 horas aparecieron entre 25 a 30 personas que agredieron de forma verbal a los periodistas que se encontraban apostados en inmediaciones de la cárcel de San Pedro, esperando la salida de ese recinto al jefe de la misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investiga la matanza de Porvenir, señor Rodolfo Mattarollo.
Primero arremetieron en contra de una periodista de la Red Uno, después de esta cobarde agresión estas personas agredierion al periodista de la Red Erbol a quien lo patearon por detrás. No conforme con ello, el principal instigador de esta turba, quien se identificó como diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), amenazó al periodista de Erbol con buscarlo después.
“A vos te conozco, en cualquier momento te voy agarrar porque tú me estabas filmando”, le dijo el agresor, a lo que el periodista respondió “estás equivocado, yo soy periodista de radio, no de televisión”.
Quince minutos después, este mismo sujeto, se acercó al coronel de la Policía de apellido Hinojosa a quien le ordenó que alejara a los periodistas que se encontraban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro.
El policía, extrañamente, cumplió la orden y obligó a los periodistas a retirarse del lugar unos metros más allá para evitar, según él, mayores incidentes. Después de esto, esta turba, bajo la dirección de este presunto diputado masista, volvió a agredir a los trabajadores de la prensa, esta vez con mayor violencia. Entre los agredidos están periodistas de La Prensa, Laser 98 y camarógrafos de Católica Televisión, Unitel y ATB.
Es en ese momento que un sujeto, por instrucción del supuesto parlamentario, le arrebató al periodista de la Red Erbol su grabadora, indicándole que no iba a devolverle y después le pateó en la pierna.
Ante esta situación la Red Erbol emitió un comunicado a la conciencia pública, exigiendo al Gobierno del MAS identificar y pedir a esas dos personas, que son miembros de sus grupos de choque, devolver el instrumento de trabajo del periodista y garantizar las labores periodísticas de la Red Erbol en el marco de las normas constitucionales y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Fuente
Masistas y ponchos rojos agredieron a los periodistas
El agitador oficialista Adolfo Cerrudo incumplió la orden judicial de acercarse a los trabajadores de la prensa y volvió a golpear ayer a varios periodistas. La Federación sentará hoy la denuncia.
Una veintena de periodistas fueron golpeados brutalmente por una turba de movimientos sociales afines al gobernante MAS en inmediaciones de la cárcel de San Pedro y sustrajeron, además, la grabadora digital de uno de los reporteros de la red Erbol.
Los trabajadores de los medios de comunicación realizaban la cobertura en una de las esquinas del recinto penitenciario donde se encuentra detenido preventivamente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien debe ser trasladado a la ciudad de Sucre por orden de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
A las 13.00, la periodista de la red Uno, Melisa Ibarra, fue agredida por miembros del autodenominado Comité Cívico Popular. El periodista de radio Erbol, Jonatán Condori, salió en defensa de su colega y recibió una patada de los enardecidos manifestantes que se congregaron en el lugar para impedir la salida del ex prefecto pandino.
Los más perjudicados fueron Juan José Estrada, de Católica Televisión, y Javier Alanoca de la red ATB, quien recibió una paliza del conocido instigador, Adolfo Cerrudo, quien lo golpeó pese a tener un compromiso firmado ante las autoridades judiciales para no acercarse a ningún miembro de la prensa.
El principal instigador se identificó como parlamentario del MAS. ANF
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Cerca de las 13.15 horas aparecieron entre 25 a 30 personas que agredieron de forma verbal a los periodistas que se encontraban apostados en inmediaciones de la cárcel de San Pedro, esperando la salida de ese recinto al jefe de la misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investiga la matanza de Porvenir, señor Rodolfo Mattarollo.
Primero arremetieron en contra de una periodista de la Red Uno, después de esta cobarde agresión estas personas agredierion al periodista de la Red Erbol a quien lo patearon por detrás. No conforme con ello, el principal instigador de esta turba, quien se identificó como diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), amenazó al periodista de Erbol con buscarlo después.
“A vos te conozco, en cualquier momento te voy agarrar porque tú me estabas filmando”, le dijo el agresor, a lo que el periodista respondió “estás equivocado, yo soy periodista de radio, no de televisión”.
Quince minutos después, este mismo sujeto, se acercó al coronel de la Policía de apellido Hinojosa a quien le ordenó que alejara a los periodistas que se encontraban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro.
El policía, extrañamente, cumplió la orden y obligó a los periodistas a retirarse del lugar unos metros más allá para evitar, según él, mayores incidentes. Después de esto, esta turba, bajo la dirección de este presunto diputado masista, volvió a agredir a los trabajadores de la prensa, esta vez con mayor violencia. Entre los agredidos están periodistas de La Prensa, Laser 98 y camarógrafos de Católica Televisión, Unitel y ATB.
Es en ese momento que un sujeto, por instrucción del supuesto parlamentario, le arrebató al periodista de la Red Erbol su grabadora, indicándole que no iba a devolverle y después le pateó en la pierna.
Ante esta situación la Red Erbol emitió un comunicado a la conciencia pública, exigiendo al Gobierno del MAS identificar y pedir a esas dos personas, que son miembros de sus grupos de choque, devolver el instrumento de trabajo del periodista y garantizar las labores periodísticas de la Red Erbol en el marco de las normas constitucionales y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Masistas y ponchos rojos agredieron a los periodistas
El agitador oficialista Adolfo Cerrudo incumplió la orden judicial de acercarse a los trabajadores de la prensa y volvió a golpear ayer a varios periodistas. La Federación sentará hoy la denuncia.
Una veintena de periodistas fueron golpeados brutalmente por una turba de movimientos sociales afines al gobernante MAS en inmediaciones de la cárcel de San Pedro y sustrajeron, además, la grabadora digital de uno de los reporteros de la red Erbol.
Los trabajadores de los medios de comunicación realizaban la cobertura en una de las esquinas del recinto penitenciario donde se encuentra detenido preventivamente el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien debe ser trasladado a la ciudad de Sucre por orden de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
A las 13.00, la periodista de la red Uno, Melisa Ibarra, fue agredida por miembros del autodenominado Comité Cívico Popular. El periodista de radio Erbol, Jonatán Condori, salió en defensa de su colega y recibió una patada de los enardecidos manifestantes que se congregaron en el lugar para impedir la salida del ex prefecto pandino.
Los más perjudicados fueron Juan José Estrada, de Católica Televisión, y Javier Alanoca de la red ATB, quien recibió una paliza del conocido instigador, Adolfo Cerrudo, quien lo golpeó pese a tener un compromiso firmado ante las autoridades judiciales para no acercarse a ningún miembro de la prensa.
El principal instigador se identificó como parlamentario del MAS. ANF
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Golpean a periodistas y la Policía no hace nada
Una turba, entre la que estaba Adolfo Cerrudo, golpeó, insultó y amenazó a la prensa, además de robar y dañar instrumentos de trabajo. Los uniformados desalojaron a los reporteros.
Los grupos de choque afines al Gobierno impidieron ayer que un equipo de periodistas de radio, televisión y prensa cubra los detalles de un hecho noticioso. Para ello se valieron de patadas, manotazos e insultos, pero además arrebataron una grabadora de audio y arrancaron los cables de una unidad móvil.
El hecho, que se produjo frente al penal de San Pedro en La Paz, fue, de inicio, presenciado por un contingente de policías, que luego desalojó a los reporteros a pedido de los agitadores, según relataron los comunicadores.
El incidente tuvo un desarrollo de al menos tres horas, luego de que cerca al mediodía una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ingresó al reclusorio para entrevistarse con el prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández.
En ese sector de la urbe coincidieron los periodistas y una muchedumbre que demandaba la permanencia de Fernández en el penal. Cuando la red Uno se disponía a hacer una transmisión en vivo, la turba se acercó a la periodista Melisa Ibarra.
“La confundieron con otra presentadora de noticias y la gente fue a agredirla, la empujó y arrancó los cables”, relató el periodista de Láser 98, Gabriel Román. En tanto que Ibarra contó que “estaba en la esquina, y mientras esperaba la señal para salir en vivo, me empezaron a gritar. Eran Ponchos Rojos y miembros del llamado comité popular”.
Agregó que “incluso me quitaron el micrófono y desconectaron las cámaras”, y acto seguido recibió una patada debajo de la cintura, por la espalda.
Román junto con su colega de la red Erbol, Jonathan Condori, se acercaron a la turba y también fueron agredidos mientras socorrían a Ibarra y cubrían el hecho. Los insultaron y amenazaron, y a Condori incluso lo golpearon.
El periodista explicó que su grabadora digital le fue arrebatada y que uno de los agresores le dijo que no tenía “permiso de nadie para hacer las grabaciones”.
Román agregó que el instigador “se autoidentificó como parlamentario del MAS y dijo que tenía autoridad y mucho poder. Con una fuerza de persuasión tremenda hizo que los efectivos policiales nos desalojen por lo menos 20 metros lejos de la puerta lateral del penal de San Pedro”.
Adolfo Cerrudo, sobre quien pesa una acusación formal por amenazar de muerte a periodistas, reapareció en escena y agarró a golpes al reportero Javier Alanoca, de la red ATB. María Luisa Callejas, del diario La Prensa, también estuvo a punto de ser agredida porque tomó una foto.
Los sujetos además patearon a Juan José Estrada, de Católica Televisión, y, según un reporte de la Federación de la Prensa, la violencia también afectó a Martha Zegarrundo, de radio Libertad, e impidió que Bolivisión instale su unidad móvil para hacer envíos.
Román sostuvo que “la Policía nos pidió que nos retiráramos porque supuestamente estábamos provocando”. Estos episodios se produjeron en un periodo de al menos tres horas, al cabo del cual salió la misión de la Unasur. No obstante, nadie hizo declaraciones debido al grado de hostilidad. De hecho, los Ponchos Rojos marcaron el paso de los representantes extranjeros, hasta que subieron a sus coches.
La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia envió una carta al fiscal general, Mario Uribe, para que se dé cumplimiento a la instructiva de que los fiscales de distrito inicien investigaciones de oficio a los agresores, en este caso en La Paz. El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, pidió a los periodistas denunciar los hechos.
Los grupos de choque afines al Gobierno impidieron ayer que un equipo de periodistas de radio, televisión y prensa cubra los detalles de un hecho noticioso. Para ello se valieron de patadas, manotazos e insultos, pero además arrebataron una grabadora de audio y arrancaron los cables de una unidad móvil.
El hecho, que se produjo frente al penal de San Pedro en La Paz, fue, de inicio, presenciado por un contingente de policías, que luego desalojó a los reporteros a pedido de los agitadores, según relataron los comunicadores.
El incidente tuvo un desarrollo de al menos tres horas, luego de que cerca al mediodía una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ingresó al reclusorio para entrevistarse con el prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández.
En ese sector de la urbe coincidieron los periodistas y una muchedumbre que demandaba la permanencia de Fernández en el penal. Cuando la red Uno se disponía a hacer una transmisión en vivo, la turba se acercó a la periodista Melisa Ibarra.
“La confundieron con otra presentadora de noticias y la gente fue a agredirla, la empujó y arrancó los cables”, relató el periodista de Láser 98, Gabriel Román. En tanto que Ibarra contó que “estaba en la esquina, y mientras esperaba la señal para salir en vivo, me empezaron a gritar. Eran Ponchos Rojos y miembros del llamado comité popular”.
Agregó que “incluso me quitaron el micrófono y desconectaron las cámaras”, y acto seguido recibió una patada debajo de la cintura, por la espalda.
Román junto con su colega de la red Erbol, Jonathan Condori, se acercaron a la turba y también fueron agredidos mientras socorrían a Ibarra y cubrían el hecho. Los insultaron y amenazaron, y a Condori incluso lo golpearon.
El periodista explicó que su grabadora digital le fue arrebatada y que uno de los agresores le dijo que no tenía “permiso de nadie para hacer las grabaciones”.
Román agregó que el instigador “se autoidentificó como parlamentario del MAS y dijo que tenía autoridad y mucho poder. Con una fuerza de persuasión tremenda hizo que los efectivos policiales nos desalojen por lo menos 20 metros lejos de la puerta lateral del penal de San Pedro”.
Adolfo Cerrudo, sobre quien pesa una acusación formal por amenazar de muerte a periodistas, reapareció en escena y agarró a golpes al reportero Javier Alanoca, de la red ATB. María Luisa Callejas, del diario La Prensa, también estuvo a punto de ser agredida porque tomó una foto.
Los sujetos además patearon a Juan José Estrada, de Católica Televisión, y, según un reporte de la Federación de la Prensa, la violencia también afectó a Martha Zegarrundo, de radio Libertad, e impidió que Bolivisión instale su unidad móvil para hacer envíos.
Román sostuvo que “la Policía nos pidió que nos retiráramos porque supuestamente estábamos provocando”. Estos episodios se produjeron en un periodo de al menos tres horas, al cabo del cual salió la misión de la Unasur. No obstante, nadie hizo declaraciones debido al grado de hostilidad. De hecho, los Ponchos Rojos marcaron el paso de los representantes extranjeros, hasta que subieron a sus coches.
La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia envió una carta al fiscal general, Mario Uribe, para que se dé cumplimiento a la instructiva de que los fiscales de distrito inicien investigaciones de oficio a los agresores, en este caso en La Paz. El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, pidió a los periodistas denunciar los hechos.
“Exigimos al Gobierno del MAS identificar y pedir a esas dos personas devolver su instrumento de trabajo a nuestro compañero ”.
Red Erbol, en un pronunciamiento público.
Red Erbol, en un pronunciamiento público.
Activistas del MAS agraden a misión de Unasur y periodistas
Los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y los "ponchos rojos", que hacen vigilia en las puertas de la cárcel de San Pedro, agredieron violentamente ayer a 10 trabajadores de la prensa de diferentes medios que realizaban la cobertura del hecho.
La comisión de delegados internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitó al prefecto pandino Leopoldo Fernández tampoco se salvó de las agresiones. La turba que estaba concentrada en inmediaciones del recinto carcelario los abucheo.
Los miembros de la misión presididos por Rodolfo Mattarollo salieron de la cárcel y no formularon declaraciones a la prensa ante la presencia y reacción de los manifestantes que se encuentran en vigilia en el lugar.
