El narcotráfico camuflado en la administración

Bastó que en Argentina se diera algunas señales de una posible liberalización de las restricciones al consumo de drogas, para que se desatara la vorágine y se sucedieran hechos como el triple asesinato en General Rodríguez uno de los 100 barrios porteños y que involucró a tres empresarios argentinos, poco antes habían sido asesinados dos colombianos por un sicario que disparó desde una moto en Unicenter de otro barrio bonaerense.

Como en Bolivia en Argentina se da un aumento de laboratorios clandestinos para procesar la cocaína así como la presencia de grandes capos de los grupos mafiosos que operan internacionalmente. Uno de los asesinados Sebastián Forza era un empresario que había aportado a la campaña electoral de Cristina Fernández con antecedentes delictivos en la falsificación de medicamentos y narcotráfico, lo cual bastó para que medios comunicacionales como La Nación y Clarín pidieran una inmediata aclaración a las altas autoridades.

Oportuno recordar la intromisión de George Soros "el hombre que ha ganado miles de millones al especular con la tasa de cambios en Inglaterra y en el sudeste asiático". Que fuera condenado por el Tribunal Correccional de París a pagar millonaria multa por delito financiero, el mismo que desembolsó millones de dólares para apoyar al MAS con dos objetivos: legalizar el uso de la cocaína e impedir la venta de gas a Chile y por ésta vía a los Estados Unidos, dado que Soros tiene grandes intereses en productoras rusas que quieren venderle gas a California. (Revelaciones de Ciudadano X, E. Martínez) Acusación de apoyo a los productores de coca lanzada nada menos que por James Petras (ideólogo estadounidente de la izquierda radical) que culpa a Soros de alimentar "un internacionalismo cocalero" en Bolivia, Perú y Colombia con el fin encubierto de especulación y oportunismo para lo que subsidia cientos de ONG con diversos nombres, una de ellas estuvo administrada por el actual ministro Quintana, considerado brazo derecho de Evo Morales.

Volviendo a Buenos Aires: es tal la susceptibilidad que el caso ha despertado profundizada al conocerse que gran parte de los industriales farmacéuticos están entre los más fuertes aportantes a la campaña de la Presidenta y los mayormente sospechosos son los funcionarios del sector que fiscalizan empresas prestadoras de salud y laboratorios múltiples.

Se trata según La Nación de un problema ético por lo que la exigencia de claridad y transparencia es enérgica so pena de costarle la cabeza a la ministra Graciela Ocaña ya empeñada en una investigación justamente contra la industria farmacológica. O sea el narcotráfico nunca actúa sólo sino que se consigue cómplices en la administración los corrompe, soborna y deja caer los millones sobre amplios segmentos de funcionarios oficiales.

Admirable en éste sentido la actitud de Fidel Castro que con una energía sin par, apenas se iniciaba la contaminación de la administración pública con prácticas del narcotráfico optó por una medida dolorosa, el fusilamiento de los altos responsables de los contactos con la mafia colombiana de la cocaína (medida extrema que no compartimos) para cortar de raíz todo peligro de enraízarse la corrupción. En nuestro caso, las denuncias de corrupción son cada vez más frecuentes y el régimen masista en lugar de ofrecer explicaciones convincentes al pueblo, reactiva la parafernalia persecutoria contra un patriota denunciante (Negociado en los contratos camineros de reciente data por J.M. Bakovic)

En Argentina partiendo del triple crimen emerge un inquietante juego. Empresas que interactúan con el Estado y que están sometidas a sus regulaciones aportan fondos a la campaña oficial. (en Bolivia no son empresas con sindicatos que aportaron para el revocatorio) Esos fondos son recaudados por el funcionario que debería regular las actividades de esas compañías. La corrupción, en un régimen de esta naturaliza, no parece ser un accidente sino un objetivo (La Nación.21.08.2008).

Ha sido la DEA, agencia norteamericana que denunció tales delitos, y Aníbal Fernández ministro de Justicia y Seguridad recibió los detalles mucho antes de salir a la luz pública, siendo que este funcionario mostró gran entusiasmo en despenalizar la tenencia de la droga para consumo personal, que dicho sea de paso es un primer estadio de la legalización.

En Argentina como en el resto de los países latinoamericanos se siente cundir la amenaza de un aumento en el tráfico de la cocaína que utiliza métodos más agresivos y "eficientes" para llegar a las manos de millones de jóvenes que están en peligro de caer bajo las garras del consumo, originado en la mayor producción de hojas de coca por la necesidad que tiene Evo Morales de contar con el apoyo de los productores para sus planes de "cambio", léase reelección presidencial.
Mauricio Aira
Fuente: lostiempos.com
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