Se negoció la CPE con sectores cruceños

Pacto. El Gobierno hizo consultas a las cooperativas de servicio, como Saguapac y Copaguas. También se preguntó a la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Federación de Ganaderos de Beni y Pando

La negociación de los cambios de los artículos del proyecto de Constitución Política del Estado no sólo fue realizada entre parlamentarios del oficialismo y la oposición con representantes del Ejecutivo, sino que también intervinieron sectores cruceños, benianos y pandinos, como las cooperativas de servicios básicos, los agropecuarios y los ganaderos, según lo reveló el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero. De su lado, congresistas como Mario Justiniano (MNR), Andrés Gallardo (Podemos) y el asesor de la CAO, Luis Baldomar, confirmaron que hubo contactos, no necesariamente acuerdos.

Según detalla Romero, los pactos comenzaron a tejerse a través de un trabajo académico suyo y del podemista Carlos Börth. A ellos se sumaron otros investigadores, que descubrieron las fallas del texto de Oruro y plantearon alternativas. Luego invitaron a Alejandro Colanzi (UN), que fue importante en el contexto del diálogo, y la posibilidad de llegar a acuerdos se intensificó cuando el presidente, Evo Morales, les dio vía libre para lograr pactos.

Sin embargo, se dieron cuenta de que no avanzarían mucho si no hacían consultas a los sectores que se sentían afectados.

"Hemos comprobado que muchas veces la información llegaba al revés. Por ejemplo, en el tema de las cooperativas se causaba alarmas innecesarias con Saguapac, hasta que establecimos contacto directo con sus ejecutivos, les mandamos las propuestas, las revisaron técnicamente y las consensuamos", dijo Romero.

Consultados al respecto, un vocero de Saguapac no negó la versión y pidió remitirse al diputado Gallardo, al que identificó como nexo. El podemista admitió que había mediado, pero sólo por la cooperativa de la Villa Primero de Mayo.

 Justiniano corroboró la versión que Gallardo fue el nexo con las cooperativas de agua, ya que le hizo llegar un fax con las observaciones al proyecto de las que prestan servicio en la Villa Primero de Mayo.

El emenerrista añadió que tuvo contacto con el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mauricio Roca, y con su asesor, Luis Baldomar, aunque reconoce que 'aportaron poco, porque estaban reacios a que el tema pase al Congreso'. El enlace entre los negociadores y los sectores ganaderos de Beni fue el senador suplente Fernando Romero. Por su parte, el ex presidente del Senado José Villavicencio se encargó de consultar a los pandinos.

De este debate también participó el cruceño Jorge Aguilera, aunque asegura que no estableció nexos con nadie, sino que lo hizo como productor agropecuario.
Baldelomar, por su parte, reconoció los contactos, pero explicó que se mantuvieron firmes en su posición en que el tema sobre tierra debió ser una competencia de los gobiernos departamentales.

Según describe el ministro Romero, el tema tierra se convirtió en elemento central de la discusión. Lo primero que se hizo para destrabarlo fue admitir que el sentido confiscatorio de tierras que no cumplen la función económica y social de la Ley INRA, tiene más de 50 años y no fue instituido por el proyecto de Constitución.

"Hemos entendido que si resolvíamos el problema de la tierra, se rompía transversalmente la posición de los partidos. Muy pronto nos dimos cuenta de que los representantes políticos del oriente actuaban corporativamente y, una vez destrabado el tema de tierra, varios acuerdos se allanaron", dijo Romero.

Es así que se aseguró que la limitación de la superficie a 5.000 ó 10.000 hectáreas no se aplicará a propiedades que en este momento estén en proceso de saneamiento y que cumplan con la Función Económica y Social.

Con eso se resolvió el capítulo de tierras, se mantuvo las reglas actuales, pero también se envió la limitación de superficie a referéndum como un símbolo que exigían los movimientos sociales. De aprobarse, la medida afectará a los que se asienten luego de promulgada la Constitución.

Este acuerdo, sumado al de las cooperativas, funcionó como llave maestra para destrabar autonomías, ya que no hubo mayor discusión con que la competencia tierra y territorio, siga siendo privativa del nivel central y no exclusiva de los departamentos autónomos, como indican los estatutos.

    Algunos artículos coordinados  

Servicios. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. La parte resaltada fue incorporada para asegurar el futuro de las cooperativas de servicio.

Agua. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a ley. La parte en 'negritas' fue consensuada con cooperativas que prestan servicio de agua potable y alcantarillado en Santa Cruz.

Tierra. Se incorporó el siguiente texto en la clasificación de propiedades (pequeña, mediana, empresarial y colectiva): Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos.

Referéndum. Se mantiene la convocatoria a la consulta sobre extensión máxima de los predios, pero se introduce el siguiente artículo para mantener el imperio de la legislación vigente:

I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley.

II. Las superficies excedentes que no cumplan la Función Económico Social serán expropiadas. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos.

   Reacciones  

Mario Justiniano
El contacto fue con la CAO
El diputado cruceño por el MNR Mario Justiniano reconoció que hizo algunos contactos con los sectores productivos y agropecuarios de Santa Cruz para consultar sobre las propuestas que hacía el Gobierno nacional.
"Más allá de ser productor y  conocedor del tema agrario, he tenido contacto con el presidente de la CAO, Mauricio Roca, y con el asesor Luis Baldomar", dijo el legislador.

Luis Baldomar
Ratificaron su posición
"Es cierta la información que dio el diputado Justiniano, pero advertimos que eran insuficientes los cambios", dijo el asesor de la CAO, Luis Baldomar, y reconoció que en los días que la comisión del Parlamento estaba negociando se tuvo algunos contactos con dicho diputado. Sin embargo, aclaró que en esas conversaciones se dejó clara la posición de la CAO de que se defiende principios.

Andrés Gallardo
Hizo llegar las observaciones
Si bien el diputado por Podemos Andrés Gallardo admitió que hizo llegar las observaciones del sistema cooperativo de la Vila Primero de Mayo, no quiso aclarar si fue el encargado de entregar la propuesta a otras cooperativas de servicios, como por ejemplo Saguapac. "Mañana (por hoy) le podré responder eso, en este momento estoy más preocupado en cómo salir de La Paz hacia Cochabamba", dijo.
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