El episodio de violencia contra los comunicadores comenzó el martes cuando la periodista de la red Unitel, Roxana Lizárraga, otro de ATB y un equipo de Bolivisión fueron agredidos por los activistas encabezados por Edgar Mora, líder del autodenominado Comité Cívico Popular.
Esa jornada fue rematada por el presidente Evo Morales, quien en su residencia increpó a un comunicador de La Razón obligándole a responder a una pregunta que la autoridad formuló como "periodista".
Ayer a las 13:15, la periodista de la Red Uno Melisa Ibarra, mientras se preparaba para realizar un despacho en directo al estudio central sobre la vigilia de los sectores sociales que se oponen al traslado del prefecto pandino Leopoldo Fernández a Sucre, fue confundida con una comunicadora de la Red Unitel. En ese momento ella y su camarógrafo fueron cercados por los activistas quienes los sacaron a empellones del lugar.
El cable que conectaba el micrófono con la cámara fue arrancado por los agresores y la periodista mientras reclamaba la devolución de la sirga fue insultada y pateada.
En esta agresión intentó mediar el periodista de la radio Árbol Jhonatan Condori. "Eso está mal, no lo hagan" exclamó el reportero, pero la respuesta fueron patadas en la espalda y las piernas. En el acto también apareció el comunicador, Gabriel Romano, de radio Laser del grupo Fides. Salió en defensa de sus colegas, pero también fue repelido a patadas.
Ibarra salió huyendo del lugar en el vehículo de su canal. Pasada una hora aproximadamente, la violencia retornó al lugar. Los periodistas que aguardaban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro, ubicada en la calle Cañada Strongest, para entrevistar a los delegados de la Unasur, que visitó al prefecto Leopoldo Fernández, sufrieron una segunda arremetida.
El mismo sujeto que agredió al vehículo de la red Uno mientras huía Melisa Ibarra acusó al reportero Jhonatan Condori de Erbol de filmarle: "por qué nos estás filmando, ya te conocemos, te voy a sacar a patadas" amenazó el hombre que llevaba una gorra de tela camuflada, quien se identificó como diputado del MAS y periodista alteño de nombre "Manuel".
El mismo personaje amenazó a los trabajadores de la prensa a retirarse "por las buenas o por las malas". Ante la resistencia de la periodista de este medio, María Luisa Callejas, éste le dijo "colla caprichosa". En la Cámara de Diputados negaron que este sujeto sea legislador.
Después, los activistas y "ponchos rojos" que protestaban contra Fernández volcaron la furia contra los periodistas: "que se vayan los periodistas", "prensa vendida, prensa mentirosa, fuera de aquí" vociferaron los manifestantes.
Una mujer de pollera que dijo pertenecer a los "ponchos rojos" hizo retroceder a los periodistas. Golpeó con el lazo en el antebrazo izquierdo de Claudia Campanini, periodista de la Red Uno. El nombre de la agresora es "Victoria" y según averiguó este medio vende papa en la calle Venancio Burgoa.
El instigador se acercó nuevamente a los periodistas y les espetó con estas palabras: "retírense de a buenas, porque los vamos a sacar, mi comandante ha dicho que la prensa tiene que estar a 20 metros de aquí", y un coronel de apellido Hinojosa, que resguardaba el lugar, le obedeció y ordenó sacar a empujones a los comunicadores hasta la plaza San Pedro.
Cerca de las 16:00, los periodistas de canales, radios y medios escritos todavía aguardaban la salida de los miembros de Unasur, y fue en ese instante cuando se volvió a arremeter contra la prensa, cuando el periodista de radio Lasser entrevistaba a su colega de Erbol por la agresión sufrida.
A Jhonatan Condori le sustrajeron su reportera digital. Minutos más tarde, el periodista de la red ATB, Javier Alanoca, fue golpeado por Adolfo Cerrudo, un activista del Comité Cívico Popular, sobre quien pesa una denuncia de intento de violación contra una periodista. De hecho existe una orden judicial para que no se acerque a los periodistas.
La prensa pide garantías
La Federación de Trabajadores de La Prensa de La Paz (Ftplp) anunció anoche que presentará una denuncia ante la Policía contra los "ponchos rojos" y los grupos de choque por agresiones y hurto del equipo digital.
Esa organización solicitó garantías al Gobierno para la seguridad física de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que sufren a diarios ataques de estos grupos afines al gobierno.
Según la organización de periodistas, ayer, al menos se registraron siete agresiones a trabajadores de la prensa por parte del denominado Movimiento Cívico Popular afín al MAS.
El Gobierno, por su parte, pidió a todos los periodistas que fueron insultados y golpeados en las inmediaciones de la cárcel presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, lamentó las bochornosas acciones de esos grupos.
Sobre la actuación de los efectivos policiales que permitieron que los reporteros sean golpeados, chicoteados e insultados, en el Comando General de la Policía negaron que obedezcan órdenes de civiles y el comandante departamental de La Paz, Raúl Mantilla, informó que el coronel Freddy Hinojosa del Distrito Policial 1 (DP1) tenía Órdenes precisas de resguardar la integridad de los informadores.
Fuente
La comisión de delegados internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitó al prefecto pandino Leopoldo Fernández tampoco se salvó de las agresiones. La turba que estaba concentrada en inmediaciones del recinto carcelario los abucheo.
Los miembros de la misión presididos por Rodolfo Mattarollo salieron de la cárcel y no formularon declaraciones a la prensa ante la presencia y reacción de los manifestantes que se encuentran en vigilia en el lugar.
El episodio de violencia contra los comunicadores comenzó el martes cuando la periodista de la red Unitel, Roxana Lizárraga, otro de ATB y un equipo de Bolivisión fueron agredidos por los activistas encabezados por Edgar Mora, líder del autodenominado Comité Cívico Popular.
Esa jornada fue rematada por el presidente Evo Morales, quien en su residencia increpó a un comunicador de La Razón obligándole a responder a una pregunta que la autoridad formuló como "periodista".
Ayer a las 13:15, la periodista de la Red Uno Melisa Ibarra, mientras se preparaba para realizar un despacho en directo al estudio central sobre la vigilia de los sectores sociales que se oponen al traslado del prefecto pandino Leopoldo Fernández a Sucre, fue confundida con una comunicadora de la Red Unitel. En ese momento ella y su camarógrafo fueron cercados por los activistas quienes los sacaron a empellones del lugar.
El cable que conectaba el micrófono con la cámara fue arrancado por los agresores y la periodista mientras reclamaba la devolución de la sirga fue insultada y pateada.
En esta agresión intentó mediar el periodista de la radio Árbol Jhonatan Condori. "Eso está mal, no lo hagan" exclamó el reportero, pero la respuesta fueron patadas en la espalda y las piernas. En el acto también apareció el comunicador, Gabriel Romano, de radio Laser del grupo Fides. Salió en defensa de sus colegas, pero también fue repelido a patadas.
Ibarra salió huyendo del lugar en el vehículo de su canal. Pasada una hora aproximadamente, la violencia retornó al lugar. Los periodistas que aguardaban en la puerta lateral de la cárcel de San Pedro, ubicada en la calle Cañada Strongest, para entrevistar a los delegados de la Unasur, que visitó al prefecto Leopoldo Fernández, sufrieron una segunda arremetida.
El mismo sujeto que agredió al vehículo de la red Uno mientras huía Melisa Ibarra acusó al reportero Jhonatan Condori de Erbol de filmarle: "por qué nos estás filmando, ya te conocemos, te voy a sacar a patadas" amenazó el hombre que llevaba una gorra de tela camuflada, quien se identificó como diputado del MAS y periodista alteño de nombre "Manuel".
El mismo personaje amenazó a los trabajadores de la prensa a retirarse "por las buenas o por las malas". Ante la resistencia de la periodista de este medio, María Luisa Callejas, éste le dijo "colla caprichosa". En la Cámara de Diputados negaron que este sujeto sea legislador.
Después, los activistas y "ponchos rojos" que protestaban contra Fernández volcaron la furia contra los periodistas: "que se vayan los periodistas", "prensa vendida, prensa mentirosa, fuera de aquí" vociferaron los manifestantes.
Una mujer de pollera que dijo pertenecer a los "ponchos rojos" hizo retroceder a los periodistas. Golpeó con el lazo en el antebrazo izquierdo de Claudia Campanini, periodista de la Red Uno. El nombre de la agresora es "Victoria" y según averiguó este medio vende papa en la calle Venancio Burgoa.
El instigador se acercó nuevamente a los periodistas y les espetó con estas palabras: "retírense de a buenas, porque los vamos a sacar, mi comandante ha dicho que la prensa tiene que estar a 20 metros de aquí", y un coronel de apellido Hinojosa, que resguardaba el lugar, le obedeció y ordenó sacar a empujones a los comunicadores hasta la plaza San Pedro.
Cerca de las 16:00, los periodistas de canales, radios y medios escritos todavía aguardaban la salida de los miembros de Unasur, y fue en ese instante cuando se volvió a arremeter contra la prensa, cuando el periodista de radio Lasser entrevistaba a su colega de Erbol por la agresión sufrida.
A Jhonatan Condori le sustrajeron su reportera digital. Minutos más tarde, el periodista de la red ATB, Javier Alanoca, fue golpeado por Adolfo Cerrudo, un activista del Comité Cívico Popular, sobre quien pesa una denuncia de intento de violación contra una periodista. De hecho existe una orden judicial para que no se acerque a los periodistas.
La prensa pide garantías
La Federación de Trabajadores de La Prensa de La Paz (Ftplp) anunció anoche que presentará una denuncia ante la Policía contra los "ponchos rojos" y los grupos de choque por agresiones y hurto del equipo digital.
Esa organización solicitó garantías al Gobierno para la seguridad física de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que sufren a diarios ataques de estos grupos afines al gobierno.
Según la organización de periodistas, ayer, al menos se registraron siete agresiones a trabajadores de la prensa por parte del denominado Movimiento Cívico Popular afín al MAS.
El Gobierno, por su parte, pidió a todos los periodistas que fueron insultados y golpeados en las inmediaciones de la cárcel presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, lamentó las bochornosas acciones de esos grupos.
Sobre la actuación de los efectivos policiales que permitieron que los reporteros sean golpeados, chicoteados e insultados, en el Comando General de la Policía negaron que obedezcan órdenes de civiles y el comandante departamental de La Paz, Raúl Mantilla, informó que el coronel Freddy Hinojosa del Distrito Policial 1 (DP1) tenía Órdenes precisas de resguardar la integridad de los informadores.
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Otro detenido en Pando y denuncian secuestros
Un funcionario de Caminos fue detenido ayer por militares. Los otros tres aprehendidos fueron trasladados a La Paz. Hay temor en Cobija.
Continúan las detenciones en Pando. Ayer Marcelo Mejía, un funcionario de Caminos y hermano de una ex constituyente de Podemos, fue aprehendido por militares y recluido en el distrito naval de Cobija para ser trasladado a La Paz.
Esta acción se suma a otro operativo realizado un día antes, donde fueron capturados los alcaldes de Porvenir, Homer Polanco; y de Bolpebra, Máximo Ayllón; además del cuñado del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y el pasado sábado un ex asambleísta de Podemos, Abel Janco, de quienes se desconoce su paradero y el Gobierno evita dar información al respecto.
“Hemos constatado con los familiares el secuestro de estas cinco personas, nadie nos dice nada ni los militares ni policías”, aseguró el abogado del prefecto de Pando, Aurelio Valenzuela.
El jurista informó que presentaron ayer una denuncia de secuestro ante la Felcc de Cobija para que se inicien las investigaciones, porque las detenciones, según testigos, fueron ejecutadas por personas de civil y sin presentar ninguna orden de aprehensión.
Valenzuela describió que en Cobija se vive un total hermetismo y que se habla de “listas negras” que circulan nuevamente para las detenciones.
El hermano del prefecto pandino, Lorenzo Fernández, mencionó que por información extraoficial conocen que su cuñado, Melitón Brito, está ya en La Paz. “Lo confundieron”, dice Fernández explicando que hace 15 días los militares dijeron haber encontrado químicos en la hacienda del cuñado del prefecto, pero que la hacienda era de un familiar por parte de su mujer.
El Gobierno ha guardado silencio y evita referirse a las detenciones.
Por su parte el Fiscal General, Mario Uribe, también negó conocer sobre las aprehensiones.
¿ilegal?
Seguirán las detenciones • El diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo que es parte de la estrategia para pacificar Pando. “No pueden matar ayer y pasearse después como si nada”, justificó.
El gobierno no respeta • El diputado del MNR, Mario Justiniano, protestó por los constantes atropellos a la ley por los ministros que no respetan el ordenamiento jurídico.
No hay protección • La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, sostuvo que es lamentable que no se respeten las garantías constitucionales, más aún en un gobierno indígena.
Fuente
Continúan las detenciones en Pando. Ayer Marcelo Mejía, un funcionario de Caminos y hermano de una ex constituyente de Podemos, fue aprehendido por militares y recluido en el distrito naval de Cobija para ser trasladado a La Paz.
Esta acción se suma a otro operativo realizado un día antes, donde fueron capturados los alcaldes de Porvenir, Homer Polanco; y de Bolpebra, Máximo Ayllón; además del cuñado del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y el pasado sábado un ex asambleísta de Podemos, Abel Janco, de quienes se desconoce su paradero y el Gobierno evita dar información al respecto.
“Hemos constatado con los familiares el secuestro de estas cinco personas, nadie nos dice nada ni los militares ni policías”, aseguró el abogado del prefecto de Pando, Aurelio Valenzuela.
El jurista informó que presentaron ayer una denuncia de secuestro ante la Felcc de Cobija para que se inicien las investigaciones, porque las detenciones, según testigos, fueron ejecutadas por personas de civil y sin presentar ninguna orden de aprehensión.
Valenzuela describió que en Cobija se vive un total hermetismo y que se habla de “listas negras” que circulan nuevamente para las detenciones.
El hermano del prefecto pandino, Lorenzo Fernández, mencionó que por información extraoficial conocen que su cuñado, Melitón Brito, está ya en La Paz. “Lo confundieron”, dice Fernández explicando que hace 15 días los militares dijeron haber encontrado químicos en la hacienda del cuñado del prefecto, pero que la hacienda era de un familiar por parte de su mujer.
