Bolivia acude a las urnas en medio de confusión de normas

Unos cuatro millones de bolivianos están habilitados para ratificar o revocar este domingo al presidente, Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos de Bolivia, en el referéndum nacional que está atrapado por la resistencia regional y una confusión de normas.

Una ley aprobada por el congreso de Bolivia establecía el uso de porcentajes y cifras diferenciadas para la revocatoria de mandato popular, pero la Corte Nacional Electoral modificó la semana pasada el sistema del cómputo y da prioridad a los porcentajes.

En 2005 había 3.713.705 electores y para el referéndum del 10 de agosto están habilitados 4.090.711 votantes, 377.006 más que en el anterior.

El prefecto (gobernador) de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, tenaz opositor del gobierno de Evo Morales, planteó -de modo insistente- reconstruir "la racionalidad jurídica" en Bolivia.

Además fustigó al jefe de la agrupación opositora Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, a quien acusó de "mezquindad y cálculo político con este proceso democrático" porque sus senadores aprobaron una polémica ley.

La ley de convocatoria al inédito referéndum establecía que el presidente, Evo Morales, sea revocado en caso de que el "no" supere en un voto la cifra de 1.544.374 que logró el 18 de diciembre de 2005, y que equivale a 53,74 por ciento.

"Con el actual padrón electoral, para obtener el mismo porcentaje (53,74 por ciento) se requiere 2.198.348 votos", advirtió el prefecto de La Paz, José Luis Paredes.

El prefecto de La Paz, el departamento más poblado de Bolivia, con la ley 3850 requería de 62,7 por ciento de los votos para renovar su mandato. Pero con la nueva resolución del órgano electoral será revocado con un 50 por ciento más un voto.

Sin embargo, la Corte Nacional Electoral optó por mantener en un 53,7 por ciento el porcentaje para revocar a Evo Morales y a su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Pero el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, aclaró que "esto no es una modificación de la ley del referendo, que estamos cumpliendo, sino que es un criterio técnico de aplicación que está adoptando la Corte mediante una resolución de sala plena".

"En caso que el voto por el 'no' sea superior a 50 por ciento, será revocada la autoridad. Ahora pondremos en práctica criterios y parámetros universales a los resultados", agregó.

La resolución fue respaldada por siete de las nueve cortes electorales departamentales. Pero el ex vicepresidente boliviano, el indígena aymara Víctor Hugo Cárdenas, insistió en señalar que se cometieron "graves errores constitucionales y absurdos legales" en la convocatoria del referéndum revocatorio del domingo 10.

"Este es un concurso de insensatez que sólo busca dividir y enfrentar a los bolivianos", agregó, sin embargo, varias instituciones internacionales ante la ola de protestas en varios departamentos expresaron preocupación por el grado de intolerancia que aumentó días previos al referéndum nacional de revocatoria de mandato popular.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió el viernes -en Nueva York- que "todos los actores políticos y sociales" de Bolivia aseguren el desarrollo pacífico del referéndum.

Ban Ki-moon dijo que su petición busca "reforzar la democracia y los derechos humanos" en el país, mientras ratifica el compromiso de las Naciones Unidas de trabajar con el gobierno y la sociedad boliviana de manera conjunta con el objetivo "de generar un ambiente de tolerancia, respeto y diálogo en Bolivia".

También la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una Misión Observadora del Referéndum de Bolivia, presidida por el guatemalteco Eduardo Stein, con unos 100 observadores y personal experto, que ya se encuentran desplegados en todo el territorio boliviano.

El segundo informe de la Misión de la OEA en Bolivia señala hoy que "la ciudadanía necesita acercarse a las urnas con la clara seguridad de cómo se contará su voto y cómo se definirán los resultados", y que por ello la misión "ha insistido con anterioridad en la necesidad de que los sectores alcancen un entendimiento sobre la interpretación de los resultados electorales".

Agrega que, en este contexto, recibieron "con satisfacción las múltiples manifestaciones públicas de distintos actores políticos, en el sentido de respaldar los criterios de aplicación técnica que aplique la Corte Nacional Electoral (CNE), así como la declaración de los resultados oficiales".

Pero el presidente de Bolivia, ante la oposición de grupos que impidieron su visita a Tarija, Sucre, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad entre martes y miércoles, eligió su bastión de El Alto para proclamar el pasado jueves el triunfo del "sí" en el referéndum revocatorio del domingo.

"Los prefectos hacen dictadura civil tomando los aeropuertos, esas logias intentan frenar este proceso de cambio. Al pueblo sólo le salvará el pueblo", dijo.

Morales también censuró a los prefectos opositores que están en huelga de hambre por recuperar todos los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), utilizado por el gobierno para el pago de una pensión a mayores de 60 años.

"No están en huelga de hambre por el IDH, están contra el referéndum, contra el pueblo y la democracia. Pero el domingo serán derrotados los prefectos neoliberales".

Triunfalista, Morales dijo que a las encuestas que señalan 59 por ciento por el "sí" hay que sumar un 15 o un 20 por ciento más.

Pero Evo Morales libra en estos días una de sus batallas más difíciles y duras desde que llegó a la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2006, tras conseguir el 53,7 por ciento de los votos en las urnas, según diferentes analistas.

La muerte de dos mineros y al menos 40 heridos tras un enfrentamiento el pasado martes en Caihuasi, un poblado metido en el altiplano de Oruro, punto clave para cortar el tráfico de vehículos en la principal carretera de Bolivia, es otro episodio ingrato para el mandatario.

Tan alta es la popularidad de Evo Morales (de un 55 a un 62 por ciento, según varias encuestas) que sigue firme en Bolivia, pese a que en los 30 meses de su gobierno se registraron 43 muertos por diferentes motivos.

"Más allá de las críticas y los esfuerzos jurídicos y no jurídicos por frenar la consulta del 10 de agosto, los beneficios del proceso son sin duda menores a la visible agudización de las posiciones y por ende de los conflictos sociales", resumió el semanario "Pulso" sobre la actual confusión de normas y resistencia inédita en las regiones (cinco de nueve departamentos) al gobierno de Evo Morales.

Fuente: cre.com.ec
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