Lanzan ley contra protestas opositoras

Es ridículamente irrisorio que un partido que subió al gobierno bloqueando al país entero durante tanto años quiera hoy imponer la ley contra contra sus adversarios que le están dando de tomar su propia medicina. Más ridículo es que esta norma se dé con tal especificidad que no afecta a los "movimientos sociales" que en este preciso momento llevan más de una semana bloqueando todos los accesos al departamento de Chuquisaca cuya capital, Sucre, es la capital de Bolivia, con el consiguiente desabastecimiento y pérdidas económicas. Oficialistas pueden protestar, para los opositores juicios, cárcel y multas.

Hay que recordar que, antes de subir al gobierno, Evo y sus secuaces seguidores bloquearon las 3 ciudades principales del país durante más de 40 días. Cosechas enteras se perdieron. También hay que traer a la memoria la innumerable cantidad de veces que cercaron el propio congreso nacional con miles de personas, exigiendo la aprobación de tal o cual ley o impidiendo el ingreso de parlamentarios opositores. Pero claro, estas con consideradas protestas patrióticas por el gobierno. Las que se le oponen, las que exigen igualdad, las que buscan el reconocimiento de sus reinvindicaciones, las convocadas por la democracia merecen el decreto mordaza.


El Gobierno de Evo Morales firmó anoche un decreto que advierte con juicios penales y cobros a las autoridades regionales o municipales que encabecen protestas que causen daños a instalaciones petroleras en el país.

elnuevodia.info
El Gobierno de Evo Morales firmó anoche un decreto que advierte con juicios penales y cobros a las autoridades regionales o municipales que encabecen protestas que causen daños a instalaciones petroleras en el país.

El decreto fue presentado por el ministro de Hacienda, Luis Arce, en Palacio de Gobierno, ante la posibilidad de que los dirigentes opositores promuevan desde hoy protestas sociales contra el Ejecutivo pero que afecten plantas petroleras. Los dirigentes opositores anunciaron que hoy iniciarán bloqueos de carreteras para exigir al Gobierno que atienda sus demandas económicas. Si bien esos dirigentes señalaron que las protestas no afectarán a instalaciones petroleras de empresas públicas y privadas, el Gobierno dispuso el viernes que el Ejército custodie esas empresas. El decreto emitido establece que autoridades o funcionarios de departamentos o municipios que instiguen a esos actos serán demandados penalmente, pero además los daños que eventualmente causen serán reparados con una parte de sus presupuestos regionales. Arce precisó que el Ministerio de Hacienda descontará de forma automática a las prefecturas o municipios los fondos que se necesiten para compensar los daños que pudieran causarse contra las instalaciones petroleras. EFE