Si bien es inevitable que una parte de los partidos y los sectores sociales estén dedicados a los procesos electorales, se debe tomar conciencia de que ningún país puede vivir exclusivamente de la política. Bolivia tiene muchas necesidades insatisfechas que el Gobierno debe atender.
A lo largo de los dos años y nueve meses del gobierno de Evo Morales, la agenda del país ha sido eminentemente política, en desmedro de la administración económica. Tanto así que no se ha aprovechado como se debía la bonanza de los mercados internacionales con su avidez por la demanda de todo tipo de productos de consumo, de uso e industrializados.
En este tiempo se ha prestado casi exclusivamente atención a las controversias en la Asamblea Constituyente, a la disputa con las regiones opositoras por su demanda autonómica y, por último, a tratar de imponer una Constitución Política del Estado (CPE) que, finalmente, el propio oficialismo acabó reconociendo que no recogía ni interpretaba los intereses de todos los sectores políticos, sociales y regionales de la comunidad nacional.
La concertación política alcanzada esta semana en el Congreso respecto a un nuevo texto constitucional difícilmente acaba con las diferencias que se han profundizado los últimos años en la sociedad boliviana. Es más, tiende a abrirse otro período complicado porque en enero habrá un referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de nueva CPE y, en diciembre del 2009, elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la República.
El Gobierno no puede dedicar prácticamente toda su atención a esos procesos electorales y descuidar las demás áreas de su incumbencia, sobre todo el aspecto económico justo el año en que se prevé la manifestación de los impactos de la actual crisis financiera internacional. Esto, sin dudas, movilizará a los gobiernos del mundo para atender los nuevos embates y conjurarlos a medida que vayan presentándose; hoy mismo, con seguridad, están abocados en la búsqueda de fórmulas para aminorarlos.
Cuando el Gobierno va camino a cumplir tres años, aún se extraña un manejo solvente en la aplicación de medidas económicas enfocadas en el desarrollo del país. Pareciera que el plan elaborado para el efecto se quedó en el papel.
En efecto, en los últimos meses no se han ejecutado acciones de salvataje de la economía. La inflación —acompañada o producto de la especulación— sigue haciendo estragos en los mayoritariamente reducidos ingresos de las familias bolivianas.
La apreciación del tipo de cambio no se ha traducido en resultados positivos; en cambio, ha acrecentado la incertidumbre en la población, generalmente ajena a la política monetaria. El ahorro se ha frenado o por lo menos ha sido desalentado.
Pero el efecto mayor lo están sufriendo los exportadores, que estimaron sus pérdidas en al menos $us 100 millones. Las prohibiciones e imposiciones de cupos son toda una aberración para un país que realiza grandes esfuerzos para incrementar su producción, la que se traduce en la apertura de fuentes de trabajo estables y, a la postre, en la creación de riqueza.
Si bien es inevitable que una parte de los partidos y los sectores sociales estén dedicados a los procesos electorales, se debe tomar conciencia de que ningún país puede vivir exclusivamente de la política. Bolivia tiene muchas necesidades insatisfechas que el Gobierno está en la obligación de atender, como la lucha efectiva contra la pobreza y el impulso de la producción en todas las áreas, en particular las rurales, que es donde existe un atraso inadmisible para estos tiempos.
Fuente
Chapare, un reino de sangre y cocaina
Hace 5 horas
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