El Gobierno ha guardado silencio y evita referirse a las detenciones.
Por su parte el Fiscal General, Mario Uribe, también negó conocer sobre las aprehensiones.
¿ilegal?
Seguirán las detenciones • El diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo que es parte de la estrategia para pacificar Pando. “No pueden matar ayer y pasearse después como si nada”, justificó.
El gobierno no respeta • El diputado del MNR, Mario Justiniano, protestó por los constantes atropellos a la ley por los ministros que no respetan el ordenamiento jurídico.
No hay protección • La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, sostuvo que es lamentable que no se respeten las garantías constitucionales, más aún en un gobierno indígena.
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Acusan al Gobierno por el accidente en Tarija
REACCIÓN • Un dirigente campesino culpó a la paralización de obras los últimos accidentes.
El dirigente de una de las federaciones de campesinos, Wálter Garnica, acusó a malos funcionarios del gobierno Nacional por la trágica muerte de 16 personas en la cuesta de Sama.
“Es una pena que por culpa de la irresponsabilidad de algunos funcionarios de Gobierno la región tenga que enlutarse de nuevo, precisó el dirigente de la paralela Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija.
Los tarijeños y en especial los líderes institucionales no nos podemos quedar callados por más tiempo y tenemos que asumir drásticas medidas de presión para que el gobierno de Evo Morales deje de hacer proselitismo y se dedique a gobernar, afirmó.
En criterio del dirigente de la Central Obrera Departamental, Wálter Mogro, el responsable de los accidentes de tránsito también es el gobierno.
“Si hay un responsable de los últimos accidentes fatales en la cuesta de Sama es el gobierno Nacional, porque si no se hubieran paralizado los trabajos hace más de un año ahora ya estaríamos transitando por el nuevo trazado de la falda de la Queñua, evitando que se produzcan siniestros que enlutan a deportistas y decenas de familias chapacas”, aseveró.
La COD planteará a los dirigentes cívicos tarijeños que se convoque a la brevedad posible a una asamblea de instituciones para tomar decisiones. ANF
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El dirigente de una de las federaciones de campesinos, Wálter Garnica, acusó a malos funcionarios del gobierno Nacional por la trágica muerte de 16 personas en la cuesta de Sama.
“Es una pena que por culpa de la irresponsabilidad de algunos funcionarios de Gobierno la región tenga que enlutarse de nuevo, precisó el dirigente de la paralela Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija.
Los tarijeños y en especial los líderes institucionales no nos podemos quedar callados por más tiempo y tenemos que asumir drásticas medidas de presión para que el gobierno de Evo Morales deje de hacer proselitismo y se dedique a gobernar, afirmó.
En criterio del dirigente de la Central Obrera Departamental, Wálter Mogro, el responsable de los accidentes de tránsito también es el gobierno.
“Si hay un responsable de los últimos accidentes fatales en la cuesta de Sama es el gobierno Nacional, porque si no se hubieran paralizado los trabajos hace más de un año ahora ya estaríamos transitando por el nuevo trazado de la falda de la Queñua, evitando que se produzcan siniestros que enlutan a deportistas y decenas de familias chapacas”, aseveró.
La COD planteará a los dirigentes cívicos tarijeños que se convoque a la brevedad posible a una asamblea de instituciones para tomar decisiones. ANF
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Yo votaré por el No
No es una decisión basada en afectos o desafectos políticos, ni menos por preferencia de uno u otro tipo. Es, simplemente, una decisión serena y objetiva que tiene por fundamento solamente la sana meditación.
En primer lugar, la Constitución actual no tiene nada de malo; al contrario, incluye a todos. No tiene necesidad de mencionar a indígenas, originarios o mestizos, porque todos los bolivianos, los nacidos en esta tierra o los que la han elegido para vivir, están cobijados por la Ley de leyes, sin ninguna distinción. Está reconocida la religión católica profesada por la mayoría de los ciudadanos, pero están permitidas todas las demás. Establece los mismos derechos y las mismas obligaciones y todos son declarados iguales ante la ley. Está en contra del latifundio y castiga el crimen y la corrupción. Efectivamente, las autonomías no están reconocidas, pero puede ser modificada bajo ciertas normas, por lo que se las puede incluir tal y como fueron consultadas a la población, para descentralizar el poder en lugar de concentrarlo, que es lo que ocurrirá si se aprueba el proyecto actual, que ya no es solamente del MAS, sino el concertado con gran parte de la oposición congresal, que lo aceptó un poco como diciendo: peor es nada.
Por otra parte, ni la actual Constitución, ni el proyecto que se llevará a consulta, pueden solucionar los graves problemas nacionales, que no son ocasionados por ningún texto de leyes, sino por la pobreza a la que se debe combatir utilizando los recursos que enseña la Economía. Por ello, sería mucho más beneficioso dedicarse alma, vida y corazón a este objetivo, en lugar de perder el tiempo en consultas de todo tipo sólo con fines políticos.
Si gana el SÍ, con gran porcentaje, lo que es posible por la ya anunciada campaña publicitaria que iniciará el Gobierno, don Evo se sentirá fortalecido creyendo tener el apoyo general porque el voto será resultante de la campaña, de la prebenda, de las marchas, de las movilizaciones sociales e inclusive de la desorientación, pero no de un razonamiento sereno y patriótico. Será un apoyo similar al otorgado en el famoso referéndum revocatorio, que le hizo creer al gobierno que el pueblo les otorgó "licencia para matar", cuando no fue ni será así.
Votaré por el NO, porque la actual Constitución es resultado de un período democrático importante, con todos sus errores y todas sus virtudes; porque es obra de los bolivianos, sin injerencias malsanas. El nuevo texto es la consecuencia de una fracasada Asamblea Constituyente, en la que no se redactó un solo artículo, en un trabajo estéril nada independiente de asambleístas que en su mayoría respondieron ciegamente a las instrucciones del Poder Ejecutivo y está manchado con la sangre de los muertos y heridos de la Calancha que defendieron la legalidad. Es el texto, aunque modificado ciertamente, que se aprobó indebidamente en Oruro. Por si fuera poco, los chuquisaqueños tenemos razones adicionales porque la Asamblea Constituyente tachó de un plumazo el tema de la capitalidad, el acuerdo político no lo tomó en cuenta y el Gobierno se olvidó de la Capital de la República, que fue la Cuna donde se inició la independencia de Bolivia y de Hispanoamérica.
Además, el proyecto es ilegal, porque nace de la ilegalidad. Se sabe que al final se impondrá, pero por lo menos que no sea aprobado con un porcentaje que le dé la apariencia que no refleja la realidad.
Finalmente, hay que reconocer que el acuerdo político fue mejor que la confrontación. Hay que reconocer también que ganó el diálogo, pero que todo se desvirtuó por la acción de los marchistas que al ejercer presión sobre el Congreso, dañaron la democracia porque atentaron contra la libertad. Así y todo, cualquier cosa es mejor que matarnos entre bolivianos, aún resignándonos a aceptar la ilegalidad. Sin embargo, no debemos legalizarla votando por el SÍ, a sabiendas de todo lo que ha ocurrido.
Por todas esas razones, yo votaré por el NO.
Por: Gastón Solares Ávila
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En primer lugar, la Constitución actual no tiene nada de malo; al contrario, incluye a todos. No tiene necesidad de mencionar a indígenas, originarios o mestizos, porque todos los bolivianos, los nacidos en esta tierra o los que la han elegido para vivir, están cobijados por la Ley de leyes, sin ninguna distinción. Está reconocida la religión católica profesada por la mayoría de los ciudadanos, pero están permitidas todas las demás. Establece los mismos derechos y las mismas obligaciones y todos son declarados iguales ante la ley. Está en contra del latifundio y castiga el crimen y la corrupción. Efectivamente, las autonomías no están reconocidas, pero puede ser modificada bajo ciertas normas, por lo que se las puede incluir tal y como fueron consultadas a la población, para descentralizar el poder en lugar de concentrarlo, que es lo que ocurrirá si se aprueba el proyecto actual, que ya no es solamente del MAS, sino el concertado con gran parte de la oposición congresal, que lo aceptó un poco como diciendo: peor es nada.
Por otra parte, ni la actual Constitución, ni el proyecto que se llevará a consulta, pueden solucionar los graves problemas nacionales, que no son ocasionados por ningún texto de leyes, sino por la pobreza a la que se debe combatir utilizando los recursos que enseña la Economía. Por ello, sería mucho más beneficioso dedicarse alma, vida y corazón a este objetivo, en lugar de perder el tiempo en consultas de todo tipo sólo con fines políticos.
Si gana el SÍ, con gran porcentaje, lo que es posible por la ya anunciada campaña publicitaria que iniciará el Gobierno, don Evo se sentirá fortalecido creyendo tener el apoyo general porque el voto será resultante de la campaña, de la prebenda, de las marchas, de las movilizaciones sociales e inclusive de la desorientación, pero no de un razonamiento sereno y patriótico. Será un apoyo similar al otorgado en el famoso referéndum revocatorio, que le hizo creer al gobierno que el pueblo les otorgó "licencia para matar", cuando no fue ni será así.
Votaré por el NO, porque la actual Constitución es resultado de un período democrático importante, con todos sus errores y todas sus virtudes; porque es obra de los bolivianos, sin injerencias malsanas. El nuevo texto es la consecuencia de una fracasada Asamblea Constituyente, en la que no se redactó un solo artículo, en un trabajo estéril nada independiente de asambleístas que en su mayoría respondieron ciegamente a las instrucciones del Poder Ejecutivo y está manchado con la sangre de los muertos y heridos de la Calancha que defendieron la legalidad. Es el texto, aunque modificado ciertamente, que se aprobó indebidamente en Oruro. Por si fuera poco, los chuquisaqueños tenemos razones adicionales porque la Asamblea Constituyente tachó de un plumazo el tema de la capitalidad, el acuerdo político no lo tomó en cuenta y el Gobierno se olvidó de la Capital de la República, que fue la Cuna donde se inició la independencia de Bolivia y de Hispanoamérica.
Además, el proyecto es ilegal, porque nace de la ilegalidad. Se sabe que al final se impondrá, pero por lo menos que no sea aprobado con un porcentaje que le dé la apariencia que no refleja la realidad.
Finalmente, hay que reconocer que el acuerdo político fue mejor que la confrontación. Hay que reconocer también que ganó el diálogo, pero que todo se desvirtuó por la acción de los marchistas que al ejercer presión sobre el Congreso, dañaron la democracia porque atentaron contra la libertad. Así y todo, cualquier cosa es mejor que matarnos entre bolivianos, aún resignándonos a aceptar la ilegalidad. Sin embargo, no debemos legalizarla votando por el SÍ, a sabiendas de todo lo que ha ocurrido.
Por todas esas razones, yo votaré por el NO.
Por: Gastón Solares Ávila
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Contradicción
- A los miembros de la aplastante mayoría demográfica del país no se les permitirá acceder a funciones públicas de tipo administrativo o electivo, si aparte del español no se hace entender en un idioma originario
Semejantes anormalidades equivaldrían a discriminación que astilla el patrón de universalidad de los derechos humanos.
Ni Podemos ni Unidad Nacional ni el MNR, en su último y cuestionado "pacto" con el gobierno tomaron en cuenta lo anteriormente anotado. Corrigieron en algo la Carta Magna de la Glorieta, expurgándola de risibles cantinfladas conceptuales (como esa alusiva a los "derechos fundamentales y "fundamentalísimos"), pero se hicieron de la vista gorda ante parágrafos que proclaman una cosa y otros que establecen todo lo contrario.
Acaso las dos caras del Dr. Casimiro Olañeta asomen con mayor crudeza entre el inciso 1) del Art. 14 de la Carta Magna que irá a referendo el 5 de diciembre y el inciso 7) de su Art. 234.
El primero proclama que el "Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón (sic) de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos.
El segundo pisa y pasa, al estilo de Morales (de Agustín, por supuesto) sobre el primero, al agregar al conjunto de requisitos para que los "bolivianos y las bolivianas" accedan a un cargo en la Administración Pública, el de hablar por lo menos dos de los 36 idiomas que el Art. 5 de la Carta Magna de la Glorieta declara "oficiales del Estado".
En Bolivia, un poco más del 80% de los habitantes habla sólo español. La creciente migración campo-ciudad tuvo como resultado que el idioma de Cervantes dejara atrás a las lenguas nativas. Los idiomas autóctonos acusan hoy funcionalidad restringida a ciertas zonas rurales. Son los casos del aimará y el quechua. Las demás lenguas nativas están en pleno proceso de extinción o rigen sólo en pequeñas comunidades indígenas.
Sin embargo, a los miembros de la citada y aplastante mayoría demográfica del país, (mestiza e hispano parlante, sobre todo) no se les permitirá acceder a funciones públicas de tipo administrativo o electivo, si aparte del español no se hace entender en quechua, aimara, yuki, araona, yuracaré, guaraní, canichana, pacawara y otros de cuya existencia la población urbana no tiene la menor idea.
Una forma de discriminación, aquella, originada en el trasvase étnico-culturalista de ciertas Organizaciones No Gubernamentales a escuadras de mando del actual gobierno. Ésta y no otra la vertiente de tan cuestionable forma de exclusión. Sí, exclusión manifiesta, porque el derecho al trabajo, sea público o privado, no admite cortapisas como la que se quiere imponer con la Carta Magna de la Glorieta.
Por: Mario Rueda Peña
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MAS militarización para Bolivia
Ministro Walker San Miguel anuncia formación de un super comando militar en Bolivia.
Socialismo del siglo XXI, el régimen de la muerte
Conozca lo que le depara a la humanidad, el plan de control social y la opresión al ser humano, disfrazada con cuentos chinos que embelezan a ingenuos y moviliza a fundamentalistas.
No es improvisado, sino que es un plan elaborado desde hace mucho tiempo y que se tenía oculto hasta ahora, cuando el Dictador posee el control absoluto de Venezuela.
El Socialismo del Siglo XXI no es solo un sistema económico o de gobierno, sino una forma de pensar y de ver la vida, como una secta religiosa pero quitándo lo religioso y excluyendo a Dios, en donde Jesucristo es igualado con el Che Guevara para llamarlo "Super Hombre". Una verdadera perversión.
