Hay seis nuevos detenidos; orden judicial no se acatará

Pando. El fiscal General de la República, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo que favorece a Leopoldo Fernández y dispone su traslado a Sucre. El Gobierno insiste en que la sentencia dictada en Sucre es ilegal

Por tercer día consecutivo, el Gobierno realizó detenciones en Pando a personas supuestamente implicadas en los hechos de violencia de septiembre. Ayer fueron seis los que se sumaron a los confinados del cuartel paceño de Viacha, entre ellos cuatro funcionarios de la Prefectura, un empleado de un aserradero en Porvenir y un presunto comunicador de esta misma población.

Desde el sábado hasta ayer se detuvieron 11 personas. Los detenidos de la pasada jornada son: Rosendo Domínguez, encargado de almacen en el Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Pando; Gerardo Aliaga Paredes, funcionario del Sepcam; José Herrera, un poblador de Porvenir que trabajaba en un aserradero; José Cohelo, el cajero de la Prefectura pandina; Horman Dino Soria, funcionario prefectural, y Marcelo Moza Duri, supuesto comunicador de Porvenir.

Mientras estos operativos militares continúan en la Perla del Acre y el jefe de Estado Mayor, José Prudencio, señala que en este departamento, al estar en estado de sitio, ‘cualquier cosa puede pasar’, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, ratificó ayer nuevamente que no cumplirá con la orden judicial de trasladar a Sucre al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro (La Paz).

“Este fallo ilegal que emitió la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema es de cumplimiento imposible, porque el fiscal General no tiene el cuaderno de investigaciones y lo hizo conocer el día de la audiencia; además, dijo que el proceso era ordinario y, en tercer lugar, solicitó apartarse del caso porque corresponde a la justicia ordinaria”, afirmó San Miguel.

Horas después de las afirmaciones del ministro, la máxima autoridad del Ministerio Público, Mario Uribe, decidió reconocer el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca, que en días pasados aceptó el hábeas corpus presentado por los abogados de Fernández para que éste sea trasladado a la capital del país y lo procesen a través de un juicio de responsabilidades, aunque espera la respuesta de un pedido de complementación y enmienda que hizo al fallo.

“El tribunal de hábeas corpus es el que determinó aquéllo (reasumir las investigaciones del caso Pando) y obviamente que estas decisiones se deben cumplir por mandato legal”, sostuvo Uribe y negó que hubiera tratado de apartarse de las investigaciones en este proceso.

San Miguel anunció que él iniciará un juicio por prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes y tráfico de influencias en contra de los vocales chuquisaqueños Elena Lowental y Oswaldo Fong Roca, que de concretarse la amenaza del ministro serían tres los procesos en los que son acusados.

Ayer, el abogado de Fernández, Karlo Brito, señaló que las autoridades que no cumplan el mandato judicial pueden ser procesadas, pero no mencionó cuándo serán notificadas oficialmente. Desde Sucre se informó de que estos documentos fueron entregados ayer y que el plazo vence hoy.

San Miguel, recordó que en su ausencia el ministro interino de Defensa, Juan Ramón Quintana, y la ministra interina de Gobierno, Celima Torrico, tampoco fueron notificados y recordó que inexcusablemente la parte recurrida (en este caso los ministros) podía haber quedado ausente de la audiencia.

Por otro lado, el vicepresidente, Álvaro García Linera, pidió a los jueces de la Corte Suprema no interferir en las investigaciones que realiza la comisión especial multipartidaria respecto a este caso. “Aquí hay una creciente injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, precisó García Linera.

Acusó a ‘algunos jueces’ del máximo tribunal del país de buscar la manera de interferir en la investigación, y recordó que el fiscal General entregó el expediente y los cuadernos a la comisión congresal para indagar este caso.

Parlamentarios, como el senador Carlos Börth (Podemos), calificaron el hecho como una maraña política y señalaron que el fallo de la Corte Superior de Chuquisaca debe ser cumplido.

Brasil recibió 34 pedidos de asilo
El Ministerio de Defensa confirmó ayer la existencia de 34 solicitudes de refugio político que ciudadanos pandinos presentaron al Gobierno del Brasil tras la declaratoria de estado de sitio en Pando, a raíz de los hechos violentos del 11 de septiembre en la población de Porvenir.

El titular de esa cartera de Estado, Walker San Miguel, que estuvo del 27 al 29 de octubre en Brasilia, informó de que las autoridades del país vecino le confirmaron estos pedidos de asilo político, que se encuentran en trámite inicial.

San Miguel considera que el Gobierno brasileño debe hacer una valoración adecuada de esas solicitudes, las mismas que serán respetadas por las autoridades bolivianas, que enviarán informes de lo que ocurrió en Pando.

“Daremos toda la documentación necesaria de lo que se está investigando, sobre todo de las conclusiones de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas”, manifestó el ministro.
Al menos 700 pandinos se encuentran en el municipio de Brasilea, donde huyeron luego de la vigencia del estado de sitio, el 12 de septiembre pasado. La cantidad de desplazados puede crecer, puesto que muchos nuevamente están cruzando la frontera por temor a ser detenidos.

Los confinados

12 de septiembre. Felipe Bigabriel Villarroel, José Antonio Salinas Bazán, Adhemar Herrera Guerra, Juan Gualberto Mejido Ruiz, Oswaldo Valdivia Abariega, Néstor da Silva Rivero, Hugo Apaza Sahonero, Jean Franco Égüez, Gabriel René Delgadillo Arias, Óscar Rubén Franco Tuno, Agapito Vira Cuéllar, William Muzuco Rodríguez, Felsín Fernández Medina y Dilson Achipa Cuéllar.
28 de octubre. Abel Janco, Homer Polanco, Máximo Ayllón y Melitón Brito.
29 de octubre. Juan Alberto Medijo Ruiz
30 de octubre. Rosendo Domínguez, Gerardo Aliaga Paredes, José Herrera Aguilera, José Cohelo, Marcelo Moza Duri y Horman Dino Soria.
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