"El gobierno no aumplio el acuerdo para el diálogo"

El prefecto Mario Cossío, portavoz del CONALDE, detalla punto por punto, lo que no fue cumplido por el gobierno para el diálogo que finalizó sin resultados el pasado domingo 5 de octubre.

"El ministro afirma a nombre del gobierno que el gobierno no ha incumplido ningún acuerdo suscrito con los prefectos. Yo quiero rechazar abiertamente la falta de seriedad y de responsabilidad con la que se afirma algo que no es cierto.

Quiero puntualizar todos los contenidos del acuerdo que no han sido respetados por el gobierno nacional. Este es el documento "Bases para Instalar el Diálogo y Construir un Gran Acuerdo Nacional" suscrito el 16 de setiembre, que dio inicio al proceso de diálogo y que estableció las condiciones para llevar adelante el mismo.

Dice: Bases para el diálogo nacional, inciso a) El proceso de diálogo abordará la siguiente agenda: IDH y regalías (estamos discutiendo), Autonomías Departamentales (estamos discutiendo), Nueva Constitución Política del Estado, habíamos acordado debatir la nueva constitución política del Estado y el país entero escucha cada minuto declaraciones virulentas en las cuales se señala que no se tocará una sola coma del texto aprobado en Oruro, este es un primer incumplimiento, se está privando de discutir un tema que habíamos acordado discutir y que era parte de la agenda.

Siguiente, Pacto Institucional, ahí había que discutir las designaciones congresales de cargos vacantes conforme a la constitución política del Estado y también discutir como transparentar el padrón electoral, programa de carnetización y registro civil. Hoy el gobierno nos dice que no quiere transparentar el padrón electoral, no quiere transparentar el programa de carnetización, y tampoco el registro civil, y quiere de todas maneras llevar a elecciones y eventualmente a un refréndum con el mismo padrón que está seriamente cuestionado. Han habido muertos que votaron, nosotros queremos que en la próxima votación no voten los muertos, voten los bolivianos; queremos que en la próxima votación que haya, cual fuera esta, toda la ciudadanía esté segura que está concurriendo a un acto electoral transparente y eso pasa por transparentar el padrón, la carnetización y el registro civil, a lo que hoy las autoridades gubernamentales expresan su negativa, pese al acuerdo. Entonces hasta aquí tenemos dos acuerdos que no están siendo respetados.

El punto 2 de nuestro acuerdo dice: Reestablecimiento de la paz social en el marco del estado de derecho y en el inciso A establecía la obligatoriedad del levantamiento de los bloqueos en todo el país. Quiero recordar que todos los bloqueos llevados adelante por las regiones que estuvieron movilizadas por el IDH y la Autonomía fueron levantados de manera inmediata, las instituciones que habían sido ocupadas por personas ajenas fueron normalizadas en su funcionamiento. El único bloqueo que se mantuvo, que se expandió y creció fue el bloqueo a Santa Cruz, el impulsado por el gobierno; movilizó 20.000 hermanos campesinos para cercar Santa Cruz y bloquear todo este departamento durante muchos días. Este es un nuevo incumplimiento.

Habíamos acordado, en el inciso B del punto 2, pacificar el país y frenar la violencia, sin embargo fueron las armas en el cerco a Santa Cruz las que se pusieron en evidencia, fue la agresión al Fiscal de Distrito de Santa Cruz que junto a otros fiscales fueron a pedir que declinen esta acción criminal, los que recibieron una respuesta violenta de parte de los movimientos y los dirigentes que representan al gobierno nacional.

En el inciso C de nuestro acuerdo, en el punto 2 establece que el gobierno se compromete a suspender la campaña mediática gubernamental que impusa su proyecto de constitución política del estado. Ese compromiso fue incumplido, todos los días, en todos los medios de comunicación miramos la difusión del texto constitucional que impulsa el gobierno, que es el texto de Oruro.

El gobierno se comprometió también, en el inciso B, a garantizar el derecho al debido proceso de todas las autoridades, ciudadanos y dirigentes. Ese derecho ha sido violado en el caso del prefecto Leopoldo Fernández primero, a quien no se respetó las garantías constitucionales que tenía como prefecto, se lo apresó primero bajo el esquema de confinado, posteriormente se lo llevó en avión a a hacer notificar por un fiscal, se lo mantuvo posteriormente como un preso a partir de una denuncia y un proceso penal ordinario desconociendo su condición de prefecto y la necesidad de que para que se lo juzgue debiera estar autorizado por el congreso de la república. Consecuentemente al prefecto Fernández no se le han respetado sus derechos y garantías constitucionales. De la misma manera que no se le han respetado, al ciudadano José Vaca, en Villamontes y a los otros detenidos de Villamontes en la acción y en el operativo que se ha llevado adelante el día de ayer.

Queda muy claro entoces el incumplimiento.

También se ha incumplido de manera el inciso E de este acuerdo, que decía: El gobierno se compromete a no impulsar acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes sociales y autoridades de los departamentos movilizados que hayan actuado por las reinvindicaciones departamentales y sociales que precedieron a este acuerdo. Esta parte también ha sido violada. Son los mismos actores, dirigentes cívicos y sociales que ha estado en las movilizaciones y en la protesta social los que hoy están siendo perseguidos y apresados de manera ilegal e inconstitucional. Se comprometió también en este mismo documento, en el inciso E, que el gobierno iba a paralizar toda campaña mediática de desprestigio en contra de las autoridades y actores cívicos y sociales. Todo el país ve a cada minuto la campaña de desprestigio en contra de todos los prefectos y los dirigentes sociales que significa una condena pública si es que antes no han sido debidamente procesados.

Entonces, el acuerdo, quiero decirle al gobierno y al país, ha sido incumplido en todas sus partes. Pese a ello, nosotros hemos sosteniendo nuestra voluntad de continuar con el diálogo que el país ha estado esperando con mucha esperanza rumbo a un acuerdo nacional que es lo que todos los bolivianos queríamos.

También se señala que el gobierno respeta las garantías constitucionales y las normas legales: No ha respetado en el caso de la detención del prefecto Leopoldo Fernández, sobrepasando el fuero que le otorga a un prefecto el artículo 118 de la constitución política del Estado. No ha respetado en el apresamiento y el secuestro del ciudadano José Vaca en Villamontes. En ninguna parte de la constitución política del Estado y las leyes dice que un ciudadano debe ser secuestrado por encapuchados, esto no dice ningún procedimiento penal, consecuentemente no se han respetado estos derechos y estas garantías constitucionales. Lo mismo ha ocurrido el día de ayer, que pese a la tensión y al riesgo en que se puso el diálogo a partir de esta acción del ciudadano José Vaca y de nuestra postura como prefectos, ayer en una actitud más bien provocativa, nuevamente, con la misma modalidad de encapuchados, tomaron presas a dos personas más. Tampoco se han respetado esas garantías en el caso de dirigentes del departamento de Pando."