El gobierno populista de Bolivia ha dado una vuelta de tuerca más en sus políticas intervencionistas. Ahora controlará los movimientos de capitales y las inversiones extranjeras en el país. "Con este mecanismo el Gobierno va elegir quién va ser empresario y quién no", dicen los expertos
El Gobierno boliviano aprobó un decreto supremo que obliga a todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras a declarar el ingreso y salida física de divisas del territorio nacional, o en caso contrario serán sancionados.
La Unidad de Investigaciones Financieras formará parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y entidades financieras como órgano desconcentrado con autonomía funcional, administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir la información necesaria.
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras están obligadas a registrar ante la Aduna Nacional de Bolivia el ingreso y salida de divisas del territorio nacional mediante formulario que será provista por la mencionada entidad.
El formulario tendrá carácter de declaración jurada, excepto las entidades financieras reguladas y no reguladas cuyas operaciones de traslado de divisas al exterior o ingreso al territorio nacional se regirán a través del Banco Central de Bolivia, siguiendo los procedimientos y condiciones establecidos por esa entidad.
El traslado de divisas por cantidades menores a 50.000 dólares, o su equivalente en otras monedas, requerirá de registro en formulario del Banco Central de Bolivia, mientras que si se trata de cantidades que van de 50.000 a 500.000 dólares, o su equivalente en otras monedas, requerirá de autorización del BCB.
Cuando el montante sea mayor, la autorización será otorgada por el Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial expresa, la cual será emitida considerando, entre otros aspectos, la opinión del Banco Central de Bolivia.
Las entidades de intermediación financiera reguladas por la Superintendencia de Bancos, y las entidades financieras no reguladas deberán realizar las operaciones de ingreso y salida de divisas exclusivamente a través del BCB, siguiendo los procedimientos y condiciones establecidos por esa entidad.
Perjudica a Bolivia
Las reacciones ante la promulgación del Decreto 29681 no tienen buenos augurios. Eduardo Paz, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Cainco, manifiesta que esta situación afecta a todo el país no sólo al empresariado. También asegura que lo más duro es lo que no está en el decreto, ya que va a otorgar un permiso para dejar entrar o salir dinero en efectivo de Bolivia, pero no dice cuáles son las causas para prohibir la entrada o salida de divisas.
"Esto puede terminar en la mayor politización de la economía, gente que quiere sacar dinero y no tiene permiso o por la burocracia se le hace larguísimo. ¿El por qué? el decreto no lo dice", aseguró Paz.
Según Paz el problema es que esta norma que regula el movimiento de dinero por el ejecutivo, en cualquier momento va regular las transferencias y el grupo de empresas que mueve su dinero con transferencias es mucho mayor, es decir esto le permite la arbitrariedad al Gobierno de permitirle a ciertos inversores obtener su licencia con rapidez y a otros importadores no.
"Con este mecanismo el Gobierno va elegir quién va ser empresario y quién no. Es algo nocivo para la economía, por que va quitarle competitividad lo que va a redundar en un costo mayor especialmente al consumidor, hay el peligro que comienza a hacer un patrón por el Gobierno de monopolizar el poder", indicó el titular de Cainco.
El presidente de Economistas Waldo López explica que es una interferencia política porque es un ente que no es especializado en fiscalización de capitales y generará incertidumbre en los inversionistas, que incluso en los bolivianos que quieran hacer inversiones en el exterior o a repatriar sus capitales. "Lo que pretende el Gobierno es controlar políticamente los capitales que llegan a Bolivia o los que puedan salir, por lo tanto ahuyentará la inversión extranjera, por que habría la desconfianza que si el ministro quiere o no que salgan o ingresen divisas", afirmó López.
Según el economista dice que se corre el riesgo de que las empresas opositoras, las pueda vetar, para que no puedan ingresar o sacar dinero del país, aseguró que es una interferencia negativa económica para el país. Dejó entrever es una influencia política al igual que en Venezuela y Cuba.
Fuente: eldiarioexterior.com
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