Sobre todo los observadores de organismos internacionales y de ciertos gobiernos extranjeros rivalizaron por quien glorificaba más a la consulta popular del domingo último. Exaltaron su "transparencia" sin mácula, así como su indiscutible "legalidad" Naturalmente que ninguno de ellos se tomó la molestia de leer la Carta Magna en actual vigencia, omisión que explica sus valoraciones adversas a la verdad. Si se hubieran tomado la molestia de hacerlo, reverberaba enseguida en sus pupilas dos graves irregularidades: a) constitucionalmente hablando, en Bolivia, el referendo es para otras cosas y no para revocar o confirmar a las personas en cargos de elección popular y b) se violaba el principio de igualdad ante la ley con parámetros porcentuales que favorecían al Presidente de la República y su Vice, colocando en situación de desventaja a los prefectos.
Los foráneos destacados al país no siguieron la pista que respecto a lo que parece ser un gran fraude electoral representaban irregularidades observadas en el transcurso de la votación y en el Padrón Nacional Electoral, el cual en solo dos años, misteriosamente, registró un aumento de más de 260 mil ciudadanos.
Por cierto que también en Bolivia no pocos imitaron a los foráneos al calificar a la consulta de gran fiesta democrática. Sería injusto dejar de reconocer el ambiente de paz y tolerancia, apenas alterado por algunos desórdenes, que prevaleció durante la consulta. Una característica ésta, por cierto, propia de todas las elecciones realizadas en Bolivia desde la restauración de la democracia en 1982. Naturalmente que aquellas no escaparon a ciertas irregularidades en el tramo que media entre la inscripción ciudadana en el Patrón Electoral, la emisión del sufragio y el conteo del voto. Pero ellas, por pequeñas y aisladas, sólo representaron máculas irrelevantes en la transparencia del proceso.
Ahora nos deja totalmente satisfechos sólo la circunstancia de que la votación del domingo transcurriera en orden, paz y normalidad, igual que antes. Esta certeza desarrolla en mucha gente un ostensible optimismo respecto al curso de las cosas en el futuro inmediato del país. Se abriga la esperanza de que los protagonistas de la confrontación pasen al diálogo y pongan fin a la crisis mediante el consenso. Algunos dan ya por hecho que esto ocurrirá a muy breve plazo.
Sin embargo, ni gobierno ni líderes de la denominada "Media Luna" dan señales inequívocas en tal sentido. Lo único que se les escucha son frases que no resultan indicativas de rumbo seguro a la negociación. Esta, en primer lugar, debe ajustarse a una agenda que consigne todos los temas que hicieron de vientre gestor de la actual polarización político-regional. No se puede excluir de la lista a la Carta Magna de la Glorieta, los estatutos autonómicos departamentales y lo del IDH. El gobierno no quiere flexibilizar sus posiciones sobre estos tres temas. Las regiones tampoco. Los intentos gubernamentales de diálogo son meros despliegues teatrales que apuntan a fines mediáticos, como el avión que enviara a Santa Cruz a recoger a prefectos "medialuneros" que más se sintieron ofendidos que halagados por semejante forma de hacer que vayan a La Paz a reunirse con Evo en el Palacio de Gobierno.
Por: Mario Rueda Peña
Fuente: lostiempos.com
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