Cárcel para opositores

Confinados, presos políticos, refugiados políticos, estado de sitio, militarización y ahora cárcel para los opositores. Estas son las señas que muestran cómo el gobierno va hacia la dictadura por el camino del totalitarismo. La más reciente noticia es que el gobierno masista ha empezado la detención de aquellos que considera responsables del levantamiento popular de septiembre. Ayer detuvieron, en una violenta acción de película, a un dirigente de Tarija. Y las detenciones se extienden por media Bolivia. El gobierno culpa a determinadas personas por acciones que el pueblo realizó por su cuenta. Interesante... Si pasa algo malo hay que detener a los dirigentes de la región porque seguro ellos son los culpables. Como ya pasó en Pando. Con esta lógica el propio presidente debería estar en la cárcel ya que su guardaespaldas fue detenido in fraganti en el atentado terrorista a un canal de televisión en Tarija.

Lo irónico es que quien se pronunció por estos hechos, el vicepresidente Alvaro García Linera, conoce bastante del tema: Estuvo detenido por actos terroristas como dinamitar torres eléctricas. Con la diferencia de que en su caso él fue el autor material de los hechos. No se tratará de un suerte de venganza?

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La Policía detiene a un cívico y el Ejecutivo inicia ofensiva legal

La detención del cívico de Villamontes es el principio de la ofensiva jurídica por las tomas de entidades.

El dirigente cívico de Villamontes José Vaca fue detenido violentamente ayer en la tarde por policías vestidos de civil porque, según fuentes gubernamentales, existe una querella en su contra por atentar contra el Gasoducto Yacuiba-Río Grande, en tanto el Poder Ejecutivo activó una ofensiva jurídica contra de los dirigentes cívicos de la “media luna” por las ocupaciones de las entidades estatales.

El representante cívico del Chaco, Édmar Galarza, confirmó que Vaca, obrero de la empresa Cetar, fue “capturado por agentes civiles que llegaron como a las tres y media de la tarde armados con pistolas”.

La versión fue confirmada por el periodista Juan Carlos Castillo, de radio Frontera de Yacuiba. El reportero, en contacto con la red Bolivisión, dijo que los civiles se identificaron como funcionarios del Ministerio de Gobierno y se llevaron al detenido con destino a La Paz.

Una fuente gubernamental, que pidió mantener su nombre en reserva, confirmó la detención de “un cívico” en Tarija. El Ministerio de Gobierno se pronunciará oficialmente hoy en una conferencia de prensa.

El vicepresidente Álvaro García Linera, consultado anoche en Santa Cruz sobre la detención, no negó la acción. Expresó que “las personas que cometieron delitos, que desarmaron soldados, que quemaron instituciones públicas, que dinamitaron oleoductos, que cerraron válvulas, que impideron que el cidadno (...) tuvieran gas en sus domilio (...) tienen que atenerse a sus actos. Ahora tendrán que soportar el peso de la ley”.

La autoridad explicó que la Policía puede detener y presentar después las querellas ante la Fiscalía porque se trata —dijo— de “terrorismo contra el Estado”.

García Linera afirmó que a los presuntos autores de las tomas a entidades y campos petroleros hay que “enjuiciarlos, perseguirlos y encarcelarlos”.

En la mira

La detención de José Vaca podría ser el primero de una serie de aprehensiones, pues el Gobierno abrirá procesos de investigación en contra de la dirigencia cívica de la “media luna” y al menos 50 personas vinculadas con la toma de instituciones. Líderes regionales como Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez, Alberto Melgar, y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como David Sejas y Alfredo Saucedo, activistas de la autonomía y legisladores de la oposición están en la mira del Poder Ejecutivo.

"Los daños no quedarán impunes, no se negocian porque son oficinas del pueblo" sentenció ayer la ministra de Justicia Celima Torrico quien ya tiene en su despacho al menos 50 nombres que serán revelados una vez que se presenten las demandas ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Entre los expedientes se filtró el nombre de Roberto Sandoval, un activista de la autonomía de Chuquisaca, que supuestamente encabezó la toma de las oficinas de Impuestos Nacionales y la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciónes (Entel).

El autonomista tiene abierto un proceso de investigación por una supuesta agresión a la Ministra de Justicia y al ministro de Defensa, Walker San Miguel, en la ciudad de Sucre.

El Gobierno ordenó su captura el 2 de junio y Sandóval fue trasladado hasta la ciudad de El Alto donde un juez cautelar decidió invalidar la detención porque no se cumplió con el procedimiento legal para la aprehensión de una persona y por falta de fundamento legal de su aprehensión.

En Santa Cruz, donde se tomaron más de 30 entidades estatales entre el 9 y el 12 de septiembre, fueron visibilizados como presuntos autores de las invasiones violentas líderes de la Unión Juvenil Cruceñista como David Sejas y Alfredo Saucedo.

Un funcionario del Ministerio de Justicia aseguró que entre ellos se encuentra Branko Marinkovic que presuntamente habría salido al extranjero en busca de "protección" de organismos de defensa de derechos humanos y países para los líderes cívicos ante la supuesta "persecución" del Gobierno.

El líder cívico retornó ayer a la capital cruceña y desmintió esas versiones. Dijo que se encontraba en Buenos Aires difundiendo el Estatuto Autonómico, sin embargo denunció que el Ejecutivo emprendió una persecución política en contra de los dirigentes cívicos.

Anunció que probablemente se realice una reunión de emergencia con sus similares de Beni y Tarija para evaluar las acciones gubernamentales.

Citan a Bayard

Según la agencia ANF, el presidente cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, quien encabezó las movilizaciones por la devolución del IDH, habría recibido una citación judicial.

Entre el 5 y el 14 de septiembre los autonomistas armados de petardos de cinco tiros, escudos artesanales, palos y piedras invadieron por la fuerza entidades como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, Entel e Impuestos Nacionales, aeropuertos y campos petroleros. En Santa Cruz saquearon Entel y destruyeron las instalaciones de Televisión Boliviana.

En Tarija el gasoducto que va hacia Brasil sufrió un incendió que afectó la cantidad de envió de gas hacia ese vecino país.

La ministra Celima Torrico expresó que el Gobierno no descansará "hasta que se haga justicia” por los atentados contra los bienes del Estado".

El Vicepresidente ratificó anoche que al margen de los procesos judiciales se procederá al descuento a las prefecturas por los daños a las entidades.

El Gobierno tampoco dejó pendiente el ataque de la UJC, legisladores de Podemos y discapacitados que el 29 de agosto intentaron tomar el Comando Departamental de la Policía y agredieron al ex comandante Wilge Obleas y al comandante Miguel Gemio. El lunes fueron detenidos Raúl Vargas y otros autonomistas acusados de la gresca. Gemio dijo que todavía restan por arrestar a 20 sospechosos.
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