Conalde. Los prefectos exigen una auditoría técnica al padrón electoral, al proceso del revocatorio y declaran personas no gratas a los ministros de Estado por negarse a devolver los recursos del IDH
Fracasó el diálogo entre los prefectos de la ‘media luna’, además de Chuquisaca, con el Gobierno y el Consejo Nacional Democrático (Conalde) suspendió la huelga de hambre, convocó un paro cívico en los departamentos autonómicos para el próximo 19 de agosto y anuncia medidas más radicales para exigir la devolución de los recursos que reciben las regiones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los cívicos John Cava, de Chuquisaca; y Óscar Zurita, de Cochabamba, llamarán a asambleas para explicar a sus instituciones la resolución del Conalde.
La decisión llegó después de que los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Tarija, Mario Cossío, y el representante cruceño José Luis Parada dieran un informe al pleno del Conalde sobre la reunión que sostuvieron el martes con autoridades gubernamentales en La Paz para conseguir la devolución de los recursos del IDH.
El líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, momentos en que los huelguistas de la plaza 24 de Septiembre levantaban el ayuno voluntario, explicó que exigen una auditoría técnica al programa de ‘carnetización’, al padrón de la Corte Nacional Electoral y al proceso del revocatorio, además del rechazo a la propuesta gubernamental de ir nuevamente a un referéndum sobre autonomía.
Advierten que si no atienden esas demandas, no permitirán la realización de ningún proceso electoral a nivel nacional, que no esté bajo la conducción de las cortes electorales de las regiones y que la presencia de las autoridades nacionales en las regiones que se movilizan por el IDH no es considerada grata ni bienvenida.
Tras la lectura que Marinkovic hizo de la resolución, se suspendió la huelga de hambre de más de 1.500 personas, entre cruceños, pandinos, tarijeños y benianos. Esa medida de presión se inició el pasado 3 de agosto y estuvo liderada por los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández y de Tarija, Mario Cossío.
“El Presidente minimizó la importancia de esa reunión”, dijo Suárez y explicó que después del paro cívico de 24 horas, en cada una de las regiones que integran el Conalde se planificarán las estrategias para ejecutar las medidas de presión en busca de recuperar el dinero de los hidrocarburos.
Suárez cuestionó la negativa del Presidente para escuchar las propuestas que hicieron las regiones sobre otras fuentes de financiamiento para la renta Dignidad, con el objetivo de quitar el poder a las prefecturas y frenar el desarrollo departamental.
Antes de que el Conalde apruebe su resolución, las autoridades regionales, en La Paz, reanudaron el diálogo con Morales desde las 6:20, cuyo encuentro finalizó a las 9:00. Tras ese hecho, los prefectos Suárez, Cossío y Fernández de inmediato retornaron a la capital cruceña para informar al Conalde, mientras que la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, retornó a su región.
La tarea encomendada a los representantes de la ‘media luna’ no tuvo la respuesta positiva, porque las autoridades del Poder Ejecutivo ratificaron la propuesta de hacer un pacto constitucional y autonómico para compatibilizar el nuevo texto constitucional con la autonomía departamental; e iniciar el análisis y revisión de la distribución de los recursos del IDH a través de un pacto fiscal, donde también participen los gobiernos municipales, con la finalidad de garantizar el pago de la renta para las personas mayores de 60 años.
Califican de política la posición del Conalde
El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, calificó de una acción política la determinación que aprobó ayer el Conalde en la que decidió un paro cívico de 24 horas y declarar como personas no gratas a las autoridades nacionales por no reponer los recursos que reciben las prefecturas por el IDH.
Esas declaraciones fueron hechas por Arce en suelo cruceño justo cuando el Conalde daba a conocer las determinaciones de la reunión que sostuvieron entre los cívicos y prefectos de Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Además, el ministro de Hacienda aseguró que del 16% de los ingresos que reciben las prefecturas, sólo el 5,2% es destinado para la renta Dignidad, cuyo porcentaje obstaculiza llegar a un acuerdo nacional entre el Gobierno central y las regiones, y que ese porcentaje impide avanzar en el diálogo entre las autoridades departamentales con el Gobierno central.
Sin embargo, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, calificó como chantaje de parte del poder central a los departamentos, con la finalidad de buscar la aprobación del nuevo texto constitucional y del régimen autonómico. "No aceptamos lo que quieren y no nos dan el IDH, si aceptamos todo lo que proponen el Gobierno nos da el IDH", dijo Fernández.
Resolución
1.- Aplicar los estatutos autonómicos aprobados, respaldar a Chuquisaca en su iniciativa de llevar a cabo su referéndum por la autonomía y continuar con el avance de este proceso en todo el país.
2.- Ratificar la voluntad para alcanzar un gran acuerdo nacional para vivir en democracia, con respecto al Estado de derecho.
3.- Exigir una auditoría técnica al programa de ‘carnetización’, al padrón nacional electoral y al proceso del revocatorio. Determinar que no se realice ningún acto electoral a nivel nacional hasta que esto se cumpla y sea conducido por las cortes electorales departamentales.
4.- Exigir que la designación presidencial de los prefectos revocados sea presidida por una elección de voto universal y por simple mayoría.
5.- Declarar un paro cívico para el 19 de agosto para profundizar la lucha por las regalías y el IDH.
6.- Reconocer el sacrificio de los bolivianos que están en huelga por el IDH, en defensa de los intereses nacionales y el desarrollo departamental.
7.- Mientras persista la confiscación del IDH, la presencia de autoridades nacionales en nuestras regiones será considerada no grata.
Fuente: eldeber.com.bo
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