Como dijo Ambrosio Hernández el Viernes 2 de Febrero 2007 durante las noticias de las 11:00 pm por el Canal 51 de Telemundo en Miami, Florida: "Están quitando un país para poner a otro".
Tanto que uno oye hablar de transición en Cuba, de que va a pasar ahora a una democracia porque no está Fidel Castro, y tanto bla bla, cuando en las narices de todo el mundo en Venezuela se está realizando un proceso inverso al deseado en Cuba: Desmontando un estilo de vida, una manera de pensar, de vivir y actuar, todo un pais y un estado, para llevarlo al modelo cubano.
Y el mundo permanece inerme ante esta catástrofe que se conoce como Socialismo del Siglo XXI que está acabando con Venezuela y que amenaza Latinoamerica, el Continente, y el Resto del Mundo.
No es improvisado, sino que es un plan elaborado desde hace mucho tiempo y que se tenía oculto hasta ahora, cuando el Dictador posee el control absoluto de Venezuela.
El Socialismo del Siglo XXI no es solo un sistema económico o de gobierno, sino una forma de pensar y de ver la vida, como una secta religiosa pero quitándo lo religioso y excluyendo a Dios, en donde Jesucristo es igualado con el Che Guevara para llamarlo "Super Hombre". Una verdadera perversión.
Como dijo Ambrosio Hernández el Viernes 2 de Febrero 2007 durante las noticias de las 11:00 pm por el Canal 51 de Telemundo en Miami, Florida: "Están quitando un país para poner a otro".
Tanto que uno oye hablar de transición en Cuba, de que va a pasar ahora a una democracia porque no está Fidel Castro, y tanto bla bla, cuando en las narices de todo el mundo en Venezuela se está realizando un proceso inverso al deseado en Cuba: Desmontando un estilo de vida, una manera de pensar, de vivir y actuar, todo un pais y un estado, para llevarlo al modelo cubano.
Y el mundo permanece inerme ante esta catástrofe que se conoce como Socialismo del Siglo XXI que está acabando con Venezuela y que amenaza Latinoamerica, el Continente, y el Resto del Mundo.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Evo suspende elección democrática de prefectos
Las violaciones a la ley por parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia son tan frecuentes que parecieran pasar inadvertidas. La sociedad, la prensa e incluso las autoridades y políticos de la oposición no se expresan como deberían sobre las grotescas manipulaciones de este gobierno. Vivimos ya en un peligroso estado de aceptación donde se atiende a la canallada mayor, la más urgente, quedando de lado las demás. Es el caso de la reciente suspensión por parte del gobierno de la elección por voto de prefectos en Cochabamba y La Paz. Repasemos el caso: En agosto del 2008, mediante un referéndum ilegal, plagado de irregularidades electorales señaladas por los veedores internacionales, el gobierno saca del tablero a dos prefectos opositores. En su reemplazo pone a dedo a dos interinos, anunciado como manda la ley, que estarán en el cargo por un plazo máximo de 4 meses tiempo en el cual se convocarían a elecciones de nuevos prefectos que asumirían el cargo de los interinos. Hoy el gobierno de Evo Morales elimina esta elección y la traslada a abril del 2010, por lo que tendremos prefectos de facto en La Paz y Cochabamba no 4 sino 18! meses.
Poder Ejecutivo contra Poder Legislativo
La independencia de poderes es la norma para toda democracia. El gobierno viola una vez más este axioma al no acatar un decisión de la Corte Suprema de Justicia que establece libertad para Leopoldo Fernández, prefecto de Pando detenido y confinado, según declaraciones de personeros del gobierno, por no acatar el estado de sitio en Pando al haber encabezado una marcha de banderas blancas por la paz.
Otra vez el gobierno ha convocado a sus fuerzas callejeras para manifestarse contra esta decisión de la Corte Suprema en inmediaciones de la cárcel donde retienen a Leopoldo Fernández. También anunciaron los activistas la toma del aeropuerto paceño para evitar que el prefecto sea trasladado a Sucre.
Los del gobierno declararon que no acatarán lo dispuesto por la Corte Suprema aduciendo que los jueces han sido sobornados. Los jueces repondieron que presente pruebas del supuesto soborno y procese a los sobornados. Y todo quedó en nada ya que el gobierno no tiene obviamente pruebas, de lo contrario haría detener a los jueces de la Suprema.
Mientras tanto el prefecto de Pando que fue injustamente detenido, sigue más injustamente detenido habiendo sobre su caso un disposición de libertad que el gobierno se niega a cumplir.
Claro, la orden de libertad de la Corte Suprema de Justicia echa por tierra el proceso ficticio inventado por el gobierno para deshacerse de un prefecto opositor y deja en claro que todo no fue más que una grandiosa mentira maquinada por los criminales que hoy dirigen los destinos de la patria.
Otra violación del gobierno
La ley dice claramente que no puede convocarse a referéndum mientras haya estado de sitio en el país. El pasado 21 de octubre, el oficialismo con el apoyo de los seudo opositores convocó a referéndum constitucional al tiempo que en Pando rige un arbitrario estado de sitio mantenido sin lógica alguna por el gobierno de Evo Morales. El vicepresidente Alvaro García Linera, adelantándose a una posible decisión del congreso nacional, anunció que no solo se mantendrá el estado de sitio en Pando durante los 90 días establecidos sino que se ampliará otros 90 más. "El gobierno vino a Pando para quedarse", declaró, como si se tratara de una posición tomada en guerra. Acaso el gobierno no está en el resto de los departamentos?
Todo indica que el gobierno "le meterá nomás" y hará referéndum con estado de sitio.
En el video habla el abogado constitucionalista José Antonio de Chazal.
El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, “vil” e “indigno”.
El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, “vil” e “indigno”. No hubiese habido ningún muerto ni herido, no hubiesen habido siquiera enfrentamientos si es que el Señor Ramón Quintana ministro de la presidencia, es decir el más cercano al Evo Morales, no contratara y organizara, presumiblemente con dinero venezolano, a cientos de campesinos en la localidad de Riberalta cuyos líderes fueron armados y preparados para enfrentarse militarmente, mientras el grueso era cínicamente utilizado como carne de cañón.
El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández. Y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo `para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.
El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a los derechos humanos de Leopoldo Fernández y de los principios más básicos de legalidad. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente. En cuanto a la acusación que los jueces recibieron dinero para el fallo obviamente Morales no aportará jamás nada que se parezca a un prueba de semejante difamación.
La actitud de los líderes políticos de la oposición, de su colegas diputados y senadores, así como de los prefectos de la denominada media luna de no mover ni un dedo para representar los derechos del prefecto secuestrado es no solo un error político de gran envergadura sino la prueba de que la indecencia, y la falta de hombría de bien no son monopolio del oficialismo en Bolivia. El estridente silencio de los prefectos así como de Jorge Quiroga y Doria medina, dice muy poco de su verdadera catadura moral y de la talla de su eventual liderazgo. Este mutismo no solo abraca el caso de Fernández como tal sino concierne la situación de decenas de detenidos varios de los cuales fueron torturados, centenares de refugiados políticos, un numero solo comparable a la cantidad de exiliados durante los 7 años de dictadura de Banzer y es cómplice de la ocupación militar de Pando, donde el masismo se aboca a la tarea de destruir a la institucionalidad y a la sociedad pandina.
Luis Eduardo Siles
Fuente
El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández. Y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo `para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.
El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a los derechos humanos de Leopoldo Fernández y de los principios más básicos de legalidad. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente. En cuanto a la acusación que los jueces recibieron dinero para el fallo obviamente Morales no aportará jamás nada que se parezca a un prueba de semejante difamación.
La actitud de los líderes políticos de la oposición, de su colegas diputados y senadores, así como de los prefectos de la denominada media luna de no mover ni un dedo para representar los derechos del prefecto secuestrado es no solo un error político de gran envergadura sino la prueba de que la indecencia, y la falta de hombría de bien no son monopolio del oficialismo en Bolivia. El estridente silencio de los prefectos así como de Jorge Quiroga y Doria medina, dice muy poco de su verdadera catadura moral y de la talla de su eventual liderazgo. Este mutismo no solo abraca el caso de Fernández como tal sino concierne la situación de decenas de detenidos varios de los cuales fueron torturados, centenares de refugiados políticos, un numero solo comparable a la cantidad de exiliados durante los 7 años de dictadura de Banzer y es cómplice de la ocupación militar de Pando, donde el masismo se aboca a la tarea de destruir a la institucionalidad y a la sociedad pandina.
Luis Eduardo Siles
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Militares arrestan a 2 ediles y a cuñado de Fernández en Cobija
Dos constitucionalistas aseguran que el fallo de la Corte de Distrito debe ser acatado.
El cuñado del ex prefecto Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y los alcaldes pandinos de Bolpebra, Máximo Ayllón, y de Porvenir, Homer Polanco, fueron aprehendidos ayer en Cobija por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin que hasta anoche se haya establecido su paradero y los cargos en su contra.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien fue consultado anoche sobre el porqué de estas detenciones, negó que éstas estén vinculadas con los hechos de Porvenir ocurridos el mes pasado. Dijo que se trataba de otro caso y que se referiría a él “en otro momento”.
Una fuente del Ministerio de Gobierno dijo que recibieron un informe que confirma que las detenciones fueron ejecutadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El arresto de esos tres ciudadanos pandinos se da al día siguiente de que la Corte de Distrito de Chuquisaca ordenara el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre. El Gobierno dijo que no acatará esa determinación.
El ministro Rada, tras retornar ayer de Venezuela, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra los vocales Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, quienes votaron a favor de la procedencia de un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Fernández, por conducta antijurídica, uso de influencias y acciones contra la ley. Hoy sentará su denuncia por escrito.
La autoridad del Ejecutivo alegó que la audiencia se instaló a pesar de que él no se encontraba en el país y, por lo tanto, no pudo ser notificado.
Una radio de Cobija informó a La Prensa que los munícipes Máximo Ayllón, de Bolpebra, y Homer Polanco, de Porvenir (quien asumió interinamente el cargo luego de que el alcalde Evin Ventura huyera a Brasil), fueron citados a las oficinas del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) para una reunión. Al salir de ese recinto, un grupo de militares los arrestó.
Melitón Brito, esposo de Lucía Fernández Ferreira, fue aprehendido hacia las 17.00 en inmediaciones del mercado central de Cobija, cuando retornaba a su domicilio de pagar impuestos.
Lorenzo Fernández, hermano de Leopoldo y cuñado del arrestado, relató que su familiar se comunicó por teléfono para decirle que lo estaban deteniendo. “Les preguntó adónde lo llevaban, pero no quisieron decirle”.
“No sabemos el paradero, luego de que se comunicó conmigo colgó el celular, parece que se lo han quitado, porque está apagado. Esto parece un terrorismo de Estado, porque hemos ido a la Fiscalía, a la FELCC, al Comando Conjunto y nadie sabe dónde está. Esto parece un secuestro”.
Según El Deber, la delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, dijo estar sorprendida por lo ocurrido y se limitó a indicar que probablemente estos hechos sean parte de las investigaciones por las muertes en Porvenir.
El representante del Ministerio Público en este departamento, Eloy Aspetti, sostuvo que conoció las detenciones a través de los reportes de los medios de comunicación que dieron cuenta de ello y agregó que él no emitió ninguna orden de aprehensión, por ningún caso, en contra de nadie.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que por el momento no tenía comentario sobre el caso y que prefería “evitar especulaciones”.
Desacato
El fiscal general, Mario Uribe, aseguró ayer que no cumplirá el fallo emanado por la Corte de Distrito de Chuquisaca porque no tiene competencia en ese caso.
Oswaldo Fong, presidente de la Sala Penal, y Elena Lowenthal votaron el lunes por la procedencia de un recurso del hábeas corpus presentado por la defensa de Leopoldo Fernández, en tanto que Teresa Rosquellas, también integrante de ese Tribunal, votó en contra de esa determinación.
La resolución de esa Sala ordena que, en un plazo de 48 horas, el ex Prefecto de Pando sea traslado a Sucre y puesto a disposición del fiscal Uribe en el marco de un juicio de responsabilidades. Instruyó también a esa autoridad reasumir sus funciones de investigador sobre las muertes en Porvenir.
Frente a esa decisión, Uribe declaró a la red Unitel que “no ha de ser posible su cumplimiento (refiriéndose al fallo)” porque él no puede “proceder a investigar un juicio de responsabilidades de hechos que están en conocimiento de la comisión especial de la Cámara de Diputados”.
El 17 de octubre, a través de una carta, el Fiscal General declinó competencia en las indagaciones de los hechos de Pando (que dejaron un saldo de al menos 18 muertos, según Derechos Humanos) y remitió los antecedentes a esa instancia legislativa para que “asuma, a partir de su recepción, la responsabilidad absoluta de la investigación”.
Fernández fue recluido en el penal de San Pedro el 18 de septiembre, en el marco de un juicio ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en la localidad de Porvenir el 11 de septiembre. La autoridad es acusada de asesinato, asociación delictuosa y terrorismo. El Fiscal General reiteró ayer que el ex Prefecto debe seguir en la cárcel y también debe continuar el proceso penal en su contra.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, reiteró que el Ejecutivo no permitirá el traslado de Fernández a Sucre. “Leopoldo Fernández no va a salir del departamento de La Paz”.
Oswaldo Fong advirtió que el recurso de hábeas corpus “no puede ser suspendido o postergado bajo ninguna circunstancia”.
Carlo Brito, abogado de Fernández, reconoció ayer que la batalla legal que deberá librar su defendido “será larga y difícil”.
Debe dar curso
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró que la resolución emitida por la Corte de Distrito de Chuquisaca debe ser ejecutada “sobre la marcha” porque así lo establece el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Precisó que ese fallo debe ser acatado, independientemente de la revisión en el Tribunal Constitucional.
El juez Williams Dávila, quien remitió a Fernández al penal de San Pedro y que también fue recurrido por la defensa del Prefecto elegido porque no tenía competencia en ese caso, declaró que la sentencia de los vocales tiene que cumplirse.
El jurista consideró que sólo el Tribunal Constitucional determinará la legalidad o la ilegalidad de ese recurso.
Dos expertos en materia constitucional, Carlos Alarcón y Willman Durán, coincidieron en señalar que el fiscal Uribe y el Gobierno deben dar cumplimiento al hábeas corpus, y también indicaron que sólo el máximo órgano judicial de apelación puede anular esa resolución.
