Dos constitucionalistas aseguran que el fallo de la Corte de Distrito debe ser acatado.
El cuñado del ex prefecto Pando Leopoldo Fernández, Melitón Brito, y los alcaldes pandinos de Bolpebra, Máximo Ayllón, y de Porvenir, Homer Polanco, fueron aprehendidos ayer en Cobija por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin que hasta anoche se haya establecido su paradero y los cargos en su contra.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien fue consultado anoche sobre el porqué de estas detenciones, negó que éstas estén vinculadas con los hechos de Porvenir ocurridos el mes pasado. Dijo que se trataba de otro caso y que se referiría a él “en otro momento”.
Una fuente del Ministerio de Gobierno dijo que recibieron un informe que confirma que las detenciones fueron ejecutadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El arresto de esos tres ciudadanos pandinos se da al día siguiente de que la Corte de Distrito de Chuquisaca ordenara el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre. El Gobierno dijo que no acatará esa determinación.
El ministro Rada, tras retornar ayer de Venezuela, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra los vocales Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, quienes votaron a favor de la procedencia de un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Fernández, por conducta antijurídica, uso de influencias y acciones contra la ley. Hoy sentará su denuncia por escrito.
La autoridad del Ejecutivo alegó que la audiencia se instaló a pesar de que él no se encontraba en el país y, por lo tanto, no pudo ser notificado.
Una radio de Cobija informó a La Prensa que los munícipes Máximo Ayllón, de Bolpebra, y Homer Polanco, de Porvenir (quien asumió interinamente el cargo luego de que el alcalde Evin Ventura huyera a Brasil), fueron citados a las oficinas del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) para una reunión. Al salir de ese recinto, un grupo de militares los arrestó.
Melitón Brito, esposo de Lucía Fernández Ferreira, fue aprehendido hacia las 17.00 en inmediaciones del mercado central de Cobija, cuando retornaba a su domicilio de pagar impuestos.
Lorenzo Fernández, hermano de Leopoldo y cuñado del arrestado, relató que su familiar se comunicó por teléfono para decirle que lo estaban deteniendo. “Les preguntó adónde lo llevaban, pero no quisieron decirle”.
“No sabemos el paradero, luego de que se comunicó conmigo colgó el celular, parece que se lo han quitado, porque está apagado. Esto parece un terrorismo de Estado, porque hemos ido a la Fiscalía, a la FELCC, al Comando Conjunto y nadie sabe dónde está. Esto parece un secuestro”.
Según El Deber, la delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, dijo estar sorprendida por lo ocurrido y se limitó a indicar que probablemente estos hechos sean parte de las investigaciones por las muertes en Porvenir.
El representante del Ministerio Público en este departamento, Eloy Aspetti, sostuvo que conoció las detenciones a través de los reportes de los medios de comunicación que dieron cuenta de ello y agregó que él no emitió ninguna orden de aprehensión, por ningún caso, en contra de nadie.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que por el momento no tenía comentario sobre el caso y que prefería “evitar especulaciones”.
Desacato
El fiscal general, Mario Uribe, aseguró ayer que no cumplirá el fallo emanado por la Corte de Distrito de Chuquisaca porque no tiene competencia en ese caso.
Oswaldo Fong, presidente de la Sala Penal, y Elena Lowenthal votaron el lunes por la procedencia de un recurso del hábeas corpus presentado por la defensa de Leopoldo Fernández, en tanto que Teresa Rosquellas, también integrante de ese Tribunal, votó en contra de esa determinación.
La resolución de esa Sala ordena que, en un plazo de 48 horas, el ex Prefecto de Pando sea traslado a Sucre y puesto a disposición del fiscal Uribe en el marco de un juicio de responsabilidades. Instruyó también a esa autoridad reasumir sus funciones de investigador sobre las muertes en Porvenir.
Frente a esa decisión, Uribe declaró a la red Unitel que “no ha de ser posible su cumplimiento (refiriéndose al fallo)” porque él no puede “proceder a investigar un juicio de responsabilidades de hechos que están en conocimiento de la comisión especial de la Cámara de Diputados”.
El 17 de octubre, a través de una carta, el Fiscal General declinó competencia en las indagaciones de los hechos de Pando (que dejaron un saldo de al menos 18 muertos, según Derechos Humanos) y remitió los antecedentes a esa instancia legislativa para que “asuma, a partir de su recepción, la responsabilidad absoluta de la investigación”.
Fernández fue recluido en el penal de San Pedro el 18 de septiembre, en el marco de un juicio ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en la localidad de Porvenir el 11 de septiembre. La autoridad es acusada de asesinato, asociación delictuosa y terrorismo. El Fiscal General reiteró ayer que el ex Prefecto debe seguir en la cárcel y también debe continuar el proceso penal en su contra.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, reiteró que el Ejecutivo no permitirá el traslado de Fernández a Sucre. “Leopoldo Fernández no va a salir del departamento de La Paz”.
Oswaldo Fong advirtió que el recurso de hábeas corpus “no puede ser suspendido o postergado bajo ninguna circunstancia”.
