¿Torpeza o provocación?

Las consecuencias de la fuerte represión policial a la movilización de los discapacitados en Santa Cruz han agravado las tensiones entre el Gobierno y el liderazgo de esa región. Desde todo punto de vista el conflicto era evitable.

En primer lugar, el sector de los discapacitados se ha movilizado desde hace más de un mes para exigir un bono al Gobierno, una demanda fundamentada en el compromiso electoral del oficialismo, que junto al resto de partidos políticos, ha mostrado una indolencia extrema a la problemática de los bolivianos más desprotegidos y marginados del país.

Ante esta problemática de alta sensibilidad social y en una región de exacerbada oposición política, la decisión gubernamental de emplear la fuerza policial para disolver la protesta de los discapacitados cruceños ha sido una acción torpe y desatinada que, en los hechos, terminó afectando a una institución como la Policía, cuyo mando a nivel departamental es reclamado ahora por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.

En segundo lugar, es importante recordar que los prefectos, en su calidad adicional de comandantes generales de cada departamento, son autoridades competentes para comandar acciones policiales de nivel regional, es decir, que no afecten a la seguridad nacional. En el caso que ha desencadenado el conflicto, la intervención de autoridades nacionales para ordenar la represión ha pasado por alto la autoridad departamental, aspecto que sin duda puede entenderse como un atropello a la autoridad regional.

La previsible reacción ha sido violenta y enérgica; algo que el Gobierno debió ponderar antes de apelar a la fuerza contra los discapacitados, en virtud a la sensible coyuntura regional que reviste el proceso autonómico impulsado por Santa Cruz.

Este lamentable conflicto pone en evidencia una vez más que el Gobierno aún sigue negando la fuerza social de la demanda autonómica, pese a los inexcusables resultados del referéndum revocatorio que ha respaldado al prefecto cruceño, al igual que sus colegas de los departamentos donde la autonomía es vinculante de acuerdo a la Ley y a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos.

A esto se suma el hecho de que la Policía está siendo instrumentalizada por el Gobierno en grave detrimento de la imagen y credibilidad de la institución del orden. Ya son habituales aquellos episodios en los que la Policía es utilizada para proteger ciertos movimientos sociales afines al oficialismo y para reprimir o perseguir a otros que no lo son. De pronto, y por esa utilización política, la acción policial.

Con estos antecedentes, el diálogo como mecanismo para solucionar la crisis institucional que afecta al país parece lejano y se evidencia que los resultados del último referéndum no han servido para la reflexión política. Más al contrario, nuevamente está por instalarse el mismo escenario de violencia focalizada que ha tensionado al país en los últimos años.

En este escenario, una solución consensuada que compatibilice el proyecto de Constitución Política oficialista y los Estatutos Autonómicos de la "media luna" parece estar siendo bloqueada por la negación del Gobierno a una demanda que tiene toda la legitimidad para ser incorporada en el marco institucional y ser reconocida de manera plena y concertada, por cuanto las autonomías tampoco pueden aplicarse sin un modelo que defina el nuevo Estado boliviano para el siglo XXI.
Fuente: lostiempos.com
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