La abogada de los tres estudiantes muertos en Porvenir, Mary Carrasco, presentó en la Fiscalía de La Paz una demanda penal contra Fong y Lowenthal por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución, tráfico de Influencias y prevaricato.
Sin embargo, las dos autoridades judiciales demandadas defendieron, en una conferencia de prensa, la legitimidad de su determinación y rechazaron insinuaciones sobre un supuesto dolo en la emisión de ese fallo.
La vocal dijo que su actuación “debe ser observada y criticada por técnicos conocedores del derecho una vez que la resolución sea notificada”, y añadió que están dispuestos a debatir.
Refuerzos
Desde las tres de la tarde del lunes, familiares de heridos y muertos y aun víctimas de los hechos violentos en Porvenir y organizaciones sociales se declararon en vigilia en alrededores de la cárcel de San Pedro para evitar el traslado del ex prefecto Fernández a Sucre.
Cerca de una veintena de personas durmieron frente a la puerta lateral del penal, sobre la calle Cañada Strongest, por el temor de que se ejecute la orden de la Corte Distrital de Justicia de Chuquisaca de su descarcelación.
Ayer en la mañana, esta gente se apostó con carteles que decían: “Leopoldo a Chonchocoro, justicia para las víctimas de Porvenir”, “Ningún preso de San Pedro es tan culpable como el carnicero de Cobija”, “Basta de preferencias para Leopoldo, ampliar el proceso al fiscal Uribe”.
El representante del Comité Popular Édgar Mora dijo que su vigilia es indefinida: “Pedimos justicia para la justicia y que el caso Leopoldo pase a un tribunal nacional comunitario”.
Frente a este asedio, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, explicó que ordenó que se refuerce la seguridad en el penal de San Pedro. El comandante departamental de la Policía de La Paz, Raúl Mantilla, también envió más policías a ese reclusorio.
Los alrededores del penal de San Pedro fueron resguardados por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Regimiento Policial No. 1 y de otras unidades policiales para “disuadir a los movimientos sociales y no reprimir”.
Carlo Brito, abogado de Fernández, dijo que la semana pasada pidieron al Director de Régimen Penitenciario garantías para la seguridad de su defendido.
Agresión a los periodistas
“Unitel, terroristas de la comunicación” está inscrito en dos pedazos de cartulinas pegados frente a la puerta lateral de la cárcel de San Pedro. La periodista de este medio televisivo Roxana Lizárraga y su camarógrafo fueron empujados e insultados ayer en la mañana por integrantes del Comité Cívico Popular que cumplían una vigilia para evitar el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre.
El incidente surgió luego de una transmisión en vivo de una entrevista a un joven pandino en inmediaciones del penal de San Pedro, quien se molestó luego de ser consultado sobre quién sustentaba su estadía en La Paz.
La red ATB, que también estaba en el momento, mostró que uno de los agresores que “actuó violentamente” contra Unitel era el dirigente Édgar Mora, representante del Comité Popular que apoya la vigilia y quien también atentó contra otros medios televisivos. Los seguidores del Comité Cívico Popular agredieron además al periodista de ese medio televisivo y al de la red Uno.
A partir de ese momento, los protestantes pedían que los periodistas se identificaran con credenciales para conocer el medio al que pertenecen.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que no se tolerará más agresiones a periodistas y camarógrafos. “El Gobierno jamás va a encubrir o fomentar ataques a los medios de comunicación ni a los periodistas, y los responsables de ataques tienen que asumir sus responsabilidades individuales”.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Ronald Grebe, reiteró su preocupación por las frecuentes agresiones a periodistas por parte de sectores pro Gobierno. “Solicitamos al Gobierno que tome medidas para que se deje trabajar con libertad a los medios de comunicación. Reiteradamente reclamanos, pero hasta ahora no tenemos una reacción del Gobierno y vamos a seguir insistiendo”.
Grebe señaló que insistirá a los medios de comunicación que inicien acciones judiciales contra los agresores.
El dolor de víctimas de Porvenir
“Con un balazo en la cara mataron a mi esposo (Diter Tupa) el 11 de septiembre en Porvenir. Él estaba participando en una marcha, pero lo persiguieron y lo encerraron en una habitación de Porvenir donde lo asesinaron, y ahora estoy desamparada con mi hijito (4)”, relató, con lágrimas en los ojos, Tilme Moya (25), apostada frente a la puerta lateral del penal de San Pedro, donde una vigilia trata de impedir la salida del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Sergio Ordóñez (44), al igual que Tilme Moya, está “refugiado” en La Paz por seguridad desde hace más de un mes. “Soy una víctima de Porvenir, donde nos emboscaron y me dispararon (mostró la herida de bala en la espalda). Con toda mi familia, somos ocho, nos trasladamos a La Paz, y no pensamos volver a Pando porque estamos amenazados y perseguidos”.
Entre la gente que hace vigilia en San Pedro también está Lucía Patuma Da Silva (33), quien dice que recibió una bala en su costado izquierdo. “Estaba en la marcha, yo fui a traer a mis otros compañeros de Puerto Rico para ir a un congreso en Filadelfia, y cuando hablábamos con los policías apareció una volqueta llena de gente con la cara tapada y cuando bajaron nos llovieron los tiros y me llegó en la espalda, nos escapamos al río, donde casi me ahogué”.
Esta mujer dejó a sus cinco hijos en Pando y se trasladó a la sede del Gobierno a pedir justicia. “Voy a estar aquí hasta que logremos la justicia, y cuando eso suceda me iré tranquila”.
Así como estas personas, existen cerca de 80 pandinos en La Paz que fueron víctimas o son familiares de los heridos y muertos del 11 de septiembre. Luis Miguel (22) dice que pertenece a la comunidad Piedras de Pando, una de las que participaban en la marcha para asistir a un ampliado campesino. “Somos entre 80 y 100 personas que estamos refugiadas en La Paz, Unitas nos está dando albergue y nuestros hermanos de las organizaciones sociales de La Paz nos están apoyando con alimento”.
Estas personas manifestaron su temor a volver a su tierra de origen, debido a las amenazas, y pidieron al Gobierno mantenga el estado de sitio en Pando.
Repercusiones
“Hubiera sido fácil allanarme del conocimiento del caso y así me evito cualquier situación como la que se presenta, pero cuando venimos a cumplir con una responsabilidad lo hacemos con todo. No por ello vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones”·
Oswaldo Fong
Juez Corte de Distrito Chuquisaca
“Se sospecha que hubo mucha plata, y cuando se trata de Leopoldo Fernández seguro que hay plata, una persona con tantos cargos de genocidio, corrupción, nepotismo, no se puede entender”.
Jorge Silva
Diputado del MAS
“Se debe respetar la independencia de los tres poderes del Estado. Nuestra Constitución establece que el Gobierno debe cumplir los fallos de la Corte, tenemos un plazo de 48 horas y debe cumplirse el mandato”.
José Villavicencio
Senador de Pando
“Es una aberración (el fallo del hábeas corpus), porque uno de los vocales es ex empleado de Leopoldo Fernández y es el que también favoreció a ‘Chito’ Valle. En política, ninguna factura queda al aire, todo se paga”.
Gustavo Torrico
Diputado del MAS
“No debe confundir las atribuciones del Poder Ejecutivo con el Tribunal Constitucional. Más allá de que si le gusta o no al Gobierno la resolución, se debe cumplir con las leyes”.
Fernando Rodríguez
Senador de Podemos
Cronología
11 de septiembre al menos 18 personas, según Derechos Humanos, murieron en Porvenir.
12 de septiembre el Gobierno dictó estado de sitio en Pando para frenar la violencia.
15 de septiembre La Fiscalía General inicia un proceso por genocidio contra Leopoldo Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar.
16 de septiembre el Prefecto fue arrestado por desacatar el estado de sitio y trasladado a La Paz.
A su arribo al aeropuerto de El Alto, fue notificado con el inicio de un proceso penal.
La demanda fue interpuesta por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir.
En el marco de ese proceso ordinario, el 18 de septiembre fue remitido al penal de San Pedro.
La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema ordenó el 19 de septiembre su traslado a Sucre. Comunica al juez Williams Dávila, quien dispuso la reclusión, que asume competencia en el caso.
El 20 de septiembre Dávila se excusa de seguir con el proceso porque fue recusado. El caso pasa al juez Álvaro Melgarejo, quien dispone la transferencia de los obrados a Sucre.
El Gobierno denegó el traslado porque no hay un mandamiento de libertad y señala que esa autoridad está confinada.
La Suprema y el Fiscal General decidieron esperar la conclusión del estado de sitio para retomar este proceso.
El senador suplente Abraham Cuéllar presentó una recusación contra la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia. El 20 de octubre, el órgano judicial rechazó esa demanda y allanó el camino para que la Sala Penal Segunda retome el juicio contra Fernández.
El 24 de octubre, el fiscal Uribe declara que el caso contra el ex Prefecto debe seguir en La Paz porque es la jurisdicción a la que corresponde.
El 25 de octubre, la defensa de Fernández interpuso un recurso de hábeas corpus que salió a su favor el 27 de octubre.
El cuñado del ex prefecto Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y los alcaldes pandinos de Bolpebra, Máximo Ayllón, y de Porvenir, Homer Polanco, fueron aprehendidos ayer en Cobija por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin que hasta anoche se haya establecido su paradero y los cargos en su contra.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien fue consultado anoche sobre el porqué de estas detenciones, negó que éstas estén vinculadas con los hechos de Porvenir ocurridos el mes pasado. Dijo que se trataba de otro caso y que se referiría a él “en otro momento”.
Una fuente del Ministerio de Gobierno dijo que recibieron un informe que confirma que las detenciones fueron ejecutadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El arresto de esos tres ciudadanos pandinos se da al día siguiente de que la Corte de Distrito de Chuquisaca ordenara el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre. El Gobierno dijo que no acatará esa determinación.
El ministro Rada, tras retornar ayer de Venezuela, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra los vocales Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, quienes votaron a favor de la procedencia de un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Fernández, por conducta antijurídica, uso de influencias y acciones contra la ley. Hoy sentará su denuncia por escrito.
La autoridad del Ejecutivo alegó que la audiencia se instaló a pesar de que él no se encontraba en el país y, por lo tanto, no pudo ser notificado.
Una radio de Cobija informó a La Prensa que los munícipes Máximo Ayllón, de Bolpebra, y Homer Polanco, de Porvenir (quien asumió interinamente el cargo luego de que el alcalde Evin Ventura huyera a Brasil), fueron citados a las oficinas del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) para una reunión. Al salir de ese recinto, un grupo de militares los arrestó.
Melitón Brito, esposo de Lucía Fernández Ferreira, fue aprehendido hacia las 17.00 en inmediaciones del mercado central de Cobija, cuando retornaba a su domicilio de pagar impuestos.
Lorenzo Fernández, hermano de Leopoldo y cuñado del arrestado, relató que su familiar se comunicó por teléfono para decirle que lo estaban deteniendo. “Les preguntó adónde lo llevaban, pero no quisieron decirle”.
“No sabemos el paradero, luego de que se comunicó conmigo colgó el celular, parece que se lo han quitado, porque está apagado. Esto parece un terrorismo de Estado, porque hemos ido a la Fiscalía, a la FELCC, al Comando Conjunto y nadie sabe dónde está. Esto parece un secuestro”.
Según El Deber, la delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, dijo estar sorprendida por lo ocurrido y se limitó a indicar que probablemente estos hechos sean parte de las investigaciones por las muertes en Porvenir.
El representante del Ministerio Público en este departamento, Eloy Aspetti, sostuvo que conoció las detenciones a través de los reportes de los medios de comunicación que dieron cuenta de ello y agregó que él no emitió ninguna orden de aprehensión, por ningún caso, en contra de nadie.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que por el momento no tenía comentario sobre el caso y que prefería “evitar especulaciones”.
Desacato
El fiscal general, Mario Uribe, aseguró ayer que no cumplirá el fallo emanado por la Corte de Distrito de Chuquisaca porque no tiene competencia en ese caso.
Oswaldo Fong, presidente de la Sala Penal, y Elena Lowenthal votaron el lunes por la procedencia de un recurso del hábeas corpus presentado por la defensa de Leopoldo Fernández, en tanto que Teresa Rosquellas, también integrante de ese Tribunal, votó en contra de esa determinación.
La resolución de esa Sala ordena que, en un plazo de 48 horas, el ex Prefecto de Pando sea traslado a Sucre y puesto a disposición del fiscal Uribe en el marco de un juicio de responsabilidades. Instruyó también a esa autoridad reasumir sus funciones de investigador sobre las muertes en Porvenir.
Frente a esa decisión, Uribe declaró a la red Unitel que “no ha de ser posible su cumplimiento (refiriéndose al fallo)” porque él no puede “proceder a investigar un juicio de responsabilidades de hechos que están en conocimiento de la comisión especial de la Cámara de Diputados”.
El 17 de octubre, a través de una carta, el Fiscal General declinó competencia en las indagaciones de los hechos de Pando (que dejaron un saldo de al menos 18 muertos, según Derechos Humanos) y remitió los antecedentes a esa instancia legislativa para que “asuma, a partir de su recepción, la responsabilidad absoluta de la investigación”.
Fernández fue recluido en el penal de San Pedro el 18 de septiembre, en el marco de un juicio ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en la localidad de Porvenir el 11 de septiembre. La autoridad es acusada de asesinato, asociación delictuosa y terrorismo. El Fiscal General reiteró ayer que el ex Prefecto debe seguir en la cárcel y también debe continuar el proceso penal en su contra.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, reiteró que el Ejecutivo no permitirá el traslado de Fernández a Sucre. “Leopoldo Fernández no va a salir del departamento de La Paz”.
Oswaldo Fong advirtió que el recurso de hábeas corpus “no puede ser suspendido o postergado bajo ninguna circunstancia”.
Carlo Brito, abogado de Fernández, reconoció ayer que la batalla legal que deberá librar su defendido “será larga y difícil”.
Debe dar curso
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró que la resolución emitida por la Corte de Distrito de Chuquisaca debe ser ejecutada “sobre la marcha” porque así lo establece el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Precisó que ese fallo debe ser acatado, independientemente de la revisión en el Tribunal Constitucional.
