Cerco al Congreso: ¿Jugar en el ámbito legal de manera ilegal?

Son más de las cinco de la tarde.

Es un día nublado y parece que va a llover en cualquier momento. Tengo un periódico del 26 de febrero del presente año en la mano y aprovecho para revisar una nota que contiene una declaración del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la que autoriza a las organizaciones sindicales a marchar en inmediaciones del Congreso el día 28 con estas palabras: “mientras tengan un contenido democrático… pero el momento en que altere el orden público o atente contra los derechos de otros ciudadanos, va a actuar la fuerza pública”.

Con el anuncio de que distintas organizaciones marcharán hacia La Paz el 13 de octubre para efectuar un nuevo cerco, esta estrategia vuelve a ponerse en el tapete de las discusiones, y muchos se preguntan hasta qué punto se sale del marco legal. Ninoska Lazarte, diputada de Podemos, que además resultó agredida en uno de estos cercos, hace algunas consideraciones al respecto.

En primera instancia, Lazarte afirma que el sitio al Congreso es una estrategia “vieja” que el MAS utiliza cuando tiene que aprobar leyes que resultan, para sus fines, de vida o muerte. Básicamente la idea es que, cuando el oficialismo sabe que no va a lograr los dos tercios de votación en el Congreso para aprobar alguna ley, moviliza a las organizaciones sindicales para generar condiciones irregulares que le son favorables. Lazarte explica que esta estrategia consiste en evitar que ciertos asambleístas opositores puedan ingresar, y en no dar la palabra a los opositores que estén presentes, de modo que puedan terminar aprobando una ley entre todos con los que ya se tiene un acuerdo. Si bien esta estrategia juega en el ámbito de lo legal, al lograr los dos tercios de votación, considera que este mecanismo de aprobación de leyes debe verse como una maniobra ilegal, porque no permite a los diputados ejercer sus derechos y funciones.

Los “disidentes”

Otra irregularidad tiene que ver con el hecho de que, dado que el oficialismo no puede llegar a los dos tercios por sí solo, consigue el porcentaje que necesita sumarle a su mayoría en el Legislativo, comprando los votos de los asambleístas denominados “disidentes”.

Para la diputada de Podemos, el Gobierno negocia y compra los votos que le hacen falta acudiendo a este grupo. Lazarte no dio los nombres, pero se refirió a dos senadores suplentes de la oposición que, en un plano informal, ya serían parte del partido en función de gobierno. “Ellos están firmes cuando el MAS los necesita, porque incluso ya viven en La Paz y gozan de cuidados de la Vicepresidencia”. Entonces, contando con estos dos senadores suplentes, la objeción de la oposición es que no se puede habilitarlos automáticamente, pues el procedimiento regular dice que sólo se puede habilitar al suplente mediante una carta que debe mandar el titular. Sin embargo, según Lazarte, ninguno de estos requisitos se respeta cuando hay un cerco al Congreso.

En los últimos años, esta estrategia se ha repetido en distintos escenarios. Se utilizó en noviembre de 2007, cuando la oposición denunció un cerco de campesinos y manifestantes que le impidió asistir al Congreso a la discusión y aprobación de una ley que otorgaba una pensión a los bolivianos de más de 60 años, la Renta Dignidad, y que se financia –en parte– con un recorte del IDH de las prefecturas. Fue usada el mismo año, en diciembre, para aprobar la reconducción de la Ley INRA, oportunidad en la cual además se aprobó el ingreso de tropas venezolanas al país en caso de conflictos internos. En aquella ocasión, Lazarte recuerda que cercaron la Cámara de Senadores e impidieron que los titulares de la oposición sesionen. Por último, fue utilizada el pasado 28 de febrero, cuando se produjo un cerco a la sede del Legislativo, que exigía la ley de convocatoria a los referendos.

Lazarte hace notar que un componente fundamental de esta estrategia es la gran capacidad de movilización que tienen los grupos afines al Gobierno; se refiere al sindicato de cocaleros (que moviliza alrededor de 3.000 campesinos en tales ocasiones), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el sindicato de cultivadores de hoja, los maestros rurales, la Federación de Colonizadores, el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Quollasuyo, entre muchos otros.

