Al menos 9 periodistas están entre los refugiados en Brasil

Dos legisladores aseguran que no permitirán que los bolivianos en Brasil sean deportados.

Cobija / La Prensa.- Al menos nueve periodistas que trabajaban en Cobija se refugiaron en Brasil porque, según contaron, temen por su seguridad. Entretanto, el número de refugiados al otro lado de la frontera asoma las mil personas, según dos legisladores brasileños que visitaron a los bolivianos, de quienes, aseveraron, no permitirán su deportación.

El viernes 12 de septiembre, el Gobierno decretó estado de sitio en este departamento para pacificarlo de la violencia que se desató un día antes en la localidad de Porvenir, donde murieron 18 personas (según el informe de Derechos Humanos) y decenas resultaron heridas.

A partir de ese día, pobladores de Porvenir y ciudadanos cobijeños huyeron, algunos solos y otros con sus familias, hacia Brasilea y Epitazolandia, regiones colindantes con Bolivia.

El ex director de la Unidad de Comunicación de la Prefectura de Pando Hugo Mopi informó ayer que la mayoría de los que se acogieron en Brasil (no precisó cuántos) eran funcionarios de esa entidad departamental.

El periodista del canal local pandino Unitel Jairo Ballejos (23), quien se declaró perseguido político, aseguró a La Prensa: “Estamos refugiados entre ocho a 10 periodistas de Unitel, PAT, Cadena A, Canal Educativo y otros”.

Precisó que además de él se encuentran en el país vecino sus compañeros René G. y Luis B. Desde ayer las oficinas de Unitel dejaron de funcionar en la capital pandina y la transmisión para ese departamento es sólo desde La Paz y Santa Cruz.

Los otros comunicadores que se resguardan en poblaciones de la vecina nación son Juan Carlos T., Donald D. y su hermano Dilermando D. (de la Cadena A); Ernesto Flores (del Canal Educativo); René S. Ch. (corresponsal de Panamericana), y el director de la Unidad de Comunicación de la Prefectura de Pando, Hugo Mopi, quien también es periodista.

Ballejos contó que está refugiado hace poco más de dos semanas en Brasilea con su esposa y su bebé que nació hace días en el vecino país.

—¿Por qué huiste de Cobija?

—Llamaron a mi celular con amenazas, me dijeron que salga, porque estoy en la lista del Gobierno. Sé que han puesto precio para que me detengan.

Sostuvo que la persecución es porque en su cobertura periodística le tocó grabar imágenes de los hechos violentos en Porvenir el 11 de septiembre, y el 12 filmó cómo hirieron al pastor en el Aeropuerto Aníbal Arab.

“Ahora tengo que resguardarme por mi familia, por eso no puedo irme (a Cobija), no tengo temor porque no he hecho nada malo, sólo informar la verdad, sólo hice mi trabajo. Nos han acallado, no sé si es un estado de sitio o es un golpe al departamento de Pando, porque debiera existir libertad de expresión, esto es una cacería de brujas de periodistas”.

Hugo Mopi, periodista que trabajaba para la Prefectura de Pando, está refugiado en Brasil desde el lunes. Ese día se enteró de que se encontraba en una lista de 17 supuestos autores intelectuales de la “masacre de Porvenir” difundida por el Gobierno.

Más refugiados

El diputado de Brasil Zico Bronzeado, del Partido de los Trabajadores(PT) y representante de la región del Acre, estimó que el número de refugiados bolivianos en su país subió ayer a más de mil.

“Legalmente hay 600, pero he encontrado a más personas en casas de amigos, inclusive yo he ofrecido mi casa a ex autoridades bolivianas, amigos míos que están huyendo por la frontera”. Dijo que por hospitalidad todas las instituciones del Gobierno brasileño dan la asistencia alimentaria y de vivienda, además de seguridad con el Ejército y la Policía Federal. Agregó que no se dará curso al pedido de las autoridades bolivianas de deportar a los refugiados.

Su colega senador Tiao Vianna comparte la misma idea. “Nosotros queremos una solución pacífica para Bolivia y que haya diálogo para resolver los conflictos, que el Gobierno solucione los problemas”.

Policía inicia proceso a Sosa

La Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía inició un proceso y una investigación a la subteniente Mirta Sosa, ex subcomandante de Porvenir (Pando), por “negligencia en el ejercicio de sus funciones mientras estaba en su destino anterior”.

Esa oficial fue trasladada a la sede del Gobierno el 16 de septiembre, acusada de haber filtrado información a la Prefectura de Pando para que los campesinos fueran emboscados el 11 de septiembre. La Policía dijo en su momento que estaba internada en la clínica policial y que fue traída a La Paz porque fue cambiada de destino.

El comandante de la Policía Nacional, general Miguel Gemio, no precisó si estas indagaciones fueron iniciadas porque se había corroborado que la oficial filtró datos. “No puedo decirle absolutamente nada porque yo irrumpiría en el proceso de investigación, pues tiene que ser transparente y objetivo, no puedo entrar en subjetividades”.

La autoridad policial tampoco se refirió a si su colega fue golpeada durante el arresto, tal como denunciaron su familia y parlamentarios.

Sosa es esposa del funcionario prefectural Wilson Zelaya. Según la versión de algunos testigos, la subteniente se encontraba en Porvenir y mientras conversaba con los indígenas levantó las manos, lo que fue interpretado como una señal para que los funcionarios prefecturales ataquen, pues en ese momento comenzó la balacera.

Confinados, incomunicados

Las 15 personas confinadas en el cuartel Bolívar de la ciudad de Viacha, en el departamento de La Paz, permanecen incomunicadas. En aquella unidad militar informaron ayer que esos ciudadanos no pueden recibir visitas sino es con previa autorización.

El senador pandino Róger Pinto (Podemos) denunció que los cobijeños que se encuentran en esa ciudad sufren maltrato y no pueden entrevistarse con sus parientes, ni abogados.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, negó que los confinados sufran maltrato o tengan signos de violencia. Precisó que el fin de semana se entrevistó con ellos y verificó que están en buena condición de salud, por lo que calificó de “exceso” las afirmaciones de Pinto.

Preocupado por la situación de esas personas, el presidente del Senado, Óscar Ortiz, envió ayer una carta el presidente Evo Morales, en la que solicita autorización para visitar a los arrestados, a fin de evaluar su situación y el respeto de sus derechos humanos y ciudadanos.

Las diputadas Elizabeth Reyes (UN), Elba de Zenteno (Podemos), Tomasa Yarhui (Podemos) y Betty Acebey (MNR) también enviaron una misiva al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para pedirle que puedan vistar a las mujeres que también están calidad de confinadas.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que pedirá al Gobierno que se les dé un trato más flexible y humano a esas personas.
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