El juez Williams Dávila, quien remitió a Fernández al penal de San Pedro y que también fue recurrido por la defensa del Prefecto elegido porque no tenía competencia en ese caso, declaró que la sentencia de los vocales tiene que cumplirse.
El jurista consideró que sólo el Tribunal Constitucional determinará la legalidad o la ilegalidad de ese recurso.
Dos expertos en materia constitucional, Carlos Alarcón y Willman Durán, coincidieron en señalar que el fiscal Uribe y el Gobierno deben dar cumplimiento al hábeas corpus, y también indicaron que sólo el máximo órgano judicial de apelación puede anular esa resolución.
La abogada de los tres estudiantes muertos en Porvenir, Mary Carrasco, presentó en la Fiscalía de La Paz una demanda penal contra Fong y Lowenthal por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución, tráfico de Influencias y prevaricato.
Sin embargo, las dos autoridades judiciales demandadas defendieron, en una conferencia de prensa, la legitimidad de su determinación y rechazaron insinuaciones sobre un supuesto dolo en la emisión de ese fallo.
La vocal dijo que su actuación “debe ser observada y criticada por técnicos conocedores del derecho una vez que la resolución sea notificada”, y añadió que están dispuestos a debatir.
Refuerzos
Desde las tres de la tarde del lunes, familiares de heridos y muertos y aun víctimas de los hechos violentos en Porvenir y organizaciones sociales se declararon en vigilia en alrededores de la cárcel de San Pedro para evitar el traslado del ex prefecto Fernández a Sucre.
Cerca de una veintena de personas durmieron frente a la puerta lateral del penal, sobre la calle Cañada Strongest, por el temor de que se ejecute la orden de la Corte Distrital de Justicia de Chuquisaca de su descarcelación.
Ayer en la mañana, esta gente se apostó con carteles que decían: “Leopoldo a Chonchocoro, justicia para las víctimas de Porvenir”, “Ningún preso de San Pedro es tan culpable como el carnicero de Cobija”, “Basta de preferencias para Leopoldo, ampliar el proceso al fiscal Uribe”.
El representante del Comité Popular Édgar Mora dijo que su vigilia es indefinida: “Pedimos justicia para la justicia y que el caso Leopoldo pase a un tribunal nacional comunitario”.
Frente a este asedio, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, explicó que ordenó que se refuerce la seguridad en el penal de San Pedro. El comandante departamental de la Policía de La Paz, Raúl Mantilla, también envió más policías a ese reclusorio.
Los alrededores del penal de San Pedro fueron resguardados por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Regimiento Policial No. 1 y de otras unidades policiales para “disuadir a los movimientos sociales y no reprimir”.
Carlo Brito, abogado de Fernández, dijo que la semana pasada pidieron al Director de Régimen Penitenciario garantías para la seguridad de su defendido.
Agresión a los periodistas
“Unitel, terroristas de la comunicación” está inscrito en dos pedazos de cartulinas pegados frente a la puerta lateral de la cárcel de San Pedro. La periodista de este medio televisivo Roxana Lizárraga y su camarógrafo fueron empujados e insultados ayer en la mañana por integrantes del Comité Cívico Popular que cumplían una vigilia para evitar el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre.
El incidente surgió luego de una transmisión en vivo de una entrevista a un joven pandino en inmediaciones del penal de San Pedro, quien se molestó luego de ser consultado sobre quién sustentaba su estadía en La Paz.
La red ATB, que también estaba en el momento, mostró que uno de los agresores que “actuó violentamente” contra Unitel era el dirigente Édgar Mora, representante del Comité Popular que apoya la vigilia y quien también atentó contra otros medios televisivos. Los seguidores del Comité Cívico Popular agredieron además al periodista de ese medio televisivo y al de la red Uno.
A partir de ese momento, los protestantes pedían que los periodistas se identificaran con credenciales para conocer el medio al que pertenecen.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que no se tolerará más agresiones a periodistas y camarógrafos. “El Gobierno jamás va a encubrir o fomentar ataques a los medios de comunicación ni a los periodistas, y los responsables de ataques tienen que asumir sus responsabilidades individuales”.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Ronald Grebe, reiteró su preocupación por las frecuentes agresiones a periodistas por parte de sectores pro Gobierno. “Solicitamos al Gobierno que tome medidas para que se deje trabajar con libertad a los medios de comunicación. Reiteradamente reclamanos, pero hasta ahora no tenemos una reacción del Gobierno y vamos a seguir insistiendo”.
Grebe señaló que insistirá a los medios de comunicación que inicien acciones judiciales contra los agresores.
El dolor de víctimas de Porvenir
“Con un balazo en la cara mataron a mi esposo (Diter Tupa) el 11 de septiembre en Porvenir. Él estaba participando en una marcha, pero lo persiguieron y lo encerraron en una habitación de Porvenir donde lo asesinaron, y ahora estoy desamparada con mi hijito (4)”, relató, con lágrimas en los ojos, Tilme Moya (25), apostada frente a la puerta lateral del penal de San Pedro, donde una vigilia trata de impedir la salida del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Sergio Ordóñez (44), al igual que Tilme Moya, está “refugiado” en La Paz por seguridad desde hace más de un mes. “Soy una víctima de Porvenir, donde nos emboscaron y me dispararon (mostró la herida de bala en la espalda). Con toda mi familia, somos ocho, nos trasladamos a La Paz, y no pensamos volver a Pando porque estamos amenazados y perseguidos”.
Entre la gente que hace vigilia en San Pedro también está Lucía Patuma Da Silva (33), quien dice que recibió una bala en su costado izquierdo. “Estaba en la marcha, yo fui a traer a mis otros compañeros de Puerto Rico para ir a un congreso en Filadelfia, y cuando hablábamos con los policías apareció una volqueta llena de gente con la cara tapada y cuando bajaron nos llovieron los tiros y me llegó en la espalda, nos escapamos al río, donde casi me ahogué”.
Esta mujer dejó a sus cinco hijos en Pando y se trasladó a la sede del Gobierno a pedir justicia. “Voy a estar aquí hasta que logremos la justicia, y cuando eso suceda me iré tranquila”.
Así como estas personas, existen cerca de 80 pandinos en La Paz que fueron víctimas o son familiares de los heridos y muertos del 11 de septiembre. Luis Miguel (22) dice que pertenece a la comunidad Piedras de Pando, una de las que participaban en la marcha para asistir a un ampliado campesino. “Somos entre 80 y 100 personas que estamos refugiadas en La Paz, Unitas nos está dando albergue y nuestros hermanos de las organizaciones sociales de La Paz nos están apoyando con alimento”.
Estas personas manifestaron su temor a volver a su tierra de origen, debido a las amenazas, y pidieron al Gobierno mantenga el estado de sitio en Pando.
Repercusiones
“Hubiera sido fácil allanarme del conocimiento del caso y así me evito cualquier situación como la que se presenta, pero cuando venimos a cumplir con una responsabilidad lo hacemos con todo. No por ello vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones”·
Oswaldo Fong
Juez Corte de Distrito Chuquisaca
“Se sospecha que hubo mucha plata, y cuando se trata de Leopoldo Fernández seguro que hay plata, una persona con tantos cargos de genocidio, corrupción, nepotismo, no se puede entender”.
Jorge Silva
Diputado del MAS
“Se debe respetar la independencia de los tres poderes del Estado. Nuestra Constitución establece que el Gobierno debe cumplir los fallos de la Corte, tenemos un plazo de 48 horas y debe cumplirse el mandato”.
José Villavicencio
Senador de Pando
“Es una aberración (el fallo del hábeas corpus), porque uno de los vocales es ex empleado de Leopoldo Fernández y es el que también favoreció a ‘Chito’ Valle. En política, ninguna factura queda al aire, todo se paga”.
Gustavo Torrico
Diputado del MAS
“No debe confundir las atribuciones del Poder Ejecutivo con el Tribunal Constitucional. Más allá de que si le gusta o no al Gobierno la resolución, se debe cumplir con las leyes”.
Fernando Rodríguez
Senador de Podemos
Cronología
11 de septiembre al menos 18 personas, según Derechos Humanos, murieron en Porvenir.
12 de septiembre el Gobierno dictó estado de sitio en Pando para frenar la violencia.
15 de septiembre La Fiscalía General inicia un proceso por genocidio contra Leopoldo Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar.
16 de septiembre el Prefecto fue arrestado por desacatar el estado de sitio y trasladado a La Paz.
A su arribo al aeropuerto de El Alto, fue notificado con el inicio de un proceso penal.
La demanda fue interpuesta por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir.
En el marco de ese proceso ordinario, el 18 de septiembre fue remitido al penal de San Pedro.
La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema ordenó el 19 de septiembre su traslado a Sucre. Comunica al juez Williams Dávila, quien dispuso la reclusión, que asume competencia en el caso.
El 20 de septiembre Dávila se excusa de seguir con el proceso porque fue recusado. El caso pasa al juez Álvaro Melgarejo, quien dispone la transferencia de los obrados a Sucre.
El Gobierno denegó el traslado porque no hay un mandamiento de libertad y señala que esa autoridad está confinada.
La Suprema y el Fiscal General decidieron esperar la conclusión del estado de sitio para retomar este proceso.
El senador suplente Abraham Cuéllar presentó una recusación contra la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia. El 20 de octubre, el órgano judicial rechazó esa demanda y allanó el camino para que la Sala Penal Segunda retome el juicio contra Fernández.
El 24 de octubre, el fiscal Uribe declara que el caso contra el ex Prefecto debe seguir en La Paz porque es la jurisdicción a la que corresponde.
El 25 de octubre, la defensa de Fernández interpuso un recurso de hábeas corpus que salió a su favor el 27 de octubre.
Un siquiatra para Colanzi!
"Santa Cruz preñó a Bolivia"
Disparatada intervención del diputado pro oficialista Alejandro Colanzi en el Congreso Nacional el pasado 21 de octubre de 2008, fecha en que se convocó a referéndum por la constitución.
Habla de su madre, de su hija, de espermatozoides, de preñadas, olores corporales, de partos y milagros...
¿En manos de quiénes está el país?
El presidente de la CDE de La Paz es arrestado y liberado
Fernando Freudenthal, junto a la vocal Rosario Donoso, está acusado de la supuesta pérdida de papeletas electorales de los comicios del 2005. Él afirma que la denuncia tiene que ver con su postulación a la CNE.
El presidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz, Fernando Freudenthal, quien es candidato a llenar una de las acefalías de la Corte Nacional Electoral, fue aprehendido ayer y conducido hasta la Fiscalía, donde declaró sobre la supuesta pérdida de 22 mil papeletas de sufragio en la elección presidencial del 2005. La viceministra de Transparencia, Nardi Suxo, planteó la denuncia.
Freudenthal relacionó la aparición de esas denuncias con la cercanía de la elección de vocales electorales en el Congreso Nacional, donde es candidato. “Qué coincidencia que esas denuncias hayan empezado a aparecer cuando me postulo a la Corte Nacional Electoral”, dijo.
Freudenthal fue detenido a las 9.15 en las puertas de la Corte Departamental, en cumplimiento de un mandamiento de apremio expedido por el fiscal anticorrupción, José Luis Rosas, quien explicó que la decisión obedeció a la negativa de la autoridad de presentarse a declarar pese a ser notificado.
El fiscal informó que los cargos se deben a que “se habrían perdido de 11 mil a 22 mil papeletas electorales, el siniestro de una vagoneta de la CDE de La Paz, nombramientos ilegales de parientes de Rosario Donoso (vocal) y un posible manejo dispendioso de gasolina”.
En su defensa, Freudenthal dijo que los delitos de los que se lo acusa como la “falta de papeletas, el siniestro de un vehículo, en el que el presidente de la Corte no tiene ninguna participación, son de orden administra- tivo y los denunciantes pretenden convertirlos en penales”.
Freudenthal no prestó declaraciones al llegar a la Fiscalía, pese a que se le asignó al abogado de oficio, Álvaro Corro. Su abogado llegó después de tres horas de la aprehensión y, con su asesoramiento, la autoridad hizo su declaración y fue liberado.
En el caso también está citada la vocal Rosario Donoso, contra quien se emitió un mandamiento de aprehensión por no haber respondido a la convocatoria previa para declarar.
“Luego de la investigación se puede optar por el rechazo de la denuncia, la imputación formal (acusación) o la imposición de una medida cautelar”, explicó el fiscal. En la Fiscalía se presentó la vocal María Luisa Kent, quien salió en defensa de Freudenthal asegurando que no se perdieron las papeletas de sufragio.
Fuente
El presidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz, Fernando Freudenthal, quien es candidato a llenar una de las acefalías de la Corte Nacional Electoral, fue aprehendido ayer y conducido hasta la Fiscalía, donde declaró sobre la supuesta pérdida de 22 mil papeletas de sufragio en la elección presidencial del 2005. La viceministra de Transparencia, Nardi Suxo, planteó la denuncia.
Freudenthal relacionó la aparición de esas denuncias con la cercanía de la elección de vocales electorales en el Congreso Nacional, donde es candidato. “Qué coincidencia que esas denuncias hayan empezado a aparecer cuando me postulo a la Corte Nacional Electoral”, dijo.
Freudenthal fue detenido a las 9.15 en las puertas de la Corte Departamental, en cumplimiento de un mandamiento de apremio expedido por el fiscal anticorrupción, José Luis Rosas, quien explicó que la decisión obedeció a la negativa de la autoridad de presentarse a declarar pese a ser notificado.
El fiscal informó que los cargos se deben a que “se habrían perdido de 11 mil a 22 mil papeletas electorales, el siniestro de una vagoneta de la CDE de La Paz, nombramientos ilegales de parientes de Rosario Donoso (vocal) y un posible manejo dispendioso de gasolina”.
En su defensa, Freudenthal dijo que los delitos de los que se lo acusa como la “falta de papeletas, el siniestro de un vehículo, en el que el presidente de la Corte no tiene ninguna participación, son de orden administra- tivo y los denunciantes pretenden convertirlos en penales”.
Freudenthal no prestó declaraciones al llegar a la Fiscalía, pese a que se le asignó al abogado de oficio, Álvaro Corro. Su abogado llegó después de tres horas de la aprehensión y, con su asesoramiento, la autoridad hizo su declaración y fue liberado.