Carlo Brito, abogado de Fernández, reconoció ayer que la batalla legal que deberá librar su defendido “será larga y difícil”.
Debe dar curso
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró que la resolución emitida por la Corte de Distrito de Chuquisaca debe ser ejecutada “sobre la marcha” porque así lo establece el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Precisó que ese fallo debe ser acatado, independientemente de la revisión en el Tribunal Constitucional.
El juez Williams Dávila, quien remitió a Fernández al penal de San Pedro y que también fue recurrido por la defensa del Prefecto elegido porque no tenía competencia en ese caso, declaró que la sentencia de los vocales tiene que cumplirse.
El jurista consideró que sólo el Tribunal Constitucional determinará la legalidad o la ilegalidad de ese recurso.
Dos expertos en materia constitucional, Carlos Alarcón y Willman Durán, coincidieron en señalar que el fiscal Uribe y el Gobierno deben dar cumplimiento al hábeas corpus, y también indicaron que sólo el máximo órgano judicial de apelación puede anular esa resolución.
La abogada de los tres estudiantes muertos en Porvenir, Mary Carrasco, presentó en la Fiscalía de La Paz una demanda penal contra Fong y Lowenthal por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución, tráfico de Influencias y prevaricato.
Sin embargo, las dos autoridades judiciales demandadas defendieron, en una conferencia de prensa, la legitimidad de su determinación y rechazaron insinuaciones sobre un supuesto dolo en la emisión de ese fallo.
La vocal dijo que su actuación “debe ser observada y criticada por técnicos conocedores del derecho una vez que la resolución sea notificada”, y añadió que están dispuestos a debatir.
Refuerzos
Desde las tres de la tarde del lunes, familiares de heridos y muertos y aun víctimas de los hechos violentos en Porvenir y organizaciones sociales se declararon en vigilia en alrededores de la cárcel de San Pedro para evitar el traslado del ex prefecto Fernández a Sucre.
Cerca de una veintena de personas durmieron frente a la puerta lateral del penal, sobre la calle Cañada Strongest, por el temor de que se ejecute la orden de la Corte Distrital de Justicia de Chuquisaca de su descarcelación.
Ayer en la mañana, esta gente se apostó con carteles que decían: “Leopoldo a Chonchocoro, justicia para las víctimas de Porvenir”, “Ningún preso de San Pedro es tan culpable como el carnicero de Cobija”, “Basta de preferencias para Leopoldo, ampliar el proceso al fiscal Uribe”.
El representante del Comité Popular Édgar Mora dijo que su vigilia es indefinida: “Pedimos justicia para la justicia y que el caso Leopoldo pase a un tribunal nacional comunitario”.
Frente a este asedio, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, explicó que ordenó que se refuerce la seguridad en el penal de San Pedro. El comandante departamental de la Policía de La Paz, Raúl Mantilla, también envió más policías a ese reclusorio.
Los alrededores del penal de San Pedro fueron resguardados por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Regimiento Policial No. 1 y de otras unidades policiales para “disuadir a los movimientos sociales y no reprimir”.
Carlo Brito, abogado de Fernández, dijo que la semana pasada pidieron al Director de Régimen Penitenciario garantías para la seguridad de su defendido.
Agresión a los periodistas
“Unitel, terroristas de la comunicación” está inscrito en dos pedazos de cartulinas pegados frente a la puerta lateral de la cárcel de San Pedro. La periodista de este medio televisivo Roxana Lizárraga y su camarógrafo fueron empujados e insultados ayer en la mañana por integrantes del Comité Cívico Popular que cumplían una vigilia para evitar el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre.
El incidente surgió luego de una transmisión en vivo de una entrevista a un joven pandino en inmediaciones del penal de San Pedro, quien se molestó luego de ser consultado sobre quién sustentaba su estadía en La Paz.
La red ATB, que también estaba en el momento, mostró que uno de los agresores que “actuó violentamente” contra Unitel era el dirigente Édgar Mora, representante del Comité Popular que apoya la vigilia y quien también atentó contra otros medios televisivos. Los seguidores del Comité Cívico Popular agredieron además al periodista de ese medio televisivo y al de la red Uno.
A partir de ese momento, los protestantes pedían que los periodistas se identificaran con credenciales para conocer el medio al que pertenecen.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que no se tolerará más agresiones a periodistas y camarógrafos. “El Gobierno jamás va a encubrir o fomentar ataques a los medios de comunicación ni a los periodistas, y los responsables de ataques tienen que asumir sus responsabilidades individuales”.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Ronald Grebe, reiteró su preocupación por las frecuentes agresiones a periodistas por parte de sectores pro Gobierno. “Solicitamos al Gobierno que tome medidas para que se deje trabajar con libertad a los medios de comunicación. Reiteradamente reclamanos, pero hasta ahora no tenemos una reacción del Gobierno y vamos a seguir insistiendo”.
Grebe señaló que insistirá a los medios de comunicación que inicien acciones judiciales contra los agresores.