Cómo operan

¿Cuál es el modus operandi? Explica que estos movimientos sindicales ocupan puntos estratégicos cerrando la plaza Murillo, la calle Comercio y en general todas las entradas aledañas al Congreso. ¿Pero qué pasa con los guardias de la policía que, día tras día, ejercen un control tan celoso para permitir el ingreso a cualquier individuo sin credenciales? Resulta que desaparecen cuando se producen los cercos. Lazarte cuenta que cuando se producen éstos, comienza a funcionar lo que el Gobierno denomina “policía sindical”, que instruye a la Policía que se repliegue para que ellos pasen a resguardar el Congreso y controlar el ingreso de los asambleístas, orden que es inmediatamente acatada.

Desde luego, algunos asambleístas han tratado de ingresar haciendo respetar su derecho; ése fue el caso de Ninoska Lazarte que, después de haber logrado pasar el primer cerco en una de las esquinas, se encontró con un numeroso grupo de gente que custodiaba la puerta de ingreso. El desenlace de aquel episodio es ya de conocimiento público: sus esfuerzos hicieron que fuera agredida verbal y físicamente. Aquí es donde juega la parte emocional y psicológica de la estrategia, pues logra su objetivo de dejar solamente dos alternativas a los asambleístas impedidos de entrar: Una es que, amedrentados por el miedo a ser atacados, ya ni siquiera aparezcan, cosa que terminó sucediendo en la mayoría de las veces; la otra es que se limiten a realizar una denuncia unas cuadras más abajo. Lazarte cuenta que, cuando efectuaron tal denuncia, después les corrigieron diciéndoles que era un malentendido, pues “solamente se trataba de un comité de bienvenida que los esperaba para saludarlos”.

Ante las amenazas de un nuevo cerco, y de la llegada de organizaciones que partirían el 13 de octubre desde Caracollo hacia La Paz, Ninoska Lazarte dice su verdad: han considerado incluso la posibilidad de quedarse a dormir dentro del Congreso, pero saben que, de hacerlo, la medida que tomaría inmediatamente el Gobierno sería la de impedir que la prensa pueda ingresar, lo cual daría lugar a que se produzcan otras irregularidades.

“Por lo pronto, debemos seguir nadando contra la corriente”, dice Lazarte.

Según el MAS no es un cerco, sino un “pedido voluntario”

El Gobierno ha sido elocuente a la hora de aclarar que los llamados “cercos” al Congreso no son otra cosa que la expresión de un clamor generalizado entre los distintos movimientos sociales.

Así lo afirma el diputado del MAS Valerio Torihuano, quien considera las movilizaciones a partir del 13 de octubre como un pedido al Congreso. También desmiente rotundamente las afirmaciones que señalan que la gente que participa en estos movimientos sea pagada por el Gobierno. Ésta es simplemente una “calumnia fatal”, señala. Además, hace notar que no es función del Congreso la de discutir los artículos específicamente, sino los procedimientos y los alcances de la convocatoria que se va a lanzar. “Nosotros como congresistas no estamos en la potestad de analizar y discutir los artículos de la nueva Constitución Política del Estado”, asegura.
Gustavo Torrico, también diputado del MAS, parte de la siguiente aclaración: no se debe hablar de un cerco, ni siquiera ya de una vigilia, pues se trata de una movilización voluntaria de las organizaciones que componen el Consejo Nacional por el Cambio, Conalcam (la Federación Única de Trabajadores de Bolivia, la Confederación de Campesinas “Bartolina Sisa”, las diferentes organizaciones fabriles, cooperativistas, etc.).

No es un cerco –desmiente–, es una marcha que se inicia desde Caracollo el 13 de octubre con la participación de distintos sectores sociales. Al respecto, afirma que es importante hacer saber que las diferentes organizaciones están restringiendo la participación masiva de su gente, puesto que, de otra manera, se podría producir la locura de que 30000 a 40000 personas marchen durante una semana sin tener un lugar dónde dormir en lugares como Panduru y en su lugar de destino, después.
Contando con estas restricciones, Torrico estima que el día 20 de octubre llegarán entre 3000 y 3500 personas a La Paz. Insiste en señalar que no se puede hablar de un cerco y sí de un pedido de parte de la gente que marchará exigiendo que el Congreso apruebe de una vez la ley de convocatoria a los referendos dirimitorio y constitucional. Considera además que no debería haber mayores razones para seguir dilatando esta aprobación, puesto que, en los últimos 24 días, se habría llegado a importantes acuerdos en el diálogo.