En el caso también está citada la vocal Rosario Donoso, contra quien se emitió un mandamiento de aprehensión por no haber respondido a la convocatoria previa para declarar.
“Luego de la investigación se puede optar por el rechazo de la denuncia, la imputación formal (acusación) o la imposición de una medida cautelar”, explicó el fiscal. En la Fiscalía se presentó la vocal María Luisa Kent, quien salió en defensa de Freudenthal asegurando que no se perdieron las papeletas de sufragio.
Fuente
La CPE admite la democracia comunitaria para el gobierno
La democracia comunitaria establece la elección de autoridades a través de los usos y costumbres.
El proyecto de Constitución Política del Estado que será sometido a referendos aprobatorio y dirimente el 25 de enero incorpora a “la democracia comunitaria” en el sistema de Gobierno que podría tener Bolivia de aprobarse el documento constitucional.
La democracia proyectada por la nueva Carta Magna incluye las variables participativa, representativa y comunitaria. La aparición en el texto de este mecanismo es novedosa, ya que en el documento vigente sólo se reconocen el sistema democrático representativo y el directo.
Dentro del proyecto constitucional, el Capítulo Tercero, referido al Sistema de Gobierno, reconoce “normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” a la hora de elegir autoridades, además incluye los cabildos y asambleas como formas deliberativas de la sociedad.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi, quien participó en la Mesa de Concertación que modificó el texto aprobado en 2007 en Oruro, sostuvo que este artículo “reconoce la diversidad de formas (democráticas) que aparecen en el país”.
La forma comunitaria que se incorpora a la democracia formal boliviana establece la elección de autoridades y representantes a través de procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El proyecto además establece que la organización política, para todas las modalidades (representativa, participativa y comunitaria), será establecida mediante una ley.
Consultado acerca de la incorporación de la democracia comunitaria, Colanzi considera que ésta aparece en el texto gracias a las prácticas de la sociedad civil en los últimos años y que este sistema es un concepto que va más allá de las prácticas indígenas que “rescata el viejo concepto de la comuna”.
El politólogo Carlos Cordero considera que la democracia comunitaria es “una novedad en la tradición republicana, liberal y representativa”.
Empero, señala que falta observar cómo se articularán los distintos mecanismos democráticos y de qué manera éstos sostendrán sus relaciones con las formas de Gobierno reconocidas en la propuesta de Carta Magna.
En el capítulo de autonomías se determinaron, después de las negociaciones del Gobierno con los prefectos y los parlamentarios, cinco niveles gubernamentales: nacional, departamental, municipal, indígena y regional.
“En el tiempo se verá si se pueden complementar, ser armónicos o provocan tensionamientos”.
La faceta comunitaria de la democracia significa “la superación de la etapa donde las decisiones las tomaban técnicos con visión economicistas, como sucedió en las últimas dos décadas”, según el diputado Colanzi. En cambio, Cordero teme que el “asambleísmo pueda fortalecer los autoritarismos debido a las presiones ilícitas que se dan en esas situaciones”.
El texto propuesto reconoce como democracia participativa al referéndum, la iniciativa ciudadana, el revocatorio, las asambleas y los cabildos y la consulta previa.
“Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo”. La democracia participativa fue insertada en la Carta Magna que todavía está vigente en la gestión presidencial de Carlos Mesa (2003-2005).
Los principios del Estado
El artículo 8 del proyecto de Constitución Política del Estado (ver cuadro superior) incorpora como principios ético-morales del Estado boliviano los mandamientos propios de los pueblos indígenas originarios. Para el sociólogo Julio Mantilla, estos elementos no son añadiduras “folklóricas”, sino más bien “elaboraciones filosóficas” y visiones del desarrollo del “buen vivir”.
Para el especialista, el mencionado artículo incorpora visiones de la vida que son distintas de las planteadas por el racionalismo occidental. “La visión del suma qamaña, por ejemplo, es una visión de equilibrio entre trabajo, conocimiento, placer y solidaridad”. Mantilla considera que la irrupción de estos planteamientos representa un cambio muy profundo en nuestra manera de entender el mundo. “Se trata de cómo nosotros interiorizamos la nueva filosofía”.
Este precepto “es un tema central”. “Éste es un proceso gradual que en los próximos 20 años vamos a seguir madurando. Afectará tremendamente en la cotidianidad”.
El sociólogo comentó que estas “dimensiones filosóficas, lastimosamente, no son explicadas y por eso son vulgarizadas como algo folklórico”, y concluyó que esta incorporación es un avance “postmoderno” en la nueva Constitución.
El sistema de gobierno La nueva CPE
Artículo11:
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley.
Artículo 12:
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización está fundamentada en la independencia…
La CPE vigente
La Constitución Política del Estado que está vigente hace mención al sistema de Gobierno en los primeros preceptos del documento.
Artículo1:
I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Artículo 4:
El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por ley.
Artículo 2:
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.
Principios del Estado
La nueva CPE
Artículo 8:
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Artículo 9:
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación.
La CPE vigente
Los principios, en la Carta Magna que está en vigencia, se mencionan en el artículo 8, que señala:
Artículo 8:
Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia.
Artículo 30:
Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.
Artículo 31:
Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 32:
Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban.
Artículo 34:
Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Hitos Democráticos
El referéndum por los hidrocarburos inauguró la etapa de la democracia participativa.
La elección de prefectos, en 2005, dio inicio a otra faceta de la vida democrática.
La consulta revocatoria del 10 de agosto marcó el colofón de la participación.
Fuente
El proyecto de Constitución Política del Estado que será sometido a referendos aprobatorio y dirimente el 25 de enero incorpora a “la democracia comunitaria” en el sistema de Gobierno que podría tener Bolivia de aprobarse el documento constitucional.
La democracia proyectada por la nueva Carta Magna incluye las variables participativa, representativa y comunitaria. La aparición en el texto de este mecanismo es novedosa, ya que en el documento vigente sólo se reconocen el sistema democrático representativo y el directo.
Dentro del proyecto constitucional, el Capítulo Tercero, referido al Sistema de Gobierno, reconoce “normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” a la hora de elegir autoridades, además incluye los cabildos y asambleas como formas deliberativas de la sociedad.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi, quien participó en la Mesa de Concertación que modificó el texto aprobado en 2007 en Oruro, sostuvo que este artículo “reconoce la diversidad de formas (democráticas) que aparecen en el país”.
La forma comunitaria que se incorpora a la democracia formal boliviana establece la elección de autoridades y representantes a través de procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El proyecto además establece que la organización política, para todas las modalidades (representativa, participativa y comunitaria), será establecida mediante una ley.
Consultado acerca de la incorporación de la democracia comunitaria, Colanzi considera que ésta aparece en el texto gracias a las prácticas de la sociedad civil en los últimos años y que este sistema es un concepto que va más allá de las prácticas indígenas que “rescata el viejo concepto de la comuna”.
El politólogo Carlos Cordero considera que la democracia comunitaria es “una novedad en la tradición republicana, liberal y representativa”.
Empero, señala que falta observar cómo se articularán los distintos mecanismos democráticos y de qué manera éstos sostendrán sus relaciones con las formas de Gobierno reconocidas en la propuesta de Carta Magna.
En el capítulo de autonomías se determinaron, después de las negociaciones del Gobierno con los prefectos y los parlamentarios, cinco niveles gubernamentales: nacional, departamental, municipal, indígena y regional.
“En el tiempo se verá si se pueden complementar, ser armónicos o provocan tensionamientos”.
La faceta comunitaria de la democracia significa “la superación de la etapa donde las decisiones las tomaban técnicos con visión economicistas, como sucedió en las últimas dos décadas”, según el diputado Colanzi. En cambio, Cordero teme que el “asambleísmo pueda fortalecer los autoritarismos debido a las presiones ilícitas que se dan en esas situaciones”.
El texto propuesto reconoce como democracia participativa al referéndum, la iniciativa ciudadana, el revocatorio, las asambleas y los cabildos y la consulta previa.
“Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo”. La democracia participativa fue insertada en la Carta Magna que todavía está vigente en la gestión presidencial de Carlos Mesa (2003-2005).
Los principios del Estado
El artículo 8 del proyecto de Constitución Política del Estado (ver cuadro superior) incorpora como principios ético-morales del Estado boliviano los mandamientos propios de los pueblos indígenas originarios. Para el sociólogo Julio Mantilla, estos elementos no son añadiduras “folklóricas”, sino más bien “elaboraciones filosóficas” y visiones del desarrollo del “buen vivir”.
Para el especialista, el mencionado artículo incorpora visiones de la vida que son distintas de las planteadas por el racionalismo occidental. “La visión del suma qamaña, por ejemplo, es una visión de equilibrio entre trabajo, conocimiento, placer y solidaridad”. Mantilla considera que la irrupción de estos planteamientos representa un cambio muy profundo en nuestra manera de entender el mundo. “Se trata de cómo nosotros interiorizamos la nueva filosofía”.
Este precepto “es un tema central”. “Éste es un proceso gradual que en los próximos 20 años vamos a seguir madurando. Afectará tremendamente en la cotidianidad”.
El sociólogo comentó que estas “dimensiones filosóficas, lastimosamente, no son explicadas y por eso son vulgarizadas como algo folklórico”, y concluyó que esta incorporación es un avance “postmoderno” en la nueva Constitución.
El sistema de gobierno La nueva CPE
Artículo11:
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley.
Artículo 12:
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización está fundamentada en la independencia…
La CPE vigente
La Constitución Política del Estado que está vigente hace mención al sistema de Gobierno en los primeros preceptos del documento.
Artículo1:
I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Artículo 4:
El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por ley.
Artículo 2:
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.
Principios del Estado
La nueva CPE
Artículo 8:
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Artículo 9:
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación.
La CPE vigente
Los principios, en la Carta Magna que está en vigencia, se mencionan en el artículo 8, que señala:
Artículo 8:
Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia.
Artículo 30:
Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.
Artículo 31:
Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 32:
Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban.
Artículo 34:
Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Hitos Democráticos
El referéndum por los hidrocarburos inauguró la etapa de la democracia participativa.
La elección de prefectos, en 2005, dio inicio a otra faceta de la vida democrática.
La consulta revocatoria del 10 de agosto marcó el colofón de la participación.
Fuente
Evo pide a sus legisladores que inicien aplicación de nueva CPE
El Jefe de Estado cumplió 49 años el domingo, y ayer fue agasajado en la residencia de San Jorge.
El presidente Evo Morales dio ayer por aprobado el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), pese a que faltan tres meses para el referendo de aprobación, y pidió a sus parlamentarios que comiencen a organizarse hoy para implementar esa ley fundamental.
La oposición y el oficialismo acordaron el 21 de octubre la aprobación de la ley de convocatoria de la consulta para refrendar o rechazar el proyecto de CPE tras introducir más de cien modificaciones en el documento original aprobado el 9 de diciembre en Oruro por la Asamblea Constituyente.
Aquel mismo día, el Jefe de Estado anunció que al día siguiente de la aprobación en las urnas de la nueva Carta Magna se abriría un periodo de transición de al menos seis meses para comenzar a negociar con sectores económicos, sociales y políticos la aplicación de esa ley fundamental del Estado.
Sin embargo, este martes, durante una reunión con los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la residencia de San Jorge, el Mandatario dijo que “no se trata de esperar hasta el 25 de enero. Desde mañana hay que empezar a organizarnos la implementación de la nueva Constitución Política, desde mañana”.
Consideró además que para poner en vigencia el proyecto constitucional se necesitan 101 leyes. Terminada la reunión política, los invitados participaron en una parrillada organizada para celebrar el cumpleaños 49 del presidente Morales.
Fuente
El presidente Evo Morales dio ayer por aprobado el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), pese a que faltan tres meses para el referendo de aprobación, y pidió a sus parlamentarios que comiencen a organizarse hoy para implementar esa ley fundamental.
La oposición y el oficialismo acordaron el 21 de octubre la aprobación de la ley de convocatoria de la consulta para refrendar o rechazar el proyecto de CPE tras introducir más de cien modificaciones en el documento original aprobado el 9 de diciembre en Oruro por la Asamblea Constituyente.
Aquel mismo día, el Jefe de Estado anunció que al día siguiente de la aprobación en las urnas de la nueva Carta Magna se abriría un periodo de transición de al menos seis meses para comenzar a negociar con sectores económicos, sociales y políticos la aplicación de esa ley fundamental del Estado.
Sin embargo, este martes, durante una reunión con los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la residencia de San Jorge, el Mandatario dijo que “no se trata de esperar hasta el 25 de enero. Desde mañana hay que empezar a organizarnos la implementación de la nueva Constitución Política, desde mañana”.
Consideró además que para poner en vigencia el proyecto constitucional se necesitan 101 leyes. Terminada la reunión política, los invitados participaron en una parrillada organizada para celebrar el cumpleaños 49 del presidente Morales.
Fuente
Dos empresarios cruceños detenidos por Fiscalía paceña
Primero los acusaron de estelionato y luego de estafa en la compra de aeronaves a YPFB.
El fiscal Celio Céspedes ordenó ayer la detención preventiva en La Paz de los empresarios cruceños José Luis Áñez Soruco y Mario Áñez Hurtado, quienes horas antes habían sido aprehendidos en la capital cruceña en un proceso catalogado por la defensa como “secuestro” y lleno de irregularidades.
Durante la presentación ante el fiscal, los denunciantes cambiaron la tipificación del delito de estelionato por estafa, lo que fue considerado irregular por los abogados de los acusados, y sugirieron que se nieguen a declarar por considerar que su detención atenta contra sus derechos constitucionales.
Céspedes ordenó la detención preventiva de ambos, en las celdas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen de ciudad de La Paz
Edwin Rojas, abogado de Áñez Soruco, agregó que su representado no tiene una denuncia en su contra en la fiscalía cruceña, tampoco fue citado a declarar y no existe orden de aprehensión del Ministerio Público de Santa Cruz, por lo que calificó del “ilegal y abusivo” los actos del fiscal Céspedes.
Ante esta situación, los detenidos presentaron un recurso de hábeas corpus, que deberá resolverse en esta jornada y en el que exigen su liberación.
Los empresarios revelaron que fueron citados con engaños a una oficina de YPFB (10.30) donde supuestamente tendrían una reunión para conciliar una deuda; minutos después, policías de civil los detuvieron y los llevaron al aeropuerto Viru Viru. Ni la intervención de sus abogados impidió su traslado hasta La Paz (14.15).