El dolor de víctimas de Porvenir
“Con un balazo en la cara mataron a mi esposo (Diter Tupa) el 11 de septiembre en Porvenir. Él estaba participando en una marcha, pero lo persiguieron y lo encerraron en una habitación de Porvenir donde lo asesinaron, y ahora estoy desamparada con mi hijito (4)”, relató, con lágrimas en los ojos, Tilme Moya (25), apostada frente a la puerta lateral del penal de San Pedro, donde una vigilia trata de impedir la salida del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Sergio Ordóñez (44), al igual que Tilme Moya, está “refugiado” en La Paz por seguridad desde hace más de un mes. “Soy una víctima de Porvenir, donde nos emboscaron y me dispararon (mostró la herida de bala en la espalda). Con toda mi familia, somos ocho, nos trasladamos a La Paz, y no pensamos volver a Pando porque estamos amenazados y perseguidos”.
Entre la gente que hace vigilia en San Pedro también está Lucía Patuma Da Silva (33), quien dice que recibió una bala en su costado izquierdo. “Estaba en la marcha, yo fui a traer a mis otros compañeros de Puerto Rico para ir a un congreso en Filadelfia, y cuando hablábamos con los policías apareció una volqueta llena de gente con la cara tapada y cuando bajaron nos llovieron los tiros y me llegó en la espalda, nos escapamos al río, donde casi me ahogué”.
Esta mujer dejó a sus cinco hijos en Pando y se trasladó a la sede del Gobierno a pedir justicia. “Voy a estar aquí hasta que logremos la justicia, y cuando eso suceda me iré tranquila”.
Así como estas personas, existen cerca de 80 pandinos en La Paz que fueron víctimas o son familiares de los heridos y muertos del 11 de septiembre. Luis Miguel (22) dice que pertenece a la comunidad Piedras de Pando, una de las que participaban en la marcha para asistir a un ampliado campesino. “Somos entre 80 y 100 personas que estamos refugiadas en La Paz, Unitas nos está dando albergue y nuestros hermanos de las organizaciones sociales de La Paz nos están apoyando con alimento”.
Estas personas manifestaron su temor a volver a su tierra de origen, debido a las amenazas, y pidieron al Gobierno mantenga el estado de sitio en Pando.
Repercusiones
“Hubiera sido fácil allanarme del conocimiento del caso y así me evito cualquier situación como la que se presenta, pero cuando venimos a cumplir con una responsabilidad lo hacemos con todo. No por ello vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones”·
Oswaldo Fong
Juez Corte de Distrito Chuquisaca
“Se sospecha que hubo mucha plata, y cuando se trata de Leopoldo Fernández seguro que hay plata, una persona con tantos cargos de genocidio, corrupción, nepotismo, no se puede entender”.
Jorge Silva
Diputado del MAS
“Se debe respetar la independencia de los tres poderes del Estado. Nuestra Constitución establece que el Gobierno debe cumplir los fallos de la Corte, tenemos un plazo de 48 horas y debe cumplirse el mandato”.
José Villavicencio
Senador de Pando
“Es una aberración (el fallo del hábeas corpus), porque uno de los vocales es ex empleado de Leopoldo Fernández y es el que también favoreció a ‘Chito’ Valle. En política, ninguna factura queda al aire, todo se paga”.
Gustavo Torrico
Diputado del MAS
“No debe confundir las atribuciones del Poder Ejecutivo con el Tribunal Constitucional. Más allá de que si le gusta o no al Gobierno la resolución, se debe cumplir con las leyes”.
Fernando Rodríguez
Senador de Podemos
Cronología
11 de septiembre al menos 18 personas, según Derechos Humanos, murieron en Porvenir.
12 de septiembre el Gobierno dictó estado de sitio en Pando para frenar la violencia.
15 de septiembre La Fiscalía General inicia un proceso por genocidio contra Leopoldo Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar.
16 de septiembre el Prefecto fue arrestado por desacatar el estado de sitio y trasladado a La Paz.
A su arribo al aeropuerto de El Alto, fue notificado con el inicio de un proceso penal.
La demanda fue interpuesta por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir.
En el marco de ese proceso ordinario, el 18 de septiembre fue remitido al penal de San Pedro.
La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema ordenó el 19 de septiembre su traslado a Sucre. Comunica al juez Williams Dávila, quien dispuso la reclusión, que asume competencia en el caso.
El 20 de septiembre Dávila se excusa de seguir con el proceso porque fue recusado. El caso pasa al juez Álvaro Melgarejo, quien dispone la transferencia de los obrados a Sucre.
El Gobierno denegó el traslado porque no hay un mandamiento de libertad y señala que esa autoridad está confinada.
La Suprema y el Fiscal General decidieron esperar la conclusión del estado de sitio para retomar este proceso.
El senador suplente Abraham Cuéllar presentó una recusación contra la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia. El 20 de octubre, el órgano judicial rechazó esa demanda y allanó el camino para que la Sala Penal Segunda retome el juicio contra Fernández.
El 24 de octubre, el fiscal Uribe declara que el caso contra el ex Prefecto debe seguir en La Paz porque es la jurisdicción a la que corresponde.
El 25 de octubre, la defensa de Fernández interpuso un recurso de hábeas corpus que salió a su favor el 27 de octubre.
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