La Constitución que está en juego: el Estado (II)

El referendo que muy probablemente se realizará, a inicios del próximo año, para aprobar o rechazar la Constitución oficialista, posee el potencial necesario para trastornar el orden político boliviano durante el siguiente lustro, cuando menos. Conviene saber, entonces, lo que este referendo, cuya convocatoria se negocia en este momento en el Congreso, pondrá en consideración.

Además del exacerbado nacionalismo económico del que hablamos en un anterior artículo, otra característica de la Constitución masista es su centralismo político. El texto proyecta una Asamblea Legislativa Plurinacional que monopolizará la elaboración de leyes, y un gobierno central que controlará casi todas las competencias públicas importantes, incluyendo la fijación de todos los impuestos, y la "gestión de la educación y la salud".

Con ello, las autonomías solicitadas por los departamentos del oriente y el sur del país no podrían avanzar más allá de la elección directa de sus autoridades y la administración de un puñado de competencias menores. Pero, además, en tal caso su situación incluso empeoraría respecto a la de hoy, porque se formarían también autonomías regionales e indígenas dentro de los departamentos, las cuales elegirían a sus propias autoridades.

De esta forma tendríamos que, como siempre, el nacionalismo terminaría asociándose con el centralismo. En el proyecto de Constitución, el Estado se muestra muy celoso de su soberanía, excepto en lo que se refiere a su relación con los indígenas, a los cuales se autoriza a formar "territorios" con jurisdicción propia que no deben someterse a otros niveles de gobierno (municipios, regiones o departamentos), y que gozan de la facultad de gestionar algunas competencias clasificadas como privativas del poder central, como los sistemas de salud.

Las autoridades de los territorios indígenas podrían ser elegidas por los procedimientos indígenas de selección de dirigentes y no por el voto directo. Y poseer una justicia propia, que tendría la misma dignidad que la justicia nacional, así como facultades para perseguir todos los delitos, de acuerdo a normas culturalmente determinadas. Ninguna sanción dada dentro de esta jurisdicción podría apelarse ante la justicia ordinaria.

Sin embargo, la justicia comunitaria estaría sujeta a la Constitución y por eso tendría que respetar los derechos que ésta instituye, inclusive la prohibición de la pena de muerte. Pese a ello, también podría "interpretar interculturalmente" estos derechos de una forma que no se especifica.

Simultáneamente, la propuesta de Constitución establece que los indígenas deben estar especialmente representados en los órganos públicos no indígenas, por medio de procedimientos electorales especiales cuando se trate de instancias nacionales, y por medio de sus propios "usos y costumbres" cuando las instancias sean departamentales o regionales.

Todo esto le da carnalidad, por decirlo así, a la declaración que hace esta Constitución de Bolivia como un país "plurinacional". Al mismo tiempo plantea un sinfín de preguntas sobre la viabilidad, la practicidad y la equidad de los sistemas de gobierno y de administración que adoptaría el país, que a primera vista parecen diseñados para sobre-representar a las corporaciones indígenas en detrimento de los ciudadanos no organizados, sean éstos indígenas o no. Y plantea dudas sobre los efectos que todo esto tendría en la conflictividad del país, el racismo, la universalidad de los derechos, etc.

Para los políticos de oposición todo lo anterior no es tan importante como otra parte de la propuesta de Constitución: la que autoriza la reelección del Presidente (por un mecanismo de votación que parece "hecho a medida", pues da la victoria en la primera vuelta al partido con mayoría absoluta o al que gane con más del 40 por ciento de los votos y 10 por ciento de diferencia respecto del segundo), y la parte que manda la convocatoria a elecciones generales tres meses después de la promulgación de la nueva Constitución, de acuerdo a una nueva legislación y bajo la conducción de nuevos órganos electorales. Según los críticos, esto apunta a la perpetuación de Evo Morales en el poder y a esto es a lo que se ha reducido la pretendida refundación del país, porque los demás artículos son muy difíciles de concretar en la práctica.

Hay que decir, sin embargo, que este proyecto no parece pura palabrería. Que la reelección quizá deba interpretarse como uno de los muchos instrumentos que el gobierno pretende usar para acumular poder con un propósito que sin embargo no se agota en el poder mismo, y que pese a su confusión tiene la forma de un programa político. Un programa que no es socialista, es cierto, pero que al mismo tiempo resulta profundamente antiliberal y puede tener importantes consecuencias para el futuro del país.
por Fernando Molina
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