Todo comenzó cuando Mario Áñez Herrera de la companía Aerocon formó una sociedad con Sapsa, empresa conformada por 12 ex trabajadores de YPFB. En el año 1998, tras la capitalización, compraron tres aeronaves de la petrolera estatal a un precio de 911.000 dólares. Ya se pagaron 1.300.000 dólares, por concepto de la deuda más intereses y sólo resta pagar 120.000 dólares, indicó Rojas.
Desde hace un año, Aerocon, alquila una de las aeronaves compradas por Sapsa, por la que pagan 16.000 dólares por mes. Hace 38 días, representantes de YPFB secuestraron una aeronave y presentan la nueva denuncia en contra de Áñez Herrera y Áñez Soruco argumentando irregularidades en el proceso. El empresariado cruceño está en alerta por estas detenciones.
Empresarios preocupados
Eduardo paz
Cainco
“La detención de los empresarios de Aerocon nos tiene preocupados, vamos a analizar la situación, para emitir una opinión, pero consideramos que no se han respetado los derechos y no se ha procedido según los establece la ley, en estos casos”.
Pedro Yovhio
Empresarios
“Como empresarios exigimos seguridad jurídica, ningún inversionista privado querrá invertir si no hay garantías para los trabajos que se realicen de manera conjunta con el gobierno. Ojalá no se trate de una persecución política”.
Fuente
El fiscal Celio Céspedes ordenó ayer la detención preventiva en La Paz de los empresarios cruceños José Luis Áñez Soruco y Mario Áñez Hurtado, quienes horas antes habían sido aprehendidos en la capital cruceña en un proceso catalogado por la defensa como “secuestro” y lleno de irregularidades.
Durante la presentación ante el fiscal, los denunciantes cambiaron la tipificación del delito de estelionato por estafa, lo que fue considerado irregular por los abogados de los acusados, y sugirieron que se nieguen a declarar por considerar que su detención atenta contra sus derechos constitucionales.
Céspedes ordenó la detención preventiva de ambos, en las celdas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen de ciudad de La Paz
Edwin Rojas, abogado de Áñez Soruco, agregó que su representado no tiene una denuncia en su contra en la fiscalía cruceña, tampoco fue citado a declarar y no existe orden de aprehensión del Ministerio Público de Santa Cruz, por lo que calificó del “ilegal y abusivo” los actos del fiscal Céspedes.
Ante esta situación, los detenidos presentaron un recurso de hábeas corpus, que deberá resolverse en esta jornada y en el que exigen su liberación.
Los empresarios revelaron que fueron citados con engaños a una oficina de YPFB (10.30) donde supuestamente tendrían una reunión para conciliar una deuda; minutos después, policías de civil los detuvieron y los llevaron al aeropuerto Viru Viru. Ni la intervención de sus abogados impidió su traslado hasta La Paz (14.15).
Todo comenzó cuando Mario Áñez Herrera de la companía Aerocon formó una sociedad con Sapsa, empresa conformada por 12 ex trabajadores de YPFB. En el año 1998, tras la capitalización, compraron tres aeronaves de la petrolera estatal a un precio de 911.000 dólares. Ya se pagaron 1.300.000 dólares, por concepto de la deuda más intereses y sólo resta pagar 120.000 dólares, indicó Rojas.
Desde hace un año, Aerocon, alquila una de las aeronaves compradas por Sapsa, por la que pagan 16.000 dólares por mes. Hace 38 días, representantes de YPFB secuestraron una aeronave y presentan la nueva denuncia en contra de Áñez Herrera y Áñez Soruco argumentando irregularidades en el proceso. El empresariado cruceño está en alerta por estas detenciones.
Empresarios preocupados
Eduardo paz
Cainco
“La detención de los empresarios de Aerocon nos tiene preocupados, vamos a analizar la situación, para emitir una opinión, pero consideramos que no se han respetado los derechos y no se ha procedido según los establece la ley, en estos casos”.
Pedro Yovhio
Empresarios
“Como empresarios exigimos seguridad jurídica, ningún inversionista privado querrá invertir si no hay garantías para los trabajos que se realicen de manera conjunta con el gobierno. Ojalá no se trate de una persecución política”.
Fuente
martes, 28 de octubre de 2008
"El gobierno debería respetar la ley"
"El gobierno, una vez más, está violando la ley"
Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico de Beni, Bolivia
La Corte Suprema de Justicia dictaminó la libertad de Leopoldo Fernández, prefecto de Pando. Pero el gobierno se niega a cumplir ese dictamen. Dignatarios de Estado han declarado que no acatarán la disposición de la Corte. Hay protestas, la calle juzga, dirigida por la propaganda oficial, y pretende imponer su juicio por sobre el de los magistrados. Una muestra de la "justicia" que se viene con la nueva contitución...
El “milagro” de octubre
El último pacto entre la oposición y el oficialismo que viabilizó en el Congreso la Ley de convocatoria al Referendum por Constitución, ha dado lugar a la emergencia de varias líneas discursivas: Una que muestra la oficialización de un sector importante de oposición encabezada por Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, y un sector del MNR, quienes finalmente han develado que colaboran con el proceso de Evo Morales.
No es que los Jefes de estas tiendas políticas hayan realizado sólo una negociación, sino que cada uno a su manera, ha declarado que defenderá el proyecto constitucional del Mas, a través de campañas pedagógicas o proselitistas, lo cual nos da ya la dimensión de la alianza que el gobierno ha logrado con los que desde ahora conformarán la ‘oposición democrática’.
Lo más interesante es que de estas alianzas se desprenden las líneas discursivas que manejarán estos frentes a fin de captar una proporción del electorado. En el caso de UN, el diputado Colanzi es quien delineo una postura desde el momento de la justificación de su voto en el Congreso. Allí planteo a la alianza como: ‘el milagro de octubre’ y definió que ‘el milagro’ ha sido un parto difícil que fue concebido por un ‘espermatozoide del Oriente que preñó a Bolivia’ y al que el Congreso le puso ‘el vientre’; palabras que deben ser analizadas también en su simbología inconsciente, sin olvidar que el Jefe de su partido se decidió a seguir como fiel exponente de la política occido-centralista, sin entender la magnitud de los cambios que se plantean desde el Oriente de Bolivia, que no maduraron talvez en términos políticos, pero que sobre todo no ha encontrado liderazgos preclaros, firmes, definidos, para que como el junco se flexibilicen pero no se quiebren.
Tuto Quiroga, ha hecho lo propio, volviendo al esquema del ala protectora de quienes tienen hoy el ‘gran poder’ como un ente monolítico, revuelto de estatismo y sin entender el verdadero espíritu de un proyecto democratizador y civilizatorio de la política salvaje que venimos practicando, más a la izquierda o a la derecha, pero bárbara al fin.
Por esa incapacidad, Tuto perdió la posibilidad de liderar un fuerte sector del Oriente, del que en mi opinión se puede salvar el bloque que se está desprendiendo de él y que debería cortar el cordón, para no cargar con el hedor de los negocitos, que tarde o temprano trascenderá. También cabe puntualizar que el Tutatutá político en el Oriente, abarca y amenaza a otros actores entre los que se encuentran prefectos que han tenido un permanente vínculo, no explícito, pero con decisiones vinculadas con el jefe de Podemos y sus políticas de cara a la negociada ‘democratización de la oposición’.
También ha reaparecido la figura del ex presidente sitiado, Carlos Mesa, quien viene con las pilas puestas, con toda una maquinaria funcionando, que incluye una fundación con observatorio de prensa incluida, defensoría del pueblo, relaciones para viabilizar pactos, auspiciadas por la ONU y OEA, e incluso algunos vínculos con prefecturas que deben estar en el momento de las definiciones políticas para dar el salto definitivo sobre el nuevo tablero. Esta propuesta pretende canalizar a todos los que quieren mostrarse con una cierta equidistancia de la izquierda y derecha ‘radical’, y ha estado trabajando para acuñar un ‘ justo medio’, para operar de báscula en la balanza y para llamar ‘radicales’ a los que están de cualquiera de las definiciones del Mas o el Menos.
Esta línea ‘tibia’ les vendrá de perilla a los que aspiran ponerse en el ‘amarillo’, ni rojos rojitos, ni verdes verditos, amarillitos.
Dadas estas condiciones, podemos advertir que ninguna de las líneas discursivas que se han posicionado hasta el presente considera al Oriente en su verdor y floración. Todas están queriendo apresurar el proceso para que envejezca rápido el autonomismo, para que tenga un quemón sin que esto trascienda a más. Pretenden capitalizar los votos hacia los proyectos y la línea país centro-izquierdosa o derechosa-pero estaticocentrista y mamadora del Estado, entre otros viejos vicios, aspirando a reducir el modelo autonomista a una postal del cabildo del millón en el álbum de los recuerdos y los libros de la historia que tienen ya confabuladores contratados.
El proyecto del Oriente, no lo tiene que liderar necesariamente un ‘camba’ de nacimiento, porque algunos de estos han resultado con un alma centralista, como tantos que ya hemos visto y acabamos de confirmar que nacieron en Santa Cruz, pero tienen la cabeza centralizada.
El proyecto de país desde el Oriente y para Bolivia, será de quien lo aquilate, lo encarne, lo defienda y lo exija como valuarte de respeto y armonía, para que salgamos del Olañetismo que también lo practican con creces, genuflexiones y Avemarías muchos cambas que se creen y se dicen de pura cepa.
Dejemos de mentirnos. Hay que tener valor, convicciones firmes y sobre todo agallas para cambiar los ejes discursivos y por ende políticos.
Este sería el verdadero y único milagro que puede alumbrar este octubre todavía en tinieblas.
Autor: Centa Reck
Fuente
No es que los Jefes de estas tiendas políticas hayan realizado sólo una negociación, sino que cada uno a su manera, ha declarado que defenderá el proyecto constitucional del Mas, a través de campañas pedagógicas o proselitistas, lo cual nos da ya la dimensión de la alianza que el gobierno ha logrado con los que desde ahora conformarán la ‘oposición democrática’.
Lo más interesante es que de estas alianzas se desprenden las líneas discursivas que manejarán estos frentes a fin de captar una proporción del electorado. En el caso de UN, el diputado Colanzi es quien delineo una postura desde el momento de la justificación de su voto en el Congreso. Allí planteo a la alianza como: ‘el milagro de octubre’ y definió que ‘el milagro’ ha sido un parto difícil que fue concebido por un ‘espermatozoide del Oriente que preñó a Bolivia’ y al que el Congreso le puso ‘el vientre’; palabras que deben ser analizadas también en su simbología inconsciente, sin olvidar que el Jefe de su partido se decidió a seguir como fiel exponente de la política occido-centralista, sin entender la magnitud de los cambios que se plantean desde el Oriente de Bolivia, que no maduraron talvez en términos políticos, pero que sobre todo no ha encontrado liderazgos preclaros, firmes, definidos, para que como el junco se flexibilicen pero no se quiebren.
Tuto Quiroga, ha hecho lo propio, volviendo al esquema del ala protectora de quienes tienen hoy el ‘gran poder’ como un ente monolítico, revuelto de estatismo y sin entender el verdadero espíritu de un proyecto democratizador y civilizatorio de la política salvaje que venimos practicando, más a la izquierda o a la derecha, pero bárbara al fin.
Por esa incapacidad, Tuto perdió la posibilidad de liderar un fuerte sector del Oriente, del que en mi opinión se puede salvar el bloque que se está desprendiendo de él y que debería cortar el cordón, para no cargar con el hedor de los negocitos, que tarde o temprano trascenderá. También cabe puntualizar que el Tutatutá político en el Oriente, abarca y amenaza a otros actores entre los que se encuentran prefectos que han tenido un permanente vínculo, no explícito, pero con decisiones vinculadas con el jefe de Podemos y sus políticas de cara a la negociada ‘democratización de la oposición’.
También ha reaparecido la figura del ex presidente sitiado, Carlos Mesa, quien viene con las pilas puestas, con toda una maquinaria funcionando, que incluye una fundación con observatorio de prensa incluida, defensoría del pueblo, relaciones para viabilizar pactos, auspiciadas por la ONU y OEA, e incluso algunos vínculos con prefecturas que deben estar en el momento de las definiciones políticas para dar el salto definitivo sobre el nuevo tablero. Esta propuesta pretende canalizar a todos los que quieren mostrarse con una cierta equidistancia de la izquierda y derecha ‘radical’, y ha estado trabajando para acuñar un ‘ justo medio’, para operar de báscula en la balanza y para llamar ‘radicales’ a los que están de cualquiera de las definiciones del Mas o el Menos.
Esta línea ‘tibia’ les vendrá de perilla a los que aspiran ponerse en el ‘amarillo’, ni rojos rojitos, ni verdes verditos, amarillitos.
Dadas estas condiciones, podemos advertir que ninguna de las líneas discursivas que se han posicionado hasta el presente considera al Oriente en su verdor y floración. Todas están queriendo apresurar el proceso para que envejezca rápido el autonomismo, para que tenga un quemón sin que esto trascienda a más. Pretenden capitalizar los votos hacia los proyectos y la línea país centro-izquierdosa o derechosa-pero estaticocentrista y mamadora del Estado, entre otros viejos vicios, aspirando a reducir el modelo autonomista a una postal del cabildo del millón en el álbum de los recuerdos y los libros de la historia que tienen ya confabuladores contratados.
El proyecto del Oriente, no lo tiene que liderar necesariamente un ‘camba’ de nacimiento, porque algunos de estos han resultado con un alma centralista, como tantos que ya hemos visto y acabamos de confirmar que nacieron en Santa Cruz, pero tienen la cabeza centralizada.
El proyecto de país desde el Oriente y para Bolivia, será de quien lo aquilate, lo encarne, lo defienda y lo exija como valuarte de respeto y armonía, para que salgamos del Olañetismo que también lo practican con creces, genuflexiones y Avemarías muchos cambas que se creen y se dicen de pura cepa.
Dejemos de mentirnos. Hay que tener valor, convicciones firmes y sobre todo agallas para cambiar los ejes discursivos y por ende políticos.
Este sería el verdadero y único milagro que puede alumbrar este octubre todavía en tinieblas.
Autor: Centa Reck
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