Con respecto al problema de fondo, que es el de los estatutos autonómicos versus la nueva Constitución, se logró avanzar considerablemente en los acuerdos. Por ejemplo, señala que, en la discusión sobre la autonomía, ya se definieron cuáles deben ser las competencias nacionales, departamentales, municipales, provinciales e indígenas, que son exclusivas en cada caso.

La oposición bloquea

La oposición denuncia que el Gobierno planea aprobar su ley mediante un sitio al Congreso. Hay un tema importante que tratar en torno a ello: la Constitución actual dice que para hacer cualquier modificación en el texto constitucional se necesita una votación de dos tercios del Congreso. Torrico dice que lo que se propone ahora es que se puedan hacer estas modificaciones simplemente por mayoría absoluta. La oposición ha denunciado que, de aprobarse este texto constitucional, el MAS podría cambiar a su antojo los artículos acordados, gracias a unos cuantos artículos claves (entre 10 y 15), que son todavía tema de disputa. Torrico lo desmiente, pues recuerda que, en caso de modificaciones a futuro, no sólo sería necesaria la mayoría absoluta en el Congreso, sino que además primero deberían ir a una consulta en referendo para que el pueblo decida si se esos cambios se ponen en marcha o no. Entonces, el poder final de modificación no estaría precisamente en manos del gobierno de turno.

En torno a la polémica del cerco al Congreso, que la oposición denuncia y adelanta para la sesión que decidirá si habrá o no los dos referendos, este legislador masista hace ver las limitaciones en la lógica política de los opositores, pues afirma que solamente juegan el papel de bloqueadores, y entonces buscan constantemente desestabilizar, impedir y retrasar todo.

A Torrico le parece un grave error porque con esas acciones sólo están bloqueando los pedidos del pueblo, como lo hicieron en Sucre al inviabilizar la Constituyente. Lo mismo pasa ahora después de lo que considera la masacre de Pando, pues incluso cuando, tanto en el país como en el exterior, se ha pedido hacer caer el peso de la ley sobre el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, inmediatamente la oposición se propone la tarea de defenderlo.

En el caso de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se pregunta por qué terminaron frenándola “si todos sabemos que es imperativo luchar contra la corrupción en el país”. Considera que el gran problema de la oposición es haber asumido la vieja lógica opositora según la cual se sostiene “cuando ellos digan negro, nosotros debemos decir blanco”. De ese modo, sólo han logrado trabar los procesos, en lugar de tratar de trabajar conjuntamente para limar los errores que deberían corregirse en la redacción del proyecto de Constitución.

No son propositivos

En suma, según Torrico, no es una oposición que ayude a viabilizar cambios, no es propositiva y sólo se remite a cumplir funciones de obstrucción en todo lo posible. Y esta característica de estar siempre en contrarruta oculta además oscuras intenciones, afirma. Por ejemplo, en su intención de dilatar las conversaciones y no acceder a aprobar de una vez el nuevo texto constitucional, demuestran que no se preocupan por el futuro del país, pues esto nos dejaría simplemente en la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos.

“Hubiera sido diferente si la oposición, en lugar de dedicarse a criticar el proyecto del MAS, hubiera presentado un documento planteando cómo deberían modificarse los artículos 1, 3, 5, 6, etc., con los que están en desacuerdo. Pero no existen propuestas de su parte, todo lo que ellos quieren es que no se toque nada, que las cosas se queden como están y quedarse con un pedazo del territorio. Ésa es la verdad de las cosas”, asegura.

Por lo demás, las nuevas modificaciones estarán todavía sujetas a nuevos ajustes en lo que se refiere a la logística que se debe mover para poner en marcha cada artículo. De este modo, considera que se requerirá todavía de todo un periodo de gobierno para realizar estos ajustes. En lo que se refiere a instrumentar ya la nueva Constitución, calcula que esto solo se verá en algo más de unos 7 a 10 años. “Una vez que esta Constitución esté modificada y ajustada, se podrá ponerla a funcionar, y a partir de ese momento tendremos realmente un nuevo Estado, pues de esto se trata este proyecto de Constitución, de un nuevo Estado, de un cambio y no de un maquillaje”, afirma.
por Jorge Luna
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